A 23 años, los muertos siguen siendo un misterio

A pocos días de la navidad, cuando los almacenes deslumbraban por la mercancía recién llegada para aprovechar una de las mejores épocas del año, también había un sabor agridulce en la boca de los panameños que vivían sometidos a una de las peores dictaduras de la historia. Las desapariciones forzadas, censura, clausura de medios de comunicación, un bloqueo económico que obligó a los comercios a regresar al trueque, y las constantes manifestaciones civilistas en las calles eran parte de las vivencias de los panameños.

Era un 20 de diciembre, arrancaba la primera hora de las veinticuatro, cuando el sonar de los aviones, helicópteros y misiles despertaron a mas de uno, y a otros los agarró de sorpresa en donde quiera que estuviesen. Los norteamericanos invadían Panamá bajo una causa justa, la operación “Just cause”, el objetivo, derrocar al hombre que por muchos años Estados Unidos había mantenido bajo control, pero que su conducta rebelde se había salido de las manos.

Por muchos años Estados Unidos hizo caso omiso de las actividades criminales que efectuaba el entonces ex hombre fuerte de Panamá. Un mensaje que brindaba a Noriega la libertad para continuar con las mismas políticas, y poner en riesgo la democracia del país. Cuando los norteamericanos quisieron jalar la rienda era demasiado tarde, el hombre fuerte se había convertido en una clara amenaza, se comportaba como una bestia que desafiaba el sistema sin temor a las consecuencias.

La mas amarga de ellas ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 1989. Misiles atravesaban la ciudad hasta impactar en el barrio del Chorrillo donde se ubicaba uno de los cuarteles militares mas importantes.

La invasión que pretendía “liberar” a Panamá de la dictadura militar acabó con la vida de un número indeterminado de panameños, nadie los ha contado.

Versiones recabadas por la doctora Gilma Gloria Camargo, abogada de las víctimas del chorrillo, hablan de los testimonios de algunos soldados norteamericanos que afirman que la cuenta de los muertos culminó cuando las bolsas se terminaron, para entonces llevaban mil cuerpos, el resto quedó sin contar.

No se sabe cual es la cifra certera sobre la cantidad de muertos producto de la invasión. Veintitrés años después de este amargo episodio ningún gobierno ha logrado documentar, censar o evidenciar la cantidad de personas que murieron o desaparecieron en este hecho. Después de la invasión, El Chorrillo quedó desarticulado, disperso, parte de su población murió, otros migraron a otros lados del país, y algunos mas aún permanecen en el barrio del que quedan pocos rastros físicos de su destrucción, aunque si muchos recuerdos de las llamas, el sonido de las bombas y los gritos de auxilio. Se ha echado una manta del olvido dice Camargo quien calcula que la cifra de muertes sobrepasó las 2 mil personas. Dentro de los edificios quedaron cuerpos calcinados sin identificar que fueron tirados en el mar, dice Camargo. Muchos panameños no quieren documentar sus familiares desaparecidos agregó. Es un pueblo cansado, con otras dificultades que distraen la historia de sus muertos.

Eran víctimas civiles que murieron a causa de la artillería norteamericana, operación en la que el ejercito puso a prueba en Panamá el uso de nuevos armamentos.

La doctora Gilma Gloria Camargo representa 72 familias que interpusieron ante la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por violación de la soberanía, que la población civil sufrió daños y perjuicios a causa de la invasión militar estadounidense y que habían incurrido en daños psicológicos, físicos, asesinatos y desapariciones. Al no contar con un gobierno al mando, pues la anarquía se produjo posterior a la invasión, se pidió que se investigaran todas las violaciones y se hiciera una declaración pública sobre la violación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos. La demanda tiene una connotación histórica importante para el país y Latinoamérica, sería un caso de referencia.

Estados Unidos, por su parte, argumento que la comisión no tenia jurisdicción para ver ese tipo de casos y que se hacían peticiones por demasiadas personas.

En 1993 la Comisión admitió el caso y sostuvo audiencias en las que se presentaron fotos, reportes médicos, testimonios, e información de expertos que revelaban daños postraumáticos en conflictos armados. La compensación solicitada abarca varios frentes; uno monetario y otro investigativo que pretendía detectar los cuerpos o fosas comunes que aún permanecen en la clandestinidad.

Desde esa fecha, la comisión aún no se ha pronunciado sobre la demanda, “simplemente la ignora”, dice Camargo, sin perder la esperanza de que esto ocurra pronto.

Con el principal protagonista de los hechos en prisión, Manuel Antonio Noriega, su arribo a Panamá no ha calmado mucho el curso de la historia. Los familiares de las víctimas de desaparecidos tienen sed de justicia sobre los hechos ocurridos durante la época en que daba órdenes a su tropa desde los cuarteles. No ha abierto la boca, según Camargo “porque nadie lo esta presionando a hacerlo”. Queremos saber la verdad sobre los desparecidos agregó la abogada.

Recluido en una celda en el centro penitenciario “El Renacer” el ex hombre fuerte ha preferido el silencio. Abatido por diferentes afecciones de salud que lo mantienen de entrada por salida en un hospital local, el casi octogenario pareciera cargar sobre sus hombros el peso de todos estos años, a pesar que los reclamos de los familiares de las víctimas solo los escucha por la radio o la televisión.

Noriega regresó a Panamá después de permanecer un tercio de su vida en prisión. En 1992 fue condenado en la ciudad de Tampa, Florida, a 40 años de prisión bajo la acusación de narcotráfico, se le vinculaba con el cartel de Medellín. La pena se rebajó a 30 años y después a 20 por presentar buena conducta. Posteriormente fue declarado culpable por la justicia francesa, se le confinó a 7 años de cárcel por blanqueo de capitales dinero producto del narcotráfico. Un juez galeno le concedió la libertad condicional en septiembre de 2011 y fue extraditado a Panamá en el mes de diciembre de ese mismo año, pagando solo un año y medio en la cárcel Le Santé en París. Al ex hombre fuerte le esperan tres procesos judiciales en Panamá por delito de homicidio.