La zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen se posiciona como un punto clave para la entrada y salida de productos hacia y desde mercados internacionales, consolidando a Panamá como un hub logístico global. En 2024, la terminal movió 196,712 toneladas métricas, tanto de entradas como de salidas. Conecta con 25 destinos de vuelos cargueros y más de 78 destinos adicionales mediante vuelos de flete en bodega (Belly Freight), según datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
No obstante, el radio de las organizaciones criminales también se aprovecha de la conectividad en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde las autoridades tienen en la mira entre 20 y 25 grupos criminales con rutas activas hacia Norteamérica y Europa. Los datos citados fueron revelados a melodijoadelita.com por Joseph Díaz, fiscal de circuito de la Fiscalía Especializada Contra las Drogas.
Las alertas provienen de empresas de mensajería y carga, con quienes mantienen una colaboración estrecha.
Díaz detalló a melodijoadelita.com que hasta noviembre de 2024, su equipo registró 35 intentos frustrados de envío en la zona de carga del aeropuerto, sumando aproximadamente 100 kilos de droga incautada. Las alertas provienen de empresas de mensajería y carga, con quienes mantienen una colaboración estrecha. Pero, como fiscal es consciente de que estos casos representan sólo una fracción: Todos los días puede salir de Panamá un contenedor o una mercancía con droga hacia cualquier destino, reconoce en nuestra conversación.
A solo 15 minutos de la ciudad, la principal vía de la zona de carga alberga a 33 aerolíneas que operan en diversas áreas: carga y pasajeros, otras se especializan en paquetería, y otras en grandes volúmenes de carga. Sin embargo, todas pueden ser vulnerables a la infiltración de organizaciones criminales, dependiendo de la seguridad de los protocolos de cada empresa.
Según el subcomisionado Héctor De Sedas, director de Operaciones del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la mayoría de las organizaciones están vinculadas al Clan del Golfo de Colombia, operan mediante redes en Panamá y se comunican a través del “chat de los chinos” para evitar filtraciones de información.
El método para enviar droga al destino es similar al que se emplea en las terminales portuarias. Suelen crear empresas fachada dedicadas a la exportación e importación de productos. “Estas organizaciones operan bajo la ley de las probabilidades, entre más carga transporta el avión tienen menos probabilidad de que sea verificada la totalidad de la carga”, exclama el subcomisionado De Sedas. Lo sabe por información recibida de sus homólogos en países de destino, derivado de las operaciones internacionales en las que Panamá participa. Las incautaciones permiten seguir la pista a un individuo, como si fuera el hilo conductor que conecta con la red y cuando la autoridad acumula las pruebas, intenta desconfigurar la estructura. “Lo dejamos operar, no lo capturamos, aunque sepamos que en ese avión hay una carga”, explica el uniformado. De este modo, pueden rastrear la red y descubrir los vínculos internacionales.
Según el subcomisionado Héctor De Sedas, director de Operaciones del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la mayoría de las organizaciones están vinculadas al Clan del Golfo de Colombia, operan mediante redes en Panamá.
“Los enlaces entre la organización suelen ser horizontales con el mismo rango, pero quien ejecuta la acción en el aeropuerto es una persona de menor nivel, puede ser un supervisor de carga que sabe que la mercancía va contaminada y la cubre de los controles aduaneros o de las inspecciones caninas, todo es bajo la complicidad de los funcionarios”, describe el subcomisionado. Uno de los eslabones más vulnerables es el personal de Aduanas, como primer interviniente que debe fiscalizar la carga es pieza clave para las organizaciones, al igual que el personal de las empresas encargado de su manejo dentro de la bodega, antes del despegue.
Los enlaces entre la organización suelen ser horizontales con el mismo rango, pero quien ejecuta la acción en el aeropuerto es una persona de menor nivel.
“Coaccionan sobre alguien para que no cumpla con el procedimiento de seguridad”, detalla un especialista en logística que trabajó muchos años en el ramo y solicitó anonimato. “Mandan la droga el día que tienen al personal de su confianza que trabaja en la aerolínea”, añade el experimentado en movimiento de carga. La ocultan en dobles fondos, dentro de artículos electrónicos o la mezclan con otros productos, como café para desorientar a los canes. En el sitio de destino un equipo similar se encarga de recibir la mercancía. El método lo conocen de memoria las organizaciones criminales.
Los protocolos de seguridad aérea deben ajustarse a los requisitos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Las aerolíneas y empresas dedicadas al envío de paquetería están sometidas a controles rígidos: deben revisar el 100% de la carga con canes y equipos de rayos x sin discriminar el remitente. Una vez que la carga pasa por el primer filtro aduanal, trabajadores de la empresa la transportan a la bodega de la aerolínea que va a ejecutar el envío internacional. Durante el proceso de recepción de la carga en la bodega, el personal encargado del transporte confirma que el peso y la mercancía coincidan con la declaración plasmada en la guía aérea. “Si no pesa lo que establecen los márgenes de tolerancia en peso se rechaza la carga, aunque esto no siempre es un indicativo de que existe algo ilegal”, explica el profesor de logística con amplia trayectoria laboral.
Los protocolos de seguridad aérea deben ajustarse a los requisitos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).
Cuando el personal somete la mercancía a la máquina de rayos x, la pantalla proyecta diferentes tonos; un chocolatoso o anaranjado corresponde a materia orgánica, el azul indica carga inorgánica. “Si lo que pasa por la máquina no coincide con lo declarado, el inspector de la empresa levanta una bandera roja”, añade el especialista entrevistado. Las compañías detectan estos casos y comunican a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera. De confirmar la ilegalidad, suman al resto de las autoridades que inician la investigación, como la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas, entre otros.
Así es como Joseph Díaz, de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Drogas se entera de la droga que no llegó a su destino. En recientes investigaciones se ha detectado un “alto porcentaje de personas de la tercera edad” utilizadas por organizaciones criminales para enviar droga, explica el fiscal. Estos sujetos simulan ser empleados de las empresas y suelen enviar pequeñas cantidades a través de paquetería.
Como parte de las experiencias que Díaz ha acumulado en su carrera, destaca la operación Éxodo, en abril de 2024, como uno de sus mayores logros.
Aunque las aerolíneas establecen códigos de ética que prohíben a los empleados recibir regalos de alto valor de los clientes para evitar favoritismos, “no investigan su estilo de vida para detectar posibles ingresos ilícitos. Lo más que hacen es pedir un récord de antecedentes penales", añade el experto en logística. Como parte de las experiencias que Díaz ha acumulado en su carrera, destaca la operación Éxodo, en abril de 2024, como uno de sus mayores logros. En esta operación desarticuló a un grupo que traficaba droga por carga aérea y contenerizada. En el aeropuerto de Barajas, España, confiscaron láminas contaminadas con sustancias ilícitas cuyo remitente era una empresa costarricense. Sin embargo, la investigación reveló que la logística del envío, que seguía la ruta Costa Rica–España, se organizó en Panamá.
Díaz siguió de cerca el ingreso de los costarricenses al país, sus reuniones y movimientos. Rastreó depósitos bancarios sin justificación en una empresa panameña provenientes de Europa. Al contrastar la información con la Autoridad de Aduanas se percató de la nula relación comercial entre la empresa remitente y receptora, lo que hacía sospechoso el flujo de dinero. La red usaba a Panamá como un centro financiero para sus actividades ilícitas.
Abril de 2024. En las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial, Edgar Vargas entonces jefe del Departamento de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recuerda con una mezcla de asombro y resignación sus días en Punta Coco tres años atrás, esa cárcel de máxima seguridad perdida en una isla del Pacífico. “Te mandan a cuidar presos de alto perfil: uno puede sentarse a esperar que pasen los 15 días y no ves nada, o haces requisas”, dice mientras rememora la burocracia que acompaña la elaboración de ese tipo de reportes frente a sus superiores. Vargas, que entonces era Mayor, aún se sorprende. “Los televisores no servían, pero ahí escondían los teléfonos.
Edgar Vargas recuerda con una mezcla de asombro y resignación sus días en Punta Coco tres años atrás, esa cárcel de máxima seguridad perdida en una isla del Pacífico.
Veían televisión desde el celular mientras nosotros ni siquiera teníamos Internet”, dice con una risa amarga. En una de las primeras requisas que se hicieron tras un año de descuido, Vargas encontró cinco celulares, routers, baterías y hasta cargadores improvisados con cables caseros. “Los televisores los autoriza el Sistema Penitenciario, no la Policía”, excusa Vargas, recordando cómo los internos se ingeniaban para traer mejores equipos cada vez que les quitaban algo.
Punta Coco, un lugar diseñado para aislar a los criminales más peligrosos de Panamá, es también, en las sombras, un centro operativo para algunos. Entre ellos, Juan Vicente Blandford, alias El Patrón Juancito, “Juancín”, uno de los brazos operativos identificado por las autoridades en la operación Éxodo. En la investigación también identificaron a Jaime Powell, alias Yunya, detenido en Madrid, España durante la operación, quien desempeñaba un papel clave en el apoyo logístico de la organización. En su momento, Panamá solicitó la extradición Powell, pero la petición fue rechazada por las autoridades judiciales de ese país debido a que el solicitado gozaba de doble nacionalidad, panameña y española, lo que impide a España extraditar a sus nacionales. Como consecuencia de la fallida petición alias Yunya quedó libre ahora con paradero desconocido, según informaron fuentes de la DIJ.
El “Patrón Juancito” no solo daba ordenes a la organización desde una celda de máxima seguridad. Lo hacía con un teléfono satelital que nadie sabe cómo entró ahí, en un lugar donde el control debería ser absoluto.
Es en este contexto que, tras dos años de investigaciones, la Operación Éxodo desmanteló parte del imperio de Blandford. Cinco contenedores con cocaína habían salido hacia Europa en un mes utilizando una empresa fachada dedicada a exportaciones. Las autoridades lograron interceptar dos cargamentos con calabazas rellenas de paquetes de droga. En total, incautaron 1,858 paquetes de cocaína, junto con armas, 31 autos de lujo y propiedades. Hubo 33 detenciones, pero las instrucciones venían de uno de los brazos operativos de la organización: la celda de Blandford.
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