La renuncia de magnate italiano en el poder desata una ola de denuncias de sobreprecios al otro lado del mundo por la compra de un equipo de seguridad.
Algunos nunca imaginaron que Berlusconi dejaría la silla presidencial para cambiarla por el banquillo de los acusados. Más lejanos estarían los pensamientos de que se conocerían las maniobras internas en transacciones binacionales o las partidas ocultas, en las empresas mixtas, para lograr contratos internacionales en equipos de seguridad. Cualquiera hubiera pensado que los asuntos “confidenciales” de estas negociaciones estarían blindados bajo la misma premisa. Pero las cosas cambiaron y los escándalos de la italiana Finmeccanica brotaron con todo y pus. Las consecuencias rebotaron en Panamá, con la diferencia de que aquí se ha notado una incapacidad tanto de los jefes de cartera como del presidente en otorgar una explicación coherente sobre éstas revelaciones.
Los ciudadanos exigen cada vez mayor información precisa y comprobable de la gestión gubernamental, ya sea sobre recursos, toma de decisiones o los resultados de las acciones ejercidas. Una demanda genuina que además es un derecho fundamental del ciudadano y una obligación para sus representantes.
¿Porque no mostrar los detalles de un contrato cuando es público? Nadie pide detalle técnico, solo económico. ¿Desde cuando se paga una comisión a una sociedad anónima por un trato entre dos naciones? Que indignante.
¿Hasta cuando soportaremos los ciudadanos un escándalo tras otro que termina en renuncias impunes y explicaciones superficiales?
Por otra parte, lo que mas parece frustrar a la población es que quien debe ejercer su función fiscalizadora en resguardo de los bienes estatales calla, no se pronuncia ni da luces sobre el inicio de una investigación, a pesar de que ante los ojos de sus antecesores los mismos hechos han sido evaluados como un probable delito de peculado o blanqueo de capitales por decir lo menos.
¿Que tipo de investigación puede hacer la Contraloría si hasta el momento no ha mostrado un rol independiente ante los recientes escándalos gubernamentales?. Por la salud de la institución, y si acaso, por la reputación individual, la contralora debería abandonar el cargo o hacer un giro radical y jugar el papel que le corresponde. Situación muy similar ocurre en el Ministerio Público, donde pareciera que las investigaciones inician ante la presión ciudadana y no por oficio, la respuesta de las autoridades al mando ante los reclamos prácticamente recae en la información que proporcionan los medios, mas no en investigaciones genuinas de la propia entidad.
Al país le urge fortalecer las instituciones, mientras esto ocurre se hace necesaria una amplia rendición de cuentas por parte de las autoridades ante un hecho por mas desbocado.
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