Medios colombianos afirman que en los últimos 13 años se han extraditado a los Estados Unidos mas de 1,200 colombianos. Algunos de ellos cumplen penas cortas en las prisiones norteamericanas por la política de cooperación que mantiene el país del norte hacia las personas dispuestas a confesar los nombres de los integrantes de ciertas bandas o carteles dedicados al tráfico de estupefacientes. Ante esta situación, surge el debate sobre si esta política, que impone condenas, Colombia tiene un convenio de extradición con los Estados Unidos.
El tema ha caído en debate del Senado Colombiano, recientemente , el senador Juan Manuel Galán se preguntaba si la extradición es ahora una oportunidad para negociar con Estados Unidos penas irrisorias o una amenaza. De igual forma se pone en el tapete el trabajo de investigación, inteligencia y de riesgo del sistema judicial colombiano y la espera de justicia para las víctimas una vez se conoce el tiempo de cárcel que pagan los delincuentes.
En este aspecto se pretenden lograr nuevos mecanismos de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia, para que quienes cumplan su pena en el norte puedan retornar a su país para rendir cuentas a la justicia por otro tipo de delitos si es que así amerita el expediente.
En este tono fue abordado el Fiscal General de Colombia Eduardo Montealegre en su visita a Panamá para participar en la XX Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP; “existe una gran cooperación entre Colombia y los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y nosotros somos muy respetuosos del sistema norteamericano y administración de justicia y ese sistema esta fundamentado en el hecho de que existe una justicia premial en que quien colabore con la justicia y quien desmonte organizaciones puede obtener beneficios significativos de pena creo que puede ser una estrategia válida e importante contra el delito”. El fiscal General informó que cuando las personas cumplen sus penas en el exterior se ha acordado con el departamento de Justicia y el Departamento de Estado (EU) que informen oportunamente a las autoridades colombianas para que cuando regresen al país puedan responder ante la justicia. “El hecho de que se extraditen a los EU no paraliza las investigaciones por otro tipo de delitos que hayan cometido y que no estén abarcados por la decisión de la justicia norteamericana”.
Recientemente se impulsaron varias estrategias de cooperación entre ambos países, a saber; un mayor acceso de los fiscales a las declaraciones de los imputados y a los delitos que se adelantan contra ellos, que las pruebas que se adelanten en los tribunales estadounidenses las reciban en Colombia para poder impulsar procesos propios.
En materia de bienes, las incautaciones y extinciones de dominio que se produzcan en EU o como consecuencias de las extradiciones se reparta equitativamente entre ambos países.
Con respecto al mapa del narcotráfico en el país sureño, el fiscal General consideró que en Colombia gracias a la lucha de las autoridades se han desarticulado los grandes carteles de la droga que existieron hace algunas décadas en el país. Según el titular, aquellos carteles que tenían el poder desestabilizador de las instituciones que en algún momento existieron en Colombia han desaparecido, están desarticulados.
Para el Fiscal General ya no existen grandes carteles pero hay organizaciones criminales poderosas que tienen conexiones con delincuencia en otras partes en América, mantienen una gran influencia en muchas regiones. El negocio se ha ido atomizando; en vez de grandes carteles existen pequeñas agrupaciones comparadas con los carteles de otras épocas, muy bien distribuidas en territorio y obviamente todavía se realiza un daño significativo contra el país.
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