La cárcel de los bobos

Los países Latinoamericanos parecen padecer de las mismas dolencias, especialmente en lo referente a crimen organizado y/o tráfico de drogas. Un estudio reciente titulado “Sistemas sobrecargados; Leyes de drogas y cárceles en América Latina”. El análisis efectuado por WOLA; Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, (2011) en 8 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) arroja interesantes hallazgos.

El primero es que éste tipo de delitos están sobre poblando las cárceles debido a las penas severas que conllevan, lo peor es que aun con las cárceles retacadas de delincuentes consumidores o traficantes, su situación no parece haber causado ni un rasguño a la merca del negocio del narcotráfico a nivel mundial. Continúan los grandes capos sueltos y/o cada vez surgen nuevos en el negocio, los miles de millones de dólares siguen sus rutas bancarias para blanquearse y la demanda o consumo en las drogas mas comunes como marihuana y cocaína va en aumento.

A pesar de haber transcurrido medio siglo desde la firma de las convenciones de drogas de la ONU cuyo objetivo era promover el endurecimiento de las penas, la región no ha hecho una revisión exhaustiva sobre sus resultados y los alcances de la lucha antinarcóticos.

El documento de la WOLA revela interesantes hallazgos sobre la forma en que se aplican las penas a las personas involucradas en este negocio ilícito. Por ejemplo, la legislación no hace distinción entre pequeños vendedores, mulas, grandes traficantes, si son violentos y no violentos.

Desde que se implementaron las leyes de drogas en 7 países la tasa de encarcelamiento aumentó mas del 100% en 15 años. Mucho se debe a la falta de medidas alternativas a la detención preventiva que son negadas en este tipo de delitos. Un alto porcentaje de los internos se encuentra preso por posesión de droga, incluso, consumidores que pagan penas severas aún en países donde las dosis mínimas son permitidas.

Uno de los datos que llaman la atención es que la mayoría de los presos lo están por ofensas menores y es raro ver capos encarcelados. En Colombia solo el 2% de del total de los narcotraficantes presos son mandos medios y altos. El 98% no habría tenido, o no se le pudo probar una participación importante en los “carteles”.

Los datos deben llamar a una reflexión sobre la manera en que los países deben re enfocar sus esfuerzos antinarcóticos, no solo por los miles de millones de dólares que parecen entrar a un barril sin fondo, sino enfocar los esfuerzos de la ley dirigiéndolos contra las grandes redes del tráfico de droga antes que contra los mas débiles de la cadena del narcotráfico como consumidores, pequeños agricultores, distribuidores menores y mulas.

Además se encontraron algunos fenómenos cuasi nuevos en los que el narcotráfico relaciona en su mayoría a las mujeres cuando son utilizadas como mulas, o correos humanos y que en su mayoría las cárceles tienen una alta población extranjera. El porcentaje de mujeres en los centros penitenciarios de estos países se elevó considerablemente. En el Ecuador en el 2009, el 80% de todas las mujeres detenidas en la prisión mas poblada estaba por delitos relacionados con droga.

Además las historias de los reclusos parecen ser las de cualquiera que pasa por carencias, tienen un denominador común; se caracterizan por la pobreza y la crisis familiar o de salud en que se encontraban cuando se les presentó la “oportunidad” de obtener ingresos extras y treparse a una mejor posición económica. Lo que acentúa la percepción de que el peso de la ley recae por lo general sobre una parte específica de la población que componen personas de pocas educación, recursos desempleados o con trabajos informales.

Si tomamos los datos anteriores como referencia, algunas autoridades medirán los resultados de la lucha antinarcóticos vs la cantidad de encarcelados por este delito, o toneladas de droga incautadas anualmente, y seguramente se justificarán los miles de millones de dólares que invierten los gobiernos en este renglón.

En el año 2012 Panamá destinó al Ministerio de Seguridad 600 millones de dólares del presupuesto nacional. Una de las cifras mas altas que se haya designado pora este propósito. Un ejemplo de esta inversión fue la compra de 19 radares instalados con la capacidad de detectar lanchas rápidas cargadas de droga que surcan los mares istmeños.

En Centroamérica, región por donde se trafica el 80% de la droga hacia los Estados Unidos se han destinado en materia de seguridad 481,465,575 millones de dólares en ayuda extranjera dirigidos principalmente a programas de prevención, seguridad y fortalecimiento institucional (2006-13). Los datos los revela el mapeo de las intervenciones de seguridad ciudadana en Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo. A esta cifra hay que agregar el presupuesto individual de cada país en materia de seguridad. ¿Qué resultados han dado estos dineros en la lucha antinarcóticos? ¿bajo qué estándares es justa su evaluación?

El negocio del narcotráfico es actualmente la tercera industria mas rentable del mundo con un valor estimado en 450 billones de dólares anuales bajo el control de criminales. El desarrollo de las naciones se ve amenazado por las consecuencias de esta lucha, algunas corrientes intelectuales así como expertos en seguridad sugieren que las políticas de prohibición crean mas daño que prevención, por tanto, proponen un giro de 180 grados basado en la reducción de daños, la rentabilidad y el respeto por los derechos humanos. En palabras cortas el movimiento plantea que a través de la despenalización de la drogas suaves como la marihuana, y posteriormente las drogas duras, se producirían mejores resultados que en aquellas basadas en la criminalización.

El estandarte lo carga la Fundación Beckley situada en Londres, cuya carta de reflexión sobre una redirección en la lucha antidrogas esta firmada por presidentes, ex presidentes, premios Nobel de la Paz, y otras personalidades que han vivido en carne propia este problema desde sus escritorios sin resultados contundentes.

La idea se propone como un proyecto piloto y posteriormente expandirlo a otros países o regiones tomando en cuenta las reglamentaciones, cultura y situación en cada nación. No dejemos de lado la línea gris en la que navegan muchas autoridades empañadas por las mieles del narcotráfico, que desde sus puestos de ley, actúan como verdaderos capos de droga o como aliados de carteles.

Además esta por medio el factor cultural, para algunas sociedades latinas la idea de liberar el consumo choca con las normas generacionales en las que primó por medio siglo la rigidez sobre la ilegalidad del consumo, venta y producción de cualquier droga, un factor cultural enraizado en las familias y comunidades.

Por lo que el proceso que para lograr implementar esta idea revolucionaria requerirá de un gran proceso de transformación social y jurídico.