Otro contrato directo con información inexacta

Piden un proceso ético y judicial contra las administrativas que elaboraron los informes donde se decía que las empresas tenían años de experiencia pero solo tenían meses de haberse registrado

Una denuncia penal en la fiscalía anticorrupción se presentó a principios de mes por Alianza Ciudadana pro Justicia con el propósito de que se investigue la adjudicación directa a la empresa CEMI Gruop que se encargó de la rehabilitación y equipamiento del edificio 351 que alberga los juzgados de familia, antiguo edificio IFARHU-Emberá.

La denuncia penal de Alianza Ciudadana es contra quienes resulten responsables por la posible violación de normas penales, entre ellas la de ‘fraude en los actos de contratación pública’ que se evidencia en la información falsa incluída en un informe técnico para favorecer la contratación de dicha empresa.

La Estrella publicó este lunes la forma en que dos funcionarias adminsitrativas; Vielsa Ríos Secretaria Administrativa de la Corte y Arely de Caballini Directora de Servicios Generales, junto con el presidente de la Corte Suprema Alejandro Moncada Luna, plasmaron sus firmas en un informe técnico para justificar la adjudicación directa del contrato a CEMI Group. Según el documento, CEMI contaba con experiencia en el mercado por haber construido en gran variedad de proyectos y remodelaciones, y entregarlos en tiempos menores a lo estipulado sin perder la calidad de la entrega de los trabajos, entre otras ventajas. No obstante, al hacer la averiguación se pudo constatar que dicha empresa solo tenía un año de haber sido inscrita en el Registro Público y meses de que la Junta Técnica del Ministerio de Obras Públicas le otorgara resolución de operación. Aunado a esto se constató que CEMI Group no cotizó en el año 2012.

REACCIONES
La información ha causado indignación en círculos abogadiles y en ex magistrados de ésta institución.

Esemeralda Arosemena de Troitiño no tiene duda que a estas alturas ‘ya es para haberlas sometido a un proceso judicial, con el código de ética ya habría que someterlas a ellas (Ríos y Caballini) a un proceso ético’. La ex magistrada agregó que es realmente preocupante que en vez de administrar justicia en los despachos superiores, en la adminsitración de Moncada Luna el aspecto administrativo es el que tiene el control del sistema de jusitica, no del organo judicial, del sistema.

El despacho superior, agregó, no es para la administración pública, es para administrar justicia. Los administrativos son los que deben proveer de la mejor tecnología para desempeñar sus funciones pero no deben ser parte de las decisiones de los superiores, dijo.

Cuando puedes jugar con los límites de la ley ¿quién censura? se pregunta César Ruiloba, ex presidente del Colegio de Abogados. ¿Dónde esta la contraloría y la fiscalía, que investiga esto? Ruiloba considera que quien debe dar el ejemplo de impartir transparencia y justicia no lo hace, es más, vislumbra el sistema judicial en un atolladero donde la Corte ha colapsado y no tiene quién lo defienda.

Urge, no solo en la perspectiva de Ruiloba, sino de la ciduadanía en general, una nueva forma de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, así como abrir las votaciones a los medios para mostrar las sesiones y se conozca quién se postuló y por quiénes votaron.

OTRA ADJUDICACIÓN CUESTIONADA
El contrato para la elaboración del diseño de las especificaciones, planos finales y construcción, y equipamiento del edificio que alberga diez salas de audiencia en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita por un monto de 4,970,876. 41 millones de dólares, también genera dudas en cuanto a la forma de adjudicación y los datos que justifican el informe técnico.

Nuevamente, el informe Técnico fue elaborado por Vielsa Ríos Secretaria Administrativa de la Corte y Arely de Caballini Directora de Servicios Generales. En él se describe que la empresa Ingeniería KMT resultó la más apropiada para la tarea puesto que contaba ‘con 10 años de experiencia en el rubro de la construcción y ésta constitución en la República de Panamá’ y se ha destacado como una empresa con experiencia en diseño, construcción, supervisión de proyectos con montos de más de 10 millones de dólares.

Sin embargo fue el 27 de abril de 2012 cuando Ingeniería KMT se registró en el Ministerio de Comercio para iniciar operaciones, por lo que solo ha transcurrido un año, y no diez como se afirma en el Informe Técnico.

El certificado del Registro Público de la empresa tiene fecha de constitución del mes de septiembre de 2010. Y los agentes residentes que inscriben la sociedad anónima son Hermes Tello, y Concepción Corro de Tello, ex Directora del Sistema Penitenciario durante la administración presidencial de Mireya Moscoso.

A Corro se le recuerda también por autorizar la supuesta salida de Panamá de Posada Carriles, acusado de intentar asesinar a Fidel Castro en Panamá. El hecho ocurrió en el año 2000.

MISMOS PRODUCTOS PRECIOS DISTINTOS
Otro punto que llama la atención del contrato con la empresa Ingeniería KMT, es que en la propuesta técnica que señala los rubros a cotizar se señala una planta eléctrica de 500 KVA 120/280 en 150,000 mil dólares, mientras que el contrato que firmaron las mismas funcionarias con la empresa CEMI Group, la cotización de una planta con las mismas especificaciones técnicas tiene un costo de 15,000 mil dólares. ¿Por qué nadie se fijó en este gran detalle, en cambio ambos contratos se aprobaron con precios tan dispares?

Hay una diferencia de 135,000 dólares por el mismo producto en distintos contratos adjudicados en forma directa a empresas sin la experiencia que avista el informe Técnico preparado por las funcionarias administrativas de la Corte.

Llama la atención que una planta con las especificaciones mencionadas se cotiza en el mercado local entre 45 mil a 55 mil dólares.