Adictos, el eslabón perdido en la lucha antidrogas

Los programas dedicados a la rehabilitación poco se benefician de los dineros incautados a los narcotraficantes. Sus bienes quedan en manos de fiscales, magistrados o instituciones

Nadie sabe cuántos son, y de eso hace años. De qué forma usan a doña blanca o si prefieren un feeling para calmar sus angustias. Solo basta un flash para imaginar que se pagan las deudas, que se cura lo incurable, que los novios no traicionan más, que papá entrará por esa puerta, y en el más alucinante de los casos, que la vida se disfruta desde otra atmósfera. El viaje en el que se disuelve el estrés y los problemas es relativamente corto, pero en el trayecto la mente subsiste extasiada.

A pesar de ser un problema de salud pública, la incógnita sobre cuántos hay no le ha robado el sueño a quienes deben saber.

Conapred tiene datos que recopiló a finales de la década de los noventa, publicados en el 2002, que revelaban la prevalencia de mariguana y cocaína en estudiantes entre 13 y 14 años.

Después, en el 2008, una encuesta poblacional con un margen de error del 5% revelaba que la edad promedio de inicio de consumo de mariguana era un año más temprano, a los 13, y en su mayoría hombres. Pero a pesar de esos datos difusos, no se tiene una idea de cuánta gente se pone high ni con qué tipo de droga lo hace.

Tampoco se sabe a ciencia cierta a qué ritmo se ha incrementado la población adicta, sus efectos sobre la sociedad, los crímenes que se cometen por y a causa del consumo, etc. Lo más heavy es que ni siquiera le siguen el rastro a la vida de quienes reciben atención en los centros de tratamiento financiados por Conapred. Todo esto a pesar de que el mismo nombre de la institución deja muy poca duda sobre su misión: Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, Conapred.

Creada en la década de los ochenta, cuando la droga estrenaba sus vuelos por los aires en avionetas cargadas del polvo blanco hacia el norte, a sus casi treinta años de vida, da la impresión de que la entidad no ha logrado encajar del todo en su tarea.

La Organización de Estados Americanos hizo una evaluación sobre el progreso del control de drogas en Panamá (2007-09) en el que concluyó que: no realiza programas preventivos dirigidos a jóvenes y adultos en situación de calle, familia, género, lugar de trabajo, y población penal; que la labor preventiva más bien se reducía a cursos de capacitación para agentes policiales, maestros, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y programas de capacitación regionales; que en esos años no se impartieron cursos para preparar profesionales en el tema de prevención y tratamiento de drogas; que no existen centros de tratamiento que ofrezcan programas de reinserción social; que no realiza actividades para el seguimiento a los pacientes una vez completado el tratamiento indicado.

EL PRIMER JALE
Uno de los programas insignia de Conapred para las escuelas primarias, ‘Somos Triunfadores’, pretende retrasar la edad de consumo en menores. No obstante el trabajo de campo del doctor Carlos Smith, jefe del Centro de Estudios y Tratamiento de Adicciones (CETA), indica que cada vez niños más pequeños le entran al asunto, en la clínica se registran casos de menores de 11 y 12 años que consumen mariguana.

La incidencia va en aumento, de eso no hay duda. En la Cruz Blanca lo saben. La psicóloga Getza Barragán lo percibe a diario y ‘ahora es fácil encontrar un niño de 12 años que consume, y a los 15 la consume y la vende’. Los más ricachones prefieren acudir a centros privados para evitar que su nombre se ventile en escándalos, pero de que los hay, los hay.

La motivación más frecuente de un novato es la curiosidad, y por la disponibilidad o acceso a la sustancia no hay que preocuparse, pues resulta lo más fácil en estos tiempos. Se encuentra en las escuelas, en las canchas sintéticas; en las esquinas, los bares, las discotecas, los papeles de siling para rulear la mariguana los venden en los chinitos; la droga la provee una persona conocida, a veces mayor, novia o novio; el proveedor puede ser alguien que tiene relación con el consumidor, no necesariamente un extraño.

Pero cuando se hacen los hallazgos terapéuticos se escarba bien deep en las verdaderas razones del consumo.

Es el momento en que se exhiben las heridas y se atraviesa el umbral de la curiosidad, se hallan individuos con problemas de disfunción familiar, probablemente con violencia doméstica, baja autoestima, presión de grupo, pérdidas y líos socioeconómicos.

En cuanto al ingreso económico, el que tiene menos dinero tiene más probabilidad de delinquir para adquirir la droga, mientras que el rico lo hace en forma reservada, así que pasa desapercibido en el radar.

Después de fisgonear la sensación algunos no la prueban más, otros se quedan y salen, y otros tantos nunca la abandonan. El numero de adictos es directamente proporcional al acceso.

PROGRAMAS Y RESULTADOS
A Conapred le cuesta medir los resultados de los doce programas que sufraga, lo que al final del día se traduce en una escasez de indicadores que le permitan obtener una evaluación integral, tanto de los programas, como de quienes se benefician. No dispone de cifras científicas que le ayuden a hacer los ajustes, determinar los resultados, efectuar correcciones, cristalizar logros o implementar innovaciones.

En la cuenta bancaria de Conapred hay más de cuatro millones de dólares de los que se usa un porcentaje para financiar cada proyecto según el plan de acción que propone cada organización. Así lo hizo saber su asesor legal, Conrado Quintero.

Según Quintero, se le da seguimiento a las instituciones que ofrecen tratamiento para que los proyectos sean realmente efectivos, y agrega que cuentan con todas las ‘normas que se establecen a nivel internacional y a nivel nacional’.

Para lograr una adecuada efectividad, cualquier plan serio debería ofrecer un seguimiento. A diferencia de Panamá, en otros países esta labor no parece ser un problema; en México, por ejemplo, la evolución terapéutica se realiza en conjunto con universidades a manera de investigación; en otros países se instalan clínicas psicológicas, grupos de apoyo, etc.

En las condiciones actuales, por tanto, Conapred no sabe qué tan fructíferas son sus inversiones porque carece de un monitoreo científico que muestre la prevalencia de los consumidores, o que describa la conducta posterior de los rehabilitados, o contabilice cuántos recaen.

Conapred justifica este vacío de indicadores porque, según afirman, se trata de una adicción en la que se puede recaer en cualquier momento de la vida y sería imposible, dice su director Ramón Bartoli, contar con esas cifras. Los programas marchan, pero se miran a distancia.

Da la impresión de que la institución se ha contagiado de aquel conformismo que causa la mariguana en el que el paciente se siente bien aunque nunca resuelve nada. Durante la entrevista, Bartoli nos confesó lo que para él como director de la entidad sería un sueño: ‘si cada uno de los tres millones de habitantes del país paráramos el carro y amarráramos a un indigente y tomáramos a un drogadicto, si eso lo hiciéramos, si hubiera una cultura, téngalo por seguro, licenciada, que no habrían aquí ni ONGs privadas ni instituciones del Estado donde cabrían estas personas’.

Un sueño que aún no envicia las puertas de la Cruz Blanca donde se palpan las limitaciones en las cinco sedes que tienen a nivel nacional. Están al tanto de que debe existir una labor post tratamiento, pero los profesionales saben que con los recursos existentes, si desvían una porción para éste tipo de pacientes, quienes ingresan a terapia no tendrían la atención que brindan actualmente. Es algo que escapa de sus manos por falta de infraestructura y dinero.

La pregunta es: ¿si Conapred no da seguimiento científico a estas personas, y las mismas organizaciones que financian para este propósito tampoco lo hacen, cómo pueden evaluar la efectividad de estos programas? En todo caso, ¿cómo saber si los dineros invertidos están dando los resultados esperados o si se requiere de un replanteamiento?

No lo saben.

ANTES Y DESPUÉS
Tal vez se debe afinar el concepto de adicción. Quintero afirma que el rastreo de los reeducados es complicado porque, según él, ‘cada persona tiene un nivel de adicción totalmente diferente a otro’. Cualquier médico especialista respondería que no existe tal cosa. La adicción es eso, una adicción, sin importar la cantidad de droga que ingiera la persona. El psiquiatra Carlos Smith aclara que más bien son los efectos que produce la droga en el individuo, sin importar la cantidad que ingiera. La premisa de Quintero, por tanto, es un mito del pasado que los especialistas se han encargado de desenmascarar innumerables veces.

La justificación que ofreció Quintero parece acuerparla el director de la institución Ramón Bartoli: ‘la adicción es una enfermedad de toda la vida, desde que la persona comienza a ser adicta y tratada es para toda la vida, entonces si yo le digo a usted que se le va a dar un seguimiento total...’.

Ni total ni parcial, inmediato o temporal. Más bien parece nulo.

FINANCIAMIENTO
Los dineros para estas asignaturas se destinan según los proyectos y la aprobación del consejo de la institución. No hay un porcentaje predeterminado por rubro. Cada grupo presenta sus proyectos y Conapred financia la totalidad. La cuenta de la institución se asemeja a una montaña rusa, sube y baja según las incautaciones.

Lo más curioso es que Bartoli no supo detallar un plan nuevo o específico en la estrategia de prevención que pueda financiarse con los dineros de que dispone la entidad.

Existe un documento, ‘Estrategia Nacional Sobre Drogas’, en el que se define la ruta por un periodo de cinco años (2012-17). Aun así, Bartoli no logró definir qué presupuesto acompaña este plan de trabajo, ‘no es que tenga que tener un presupuesto inmenso para implementarlo, sino que cada institución debe asignar su presupuesto’, respondió.

Hay algo hasta ahora seguro y necesario: en el mes de octubre se realizará un censo de la población que consume o ha probado cualquier tipo de droga. Se invertirá medio millón de dólares, las casas serán escogidas al azar, y contemplará prevalencia, consumo mensual, frecuencia, y todas las drogas de consumo; anfetamina, ‘crispi’, mariguana, ‘pegón’, etc.

La muestra es de 30 mil hogares con un modelo selectivo por provincia, incluyendo las comarcas. De realizarse esta encuesta, además de cuantificar la población tentada por las drogas, las entidades encargadas de la seguridad podrán tener una herramienta que proporcione una idea del narcomenudeo que ronda las calles de nuestros barrios.

FESTINES CON BIENES AJENOS
Rolando Mirones, entonces director de la Policía Nacional, nunca se olvidará de aquella tarde en que llegó a un restaurante en la vía Argentina. Fue por el año 2005. El chofer se estacionó y Mirones entró al comedor. Una vez instalado en su mesa, vio a una mujer que se le acercaba. La seguridad no lo impidió. Se trataba de la esposa de un procesado por un caso de lavado de dinero. La mujer se había percatado de que el Mercedes Benz en el que viajaba Mirones era de su propiedad. Había sido confiscado un tiempo atrás producto de las investigaciones que adelantaba la fiscalía. Así que la doña decidió acercarse al nuevo dueño y pedirle un favor: —Oiga, el carro que usted está manejando es mío, cuídemelo, por favor—.

Tampoco se olvida un fiscal aquella vez en que le tocó interrogar a uno de los procesados en un caso de tráfico de drogas.

El imputado llegó a su despacho y algo se le hizo familiar. Reparó bien el sitio y notó que la silla y el escritorio que usaba el fiscal eran suyos. —Oiga fiscal, la silla, el escritorio y la banca que están aquí eran parte de mi oficina, por favor cuídelos—. Pero ahí no terminó la solicitud. El supuesto narco también notó en la muñeca del fiscal un reloj que le pertenecía: —Y ese reloj que usted tiene también es de mi almacén, porque esa marca solo la vendo yo—.

La caída de un narco era sinónimo de botín y repartición de bienes. El abogado Carlos Carrillo recuerda varias anécdotas con mucha claridad; si agarraban una mesa de billar la asignaban a un cuartel; si había una casa en Portobelo, se la daban a la policía del lugar; si se trataba de carros, dependiendo la marca y el uso que se le podía dar, se le asignaban primero a fiscales, luego hasta al propio procurador o magistrados de la Corte.

A un fiscal muy conocido, una vez en medio de la vía Interamericana se le detuvo el auto, lo apagó, lo cerró y llamó para que lo vinieran a buscar. Se trataba de otro carro cautelado.

La administración de bienes decomisados en casos de drogas se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. Pero también se echa al debate otra cuestión: la moral judicial y la del funcionario que usa, ‘custodia’ y disfruta de los lujos, a pesar de que los bienes provienen de narcos que trafican droga y blanquean capitales.

MARCO LEGAL
Desde la creación de las fiscalías de drogas en la década de los ochenta hasta la entrada en vigencia de la Ley 34 del 2010 —que enmarca el uso de los bienes aprehendidos producto de los delitos financieros y los delitos relacionados con drogas—, el destino de lo que se incautaba era incierto.

Muchos artículos, autos, residencias o bienes quedaron en completo abandono, hasta podrirse. Otros fueron asignados a un administrador judicial, y en otras ocasiones, con muy poco éxito, se trató de subastar algunos bienes. Era un completo desgreño que las autoridades justificaban con una sola frase: la ‘guerra contra el narco’, dijo el abogado penalista Carlos Carrillo.

El Estado asume una responsabilidad y las asignaciones de los bienes constituyen, a la óptica de Carrillo, un botín de guerra en la que se cometen excesos en algunas investigaciones, y posteriormente han tenido que devolver cosas, aunque a veces por su deterioro es imposible. Solo hay que echar un vistazo a los autos estacionados afuera de la sede policial de Ancón, o en el parqueadero ubicado en La Chorrera.

A partir de la creación de la Ley 34 se modificó la custodia de los bienes y se entregó al Ministerio de Economía y Finanzas la custodia de todos los bienes que se incautan. No obstante, para completar este trámite es imprescindible que el agente de distribución del Ministerio Público remita la orden y lo formalice a través de un acta.

Antes de la modificación de esta ley, se estipulaba que los fondos estarían en cuentas de la Procuraduría, pero la distribución de los dineros y bienes incautados sufrió una nueva modificación que dio a luz a la Ley 57 de septiembre de 2013, en la que se redistribuye el porcentaje que recibe cada institución producto de la venta de los bienes decomisados; Ministerio de Economía y Finanzas (15%), Ministerio de Seguridad (45%) y Conapred (40%). Con los intereses que generen estos dineros, el MEF debe darle mantenimiento a los bienes incautados.

Pero aún con la reforma, no todos los bienes están en manos del MEF. Los aprehendidos antes del año 2010 quedaron bajo custodia del MP porque los expedientes están en la Corte y para ser traspasados se requiere que el juez envíe una copia autenticada del archivo.

Hay cientos de carros inservibles que están a órdenes del MP y son parte de los dolores de cabeza de las autoridades que no tienen la más remota idea de qué hacer con ellos.

El MEF tiene una serie de bienes que incluyen desde joyas hasta aeronaves.

La mosca en la sopa de nueva norma que pretendía poner orden en el uso de estas pertenencias es que no se establecieron los criterios del costo de conservación de las cosas, por tanto, al MEF le toca buscar apoyo con otras entidades para que le den cuido: SENAN, la Policía Nacional. Incluso las casas cauteladas sirven como depósitos para otras posesiones aprehendidas. En la policía se guardan algunos otros bienes.

La ley tampoco contempla qué hacer con bienes peligrosos, como tanques de acetileno o incluso la comida.

En el MEF ya hay varios frascos de aspirinas que le ayudarán a organizar los más de $8 millones en bienes que carecen de fondos para su administración. Pues los intereses que genera la cuenta no son suficientes para ofrecer mantenimiento a todos ellos.

A QUIÉN LE DAN QUÉ
Ricardo Solís, director de Bienes Patrimoniales del Estado (MEF), dice que en primera instancia toman como política principal el apoyo a las entidades de seguridad. Todos deben contar con un seguro y mantener el bien en estado óptimo. En el evento de que llegue una solicitud de otra índole, se evalúa; y si hay disponibilidad, se les entrega.

La mayoría de las lanchas rápidas están en custodia del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

En caso de que el juez autorice la devolución de los recursos, se toma en cuenta un régimen de responsabilidad civil, y en caso de que el bien no cumpla con las reclamaciones, el afectado tiene derecho de hacer las exigencias.

Existe la posibilidad de hacer efectivos los bienes para que sea más sencilla la entrega de los fondos.

No obstante, la entidad carece de un inventario en cifras de los bienes deteriorados que hayan sido reclamados.