Un interminable proceso legal entre la ACP y GUPC podría retrasar la construcción de la vía y elevaría aún más los costos
Por segundo día consecutivo nada se mueve en los trabajos de ampliación del Canal. La paralización de labores del consorcio Grupo Unidos por el Canal no solo mantiene en ascuas a los trabajadores que se preguntan qué sucederá con su salario. GUPC guarda silencio al respecto y también sobre sus próximos movimientos o estrategias legales.
Lo más probable es que se acerque un enredo jurídico de marasmos de aquellos de nunca acabar en el que cada parte alegará interpretaciones de términos como suspensión, paralización o abandono según le acomode. Como probable también es que se desarrollen medidas cautelares, suspensión judicial de obras, alertas de incumplimiento u otras derivaciones de lo que ocurre en el tramo que trata de unir una vez más los dos océanos.
CAUSALES PARA TERMINAR
El complejo contrato recoge con claridad las múltiples razones por las que el empleador puede tomar cartas en el asunto y rescindirlo, las siguientes son las que más se asemejarían a la situación actual: si no procede con las obras a tiempo, si surgen retrasos y suspensión, si el contratista abandona todas o una parte sustancial de las obras o si el contratista o cualquier miembro o cualquier garante se va a la bancarrota o se torna insolvente, entra en liquidación, tiene una orden de sindicatura o administración judicial en su contra, tiene ajustes con sus acreedores, los servicios de mantenimiento, o demuestra la intención de no continuar la ejecución de sus obligaciones bajo el contrato.
Aún ante el escenario que pareciera favorecer a la ACP, no se ha animado a enviar la carta de incumplimiento a GUPC que pondría en blanco y negro un tiempo estipulado para tomar una decisión definitiva. Según Jorge Quijano, administrador de la vía, ya mandó una carta de reconsideración para que GUPC reanunde los trabajos, y otra en que se le preguntó cuál era la situación que reinaba en la obra ante el desolador panorama.
Aunque GUPC no ha certificado oficialmente que abandonó el proyecto, explica que la suspensión se debe a los argumentos que expresó previamente en su carta del 30 de diciembre donde advertía sobre la paralización de labores tras enviar a la ACP la última propuesta para alcanzar un acuerdo y permitir que se complete la obra.
Fuentes internas del Canal aseguran que la culminación no depende de los líos judiciales, aseveran que el litigio se resuelve en las cortes, no en las esclusas y que el dueño del proyecto es la ACP, no GUPC.
Lo que da más fuerza al plan B que anunció Quijano en caso de que GUPC continúe con esta conducta sin razón.
LA FRUSTRACIÓN EUROPEA
Del otro lado del mar, los europeos parecen desconocer que las obras están paralizadas.
Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, empresa que ha resultado más golpeada en este conflicto, ha defendido eternamente que la oferta planteada, y que hoy tiene al consorcio en aprietos, no fue temeraria.
Ayer habló con Raúl del Pozo, periodista de Mundo. es, a quien le dijo que "todo es un teatro, juego. Venció el plazo sin acuerdo, pero la ministra Pastor tendrá que hacer otro viajecito. La ruptura es imposible". Y agregó que serán los propios panameños quienes se encarguen de frustrar el sueño europeo de culminar con el primero de los anhelos de Vasco Núñez de Balboa.
Y califica a Panamá como territorio judicial de los Estados Unidos, y para rematar recuerda los wikileaks donde supuestamente los norteamericanos "trabajaron duramente para impedir que otros hicieran obras en su patio trasero".
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