Desatinada política de seguridad

Mulino utilizó como referencia el año que más víctimas registró: 2009 ,cuando se reportaron 818 asesinatos.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, está convencido de que las políticas públicas empleadas en materia de seguridad le están funcionando. Al menos así lo hizo saber recientemente al presentar la rendición de cuentas de la cartera que dirige. Afirmó que se ha procurado una disminución y un control de las estadísticas de homicidios que se registran cada año desde que la administración de Ricardo Martinelli tomó el poder.

Mulino utilizó como referencia el año que más víctimas registró: 2009 ,cuando se reportaron 818 asesinatos. A la fecha, los números muestran un ‘control’ sobre los casos registrados, mas no así, una disminución en comparación al quinquenio pasado. Por ejemplo, en el 2004 hubo 310 homicidios, pero en el 2009 casi se triplican hasta alcanzar 818 homicidios.

Un ejercicio matemático revela que en el último quinquenio se registraron 1,531 homicidios más que en la administración Torrijos. Y aún peor, cuando el calendario cambió de siglo, la tasa de homicidios en el país era de 10 y 11 por cada cien mil habitantes, una cifra que se mantuvo hasta el año 2003, según información del Banco Mundial. Es decir, en veinte años se ha duplicado la tasa de homicidios en el país, las políticas de seguridad han variado de forma sustantiva, pero ninguna ha logrado estructurar una política de Estado integral que logre una reducción sostenida de la tasa de criminalidad, sin importar el partido que esté al mando.

Lo que los números tratan de decirnos es que urge una revisión a las políticas de seguridad del Estado. Los recientes cambios; el surgimiento del Servicio Aeronaval, del Servicio Nacional de Fronteras, el desmantelamiento de la Policía Técnica Judicial y la creación de la Dirección de Investigación Judicial, el nacimiento del Ministerio de Seguridad como un ente especializado en el tema, la reorganización del Consejo de Seguridad y Defensa, así como del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, no se han evaluado en forma científica. Por tanto, se desconoce el impacto que han tenido estas instituciones en materia de seguridad. ‘No se puede medir por las estadísticas de droga que agarran, sino la percepción que se tenga’, dijo Irving Muñoz, comisionado retirado.

Consideremos también que casi la totalidad de los homicidios no tienen castigo, y las autoridades aún no tienen claro en qué casos ocurre esto con mayor frecuencia y en cuáles el victimario va a la cárcel. Especialmente, cuando se está a punto de implementar a nivel nacional el Sistema Penal Acusatorio.

Muñoz afirma que la desaparición de la PTJ debilitó la investigación e inteligencia, y agregó que prácticamente se ha sustituido la policía comunitaria por la represión, situación que provocó un distanciamiento en la relación policía-ciudadano, en cambio, el crimen aumentó.

El profesor Carlos González, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, considera que los asesinatos están relacionados, en parte, con la incautación de drogas. Los otros homicidios tienen que ver con el robo cuando la víctima se resiste a entregar su bien.

Y es que el mapa de la criminalidad abarca mucho más que muertes violentas. René Quevedo, consultor empresarial, efectuó un análisis comparativo de la reciente década, y concluyó lo siguiente: las estadísticas muestran de manera muy clara la génesis social del delito y la evolución hacia la ‘legitimación del delito’ como vía para satisfacer objetivos personales, particularmente económicos, lo cual es consistente con el reciente informe del Observatorio de Seguridad presentado por la Cámara de Comercio.

Según el informe, el 36% de la población estaría dispuesta a incurrir en delito si es la única manera de ayudar a su familia, y 26% cuando es la única manera de alcanzar sus objetivos. Más aún, 29% está dispuesta a usar violencia para ayudar a su familia.

Por otro lado, afirma Quevedo, es importante tener en cuenta que las estadísticas delictivas sólo reflejan parcialmente el delito, ya que al menos 54 mil delitos quedaron fuera de los análisis estadísticos en Panamá, los últimos entre el 2007 y 2012, debido a que en ese período no se incluyeron las denuncias de hechos punibles presentadas en las corregidurías, aparte de que estadísticamente se ha comprobado que, al menos un 76% de las víctimas de un delito, no presenta la denuncia correspondiente.