Promesas de papel

En temas de corrupción y seguridad hay significativas tareas pendientes

Cinco años después de las promesas y ofrecimientos hechos durante el tiempo de campaña del entonces candidato Ricardo Martinelli, uno de los ejercicios más interesantes consiste en comparar qué tanto de lo que se dijo se cumplió y qué quedó en el tintero. Además, conocer cómo repercuten en la vida del ciudadano común estos pendientes.

Para ello analizaremos dos tópicos que impactan directamente en la población: seguridad y lucha contra la corrupción. ¿Qué sucedió en estas asignaturas? ¿Qué cosas eran factibles y a cuáles se comprometieron, aun cuando no eran viables desde el punto de vista constitucional?

En materia de seguridad, hubo avances en el esquema organizativo con la creación del Ministerio de Seguridad, separado del Ministerio de Gobierno; se cumplió la promesa de aumentar el pie de fuerza policial y adecuar los salarios de los uniformados; también se adquirió equipo tecnológico, armamento, uniformes y otros implementos e instrumentos requeridos por los agentes.

LA LETRA MENUDA
En seguridad, se diseñó un Plan Nacional de Seguridad denominado ‘Calles seguras’ que pretendía retomar la confianza entre la población y las unidades policiales. No obstante, este punto ha quedado muy desmejorado. Mucho se debe a la política utilizada para reprimir el crimen.

En el último quinquenio, se elevaron las penas de narcotráfico, se tipificó penalmente la figura de sicariato, se bajó la edad de imputabilidad a los menores de edad; sin embargo, las pandillas crecieron en un 500%, la cantidad de jóvenes que ni estudia ni trabaja rebasó los 200 mil. Todo evidencia que se debió hacer un esfuerzo en la inclusión de los muchachos en el crecimiento económico nacional, pero fue insuficiente.

Según Paul Sittón, representante de Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana, la lucha por restablecer la seguridad debe elevarse a tema de Estado; mientras no sea así, se estará ‘emparchando’ el problema o reprimiendo las conductas delictivas al no abordarlas de forma integral. La seguridad no se logra sólo con mayor represión o aumento de penas, afirmó.

En la búsqueda de combatir el narcotráfico, añadió Sittón, se ha pretendido hacer ver que los índices de criminalidad están relacionados exclusivamente a ello, dando pie a la militarización de la Policía con el Servicio Nacional de Fronteras, que es ya un ejército fuertemente armado. Lo curioso es que las crecientes víctimas de asesinatos o secuestros, ocurren en las principales provincias con mayor periodicidad, y en zonas que no son consideradas de alto riesgo, acotó.

Un punto fundamental es que no existe certeza del castigo en los delitos de cuello blanco o los comunes, lo cual es una invitación flagrante a cometerlos; nuestro sistema judicial es deficiente, indicó Sittón.

Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, agregó que de 800 homicidios al año, solo 35 expedientes terminan con sentencia condenatoria, el resto no es resuelto o tiene sobreseimiento; culpa, según él, del error cometido en el gobierno al despedir a los funcionarios encargados de monitorear el crimen organizado y no organizado.

INSTITUCIONALIDAD
En el renglón institucional no se puede obviar la rotación de personal en instituciones sensitivas. Por ejemplo, en el Ministerio Público hubo cuatro procuradores; uno de ellos se retiró envuelto en un escándalo de narcotráfico que nunca se aclaró administrativa o penalmente.

Un sabor similar se sintió con el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la seguida renuncia de José Abel Almengor después de haber sido relacionado con varias querellas en su contra por un supuesto complot para destronar a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez. No se olvida la estrepitosa salida de la defensora del Pueblo Patria Portugal; de María Cristina González de la dirección de Migración; y de Anabel Villamonte en la Autoridad Nacional de Tierras, quien dejó el despacho en medio del lío de tierras de Juan Hombrón. En ninguno de estos casos hubo responsables.

CORRUPCIÓN
Algunos planes en este segmento no eran viables debido a que se trataba de propuestas que requerían modificar la Constitución.

Por ejemplo, en lo referente a establecer una presentación anual sobre el movimiento patrimonial del funcionario, Abigail Benzadón, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia, indicó que ‘esto lo determina la Constitución Política en su artículo 304, por lo que está más allá de una ley’ y no es posible su aplicación.

No obstante, no se conoce de alguna investigación por enriquecimiento ilícito que haya alcanzado a funcionarios de este gobierno. Algunos pueden preguntarse si los sobrecostos de las mega obras de infraestructura vial, que han recibido serias críticas por las exageradas sumas pagadas a las promotoras, habrán ido a parar a los bolsillos de unos cuantos en formas que a la ley le es difícil controlar.

También quedó pendiente información de los funcionarios, incluyendo al presidente de la República, relacionada con su salario, gastos de representación o viáticos. Al respecto, Benzadón responde que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, es obligación de cada una de las instituciones del Estado cumplir con este deber. Y añadió, ‘hoy día yo velo y fiscalizo que eso se cumpla en cada de una de sus páginas, no así en ningún nodo externo’.

Muy criticado fue el rol del antiguo Fondo de Inversión Social. El presidente anunció que se eliminaría y que disminuiría la partida discrecional del Despacho de la Primera Dama. Pero la realidad es que eliminó el FIS, y creó un sustituto, el Programa de Ayuda Nacional, el cual ha sido cuestionado por la utilización por diputados oficialistas. Por otra parte, la partida discrecional lejos de reducirse como se había planteado, aumentó.