A María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, no la puede tocar nadie. Mientras que el fallo de la Corte Suprema que le revoca la condición de asilo no esté en firme, ella goza de total libertad en el país.
Es una asilada del gobierno panameño, estatus concedido por el presidente Ricardo Martinelli a través del Decreto Ejecutivo No. 301 del 19 de noviembre de 2010. Los detalles del fallo no son públicos aún, tampoco oficiales, pero a la prensa se ha filtrado la esencia; se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo, y ésto ha sido suficiente para que el gobierno del vecino país movilice a una delegación a Panamá para formalizar los trámites de la posterior extradición, o deportación de Hurtado.
Para quienes comen ansias por ver la escena de Hurtado frente a los tribunales no hay muy buenas noticias. Una serie de pasos previos deben ocurrir. No existe un tiempo exacto para que Harley Mitchell, magistrado ponente del fallo, colecte las firmas de todos sus pares, se publique la resolución que formaliza el documento, se notifique a las partes, se proceda a la ubicación de Hurtado, se le detenga y se cumpla con el proceso de extradición o deportación.
Mientras, Hurtado podrá continuar en Panamá, sin ningún tipo de restricción judicial. El paradero de la exjefa de la inteligencia colombiana, es desconocido. Hace pocos días abandonó su residencia ubicada en el barrio de la Alameda en busca de un nuevo refugio. Las autoridades panameñas todavía no han tenido la necesidad de ubicarla, así que desconocen en qué parte se encuentra.
Para apresurar el paso a este proceso, el gobierno de Juan Manuel Santos envió a Francisco Echerverry, fiscal de asuntos internacionales de la fiscalía General de Colombia, a Panamá para que con la diplomacia de Angela Benedetti, embajadora de éste país en el istmo, logren obtener más detalles acerca del histórico documento de la CSJ, y realizaran una serie de entrevistas ayer con el fin de agilizar el proceso y conocer detalles del fallo de la CSJ, que solo conocen los propios magistrados.
LA BOLETA ROJA
En horas de la mañana Echeverry, y Benedetti visitaron la sede de la Interpol en Panamá supuestamente para activar la boleta roja contra Hurtado y su posterior captura. “El mayor obstáculo que existía era el asilo, que ya fue removido. Esperamos que acepten la orden de captura internacional”, señaló Echeverri, a noticias RCN.
Pero a pesar de que la fiscalía colombiana solicitó este fin de semana a la Interpol, emitir una circular roja contra Hurtado que permita su captura cualquier parte del mundo, la procuradora Ana Belfon confirmó que hasta ayer no había recibido orden alguna para la captura o detención de María Del Pilar, más bien parecía ajena a esa petición, o a saber el paradero de Hurtado.
Aunque Interpol Colombia recibió la solicitud de la fiscalía, la misma se encuentra en estudio, razón por la que en Panamá es posible que sus representantes no cuenten con una orden oficial para proceder a capturar a la exjefa de inteligencia.
MISIÓN OFICIAL
La visita de Echeverry y Benedetti continuó en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se reunieron con un representante de ésta institución con el fin de formalizar el pedido de extradición de Hurtado.
La cancillería es el conducto oficial que atiende y tramita las peticiones de otros países. No obstante, nadie en esta institución supo decir con quién se entrevistó la delegación colombiana ni cuál fue el resultado de la reunión considerando que el canciller Francisco Álvarez de Soto aterrizaba de gira por Europa e Israel que realizó desde hace una semana con el mandatario Ricardo Martinelli.
Más tarde, Echeverry acudió al Ministerio Público donde al ser llamado por su nombre de pila momentos en que la prensa lo acosaba se presentó como el escolta de la embajadora Benedetti. Ahí se reunió con la procuradora Ana Belfon por espacio de media hora.
Nunca ofreció declaraciones a los medios, los esquivó en todo momento, incluso hizo entrar al chofer del auto de la embajada al estacionamiento del edificio para evitar los micrófonos y la preguntadera de la prensa a su salida de la reunión. Así la libró.
El jueves, Ángela Benedetti, telefoneó al presidente de la CSJ José Ayú Prado entre otras cosas, para coordinar la visita de Echeverry y para conocer los detalles del documento. Ahí se concretó el final de la visita del representante de la fiscalía colombiana donde hizo su última parada, antes de retornar a Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia.
Sitio donde posiblemente encontró el sustento legal y el estatus del fallo que revocó el asilo a Hurtado.
La Estrella conoció que durante el proceso de votación hubo cuatro magistrados; Harley Mitchell, Oiden Ortega, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides, quienes discordaban con la posición de los magistrados Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano (suplente de Alejandro Moncada Luna), Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León), y el magistrado Gabriel Fernández (suplente de José Ayú Prado) que defendían la constitucionalidad del asilo, sin embargo, adoptaron otro parecer y favorecieron la opinión de los primeros. Harry Díaz, el noveno integrante de la corporación salvó su voto.
El argumento del texto se basa en el artículo 4 de la Constitución panameña que establece que Panamá acatará las normas internacionales, y es precisamente la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 ,de la que Panamá es signataria, la que en su artículo tercero pudo dar argumentos sobre la decisión de los magistrados.
SIGUE EL ASILO
Cuando culminó la reunión Belfon explicó a los medios sobre la situación de Hurtado y lo conversado con los colombianos; “ en este momento no tenemos la información formal toda vez que el fallo está circulando en la CSJ, de manera que una vez que se cumplan con los procesos legales, el país vecino debe formalizar la solicitud de extradición” dijo.
La procuradora añadió que los colombianos pretendían conocer la situación real de Hurtado y que la cita fue útil para intercambiar información, sin embargo, la delegación no efectuó solicitud formal ante este despacho ya que debe hacerse ante la Cancillería de la República.
La procuradora indicó que el de Hurtado se tratará de un proceso mixto; es decir de una deportación y extradición, y que una vez finalice el detalle procederá a cumplir con el procedimiento como lo ordena la CSJ, pero para “esto no hay un tiempo definido”.
Belfon no está lista para emitir conceptos sobre una investigación de oficio al funcionario que firmó el asilo a Hurtado, prefiere esperar las pruebas que se adopten en el proceso, acotó.
SOBRE EL ASILO
La figura del asilo es potestad del país asilante, no del requiriente, por tanto la decisión de revocarlo es le compete al otorgante. Dicho ésto, quienes gozan de esta condición cuentan con un derecho especial, por tanto, al momento de retirarlo debe existir una causal nueva que no existía al momento en que se concedió el asilo.
En tanto, María del Pilar Hurtado, al perder su condición privilegiada el Estado Colombiano puede solicitar nuevamente la extradición por los delitos que se le persigue en ese país que se resumen en; concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción, y falsedad ideológica en documento público.
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