El problema más serio: las pandillas

A pesar de contar con toda la voluntad de implementar un programa de amnistía que motive a los delincuentes a dejar las armas, la administración de Juan Carlos Varela se enfrenta a uno de los retos más amenazantes en el futuro de la seguridad del país: las pandillas.

Así lo refleja el más reciente informe del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de Friedrich Ebert Stiftung que, en el caso de Panamá, advierte de que el problema más serio en materia de seguridad radica en los grupos juveniles delincuenciales que ven en las pandillas un modus vivendi que les representa un ingreso seguro, y los mantiene distantes de un trabajo que les brinde un ingreso digno y permanente.

El problema se agrava por la falta de una política gubernamental estructurada en prevención. Existen programas, sí, que intentan enfocarse en las poblaciones en riesgo, por ejemplo, el Programa de Seguridad Integral (PROSI). Sin embargo, a pesar de que se han invertido más de $25 millones en los últimos 3 años, los resultados de este programa no cuentan con un sistema de medición verificable. Las políticas preventivas no parecen surtir efecto en la población necesitada.

Un trabajo de campo de La Estrella de Panamá corroboró que las instituciones relacionadas al tema de prevención y resocialización de pandillas trabajan en forma aislada una de otra. En la investigación se halló que la labor de estos funcionarios se concentra, mayoritariamente, en oficinas refrigeradas, muy poco en las calles de los barrios, se notó un vacío en el seguimiento a los jóvenes que desertan de las escuelas, en cambio los pandilleros cuentan con un gran talento para identificar a estos jóvenes como futuros integrantes de su organización.

DIAGNÓSTICO
En los últimos cinco años, se han contabilizado 7,500 pandilleros agrupados en 192 organizaciones, así lo estiman las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

El informe de la situación de la seguridad en Panamá, según la fundación Friedrich Ebert Stiftung, revela que estos grupos delincuenciales tienen más resistencia a participar en los programas gubernamentales como alternativas para abandonar las armas, en parte, porque la incidencia de los programas no suele ser sostenida, sino de carácter temporal.

Los muchachos entre 13 y 14 años que integran las pandillas no muestran interés en la oferta gubernamental, en cambio, sí atrae a los mayores de 18 años, los pandilleros “fríos”, que encuentran en estas oportunidades temporales una salida o un refugio a su situación.

Las pandillas, según el estudio, se han extendido por todo el territorio y la lucha por obtener y defender sus zonas cobra muchas vidas. Las estadísticas registran que en el 2012 fueron asesinadas 364 personas de entre 20 y 34 años.

Los vínculos de los grupos pandilleros con organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico han engrosado el poder de las pandillas; el crimen organizado paga cuantiosas sumas de dinero por transportar, “encaletar” o cuidar la droga.

Un factor que complica el problema aflora al escarbar en el seno de las familias de estos muchachos, donde se evidencia una aceptación cultural de la actividad delincuencial. Una legitimación de la conducta delincuencial a cambio de un sustento económico. El concepto de familia se trastoca al momento en que el adolescente tiende a convertirse en jefe de familia.

Los perfiles de mayor conflictividad provienen de madres adolescentes, así lo detectó una investigación de campo efectuada por el PROSI. Muchos de esos muchachos nacieron de madres adolescentes que se convierten en abuelas a los treinta años, y en bisabuelas a los cincuenta, lo que habla de la profundidad a la que se debe actuar en las políticas de prevención del crimen.

El anuario del 2013 publicado por Friedrich considera imprescindible la atención terciaria para atacar el problema pandilleril, pues, en la mayor parte de los casos, sus líderes envían instrucciones desde la cárcel.

JUSTICIA Y SEGURIDAD
Una de las causas de mayor preocupación es la falta de interés de los gobiernos de turno en solucionar la crisis de la justicia.

El informe resalta la coexistencia de dos sistemas de justicia en un mismo territorio; el inquisitivo y el Penal Acusatorio (SPA). Al respecto, alertan que sería un fracaso la extensión del SPA sin un presupuesto adecuado para su funcionamiento.Destaca con preocupación la fuga de profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prefieren migrar al sector privado en busca de mejores salarios, y subraya el recorte presupuestario que sufrió el Órgano Judicial, que el año pasado recibió $11 millones menos que la partida anterior.