No existen. Los videos que servirían al exjuez Alexis Ballesteros como prueba de que entró a los despachos de los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz para recibir instrucciones del Ejecutivo con el propósito de que fallara a favor de allegados al expresidente Ricardo Martinelli, ya fueron borrados.
Así lo especifica una nota firmada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado con fecha del 14 de agosto en la que dio respuesta a La Estrella de Panamá, después de haber intercambiado una serie de notas con le propósito de conseguir el informe técnico que acreditaría las causas de los daños del equipo de video vigilancia de las cámaras ubicadas en los pasillos de los despachos de los magistrados en mención.
Antes, en abril del corriente, Ayú Prado respondió al abogado Alberto Reyes, entonces defensa de Ballesteros, que las grabaciones de los días 24, 25, 26 de febrero no se visualizaban por fallos en equipo.
El jurista, solicitó las grabaciones de toda una semana del mes de febrero (24, 25, 26, 27 y 28) para robustecer una denuncia de su cliente que presentó ante la Asamblea Nacional (AN) - y que finalmente fue archivada por los diputados-contra los magistrados Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz, Alejandro Moncada Luna, el mismo Ayú Prado y Salomón Shamáh -entonces Administrador de la Autoridad de Turismo- por tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos.
Ayú Prado sabía que él estaba denunciado en la AN, dijo Ballesteros al enterarse de la noticia y, añadió que las grabaciones “consisten en una prueba de vital importancia” reaccionó Ballesteros. Agregó que Ayú Prado incurre en nuevos delitos además de los enunciados: “obstrucción y destrucción de evidencia” indicó. Los daños a que se refiere Ayú Prado ocurrieron justo los tres primeros días de la semana en cuestión, fechas en las que Ballesteros dice haber sido citado a los despachos de los magistrados Sáenz y Mendieta. En cambio, Ayú Prado entregó dos discos ópticos que supuestamente tenían las grabaciones del 27 y 28 de febrero.
¿Casualidad? No. Respondió Ayú Prado en una entrevista telefónica sostenida con La Estrella de Panamá a finales de abril en la que reconoció que Reyes solicitó los videos “como una prueba para un asunto”. En la misma entrevista dijo que el “informe técnico de las fallas estaba muy bien detallado en el departamento correspondiente”.
En base a esta respuesta, desde mayo pasado, La Estrella de Panamá intercambió 9 cartas con Ayú Prado en las que intentó obtener respuesta a puntuales inquietudes como por ejemplo; copia autenticada del reporte de los daños que presentaron los equipos, nombre del funcionario o técnico que se hizo cargo de rehabilitar el sistema, y en qué consistían los daños.
Sin embargo, las contestaciones de Ayú Prado no proporcionaron datos exactos a pesar de que meses atrás dijo que existía un “reporte detallado” de estos desperfectos en el departamento correspondiente.
En la penúltima nota que respondió a este diario Ayú Prado, calendada el 14 de julio, indicó que “el sistema de video vigilancia de todo el edificio Gil Ponce presentaba en gran parte de su equipo problemas en lo concerniente a las fuentes de poder, batería y falta de sincronismos desde hace varios meses atrás a las fechas referidas ( 24 al 28 de febrero).
Cuando La Estrella insistió en conocer el detalle de estos daños y recordó las declaraciones ofrecidas vía telefónica, Ayú Prado respondió el 14 de agosto que “las vistas grabadas de esos días por las cámaras en cuestión ya fueron borradas por el DVR (Digital Video Recorder)”.
Con respecto a las fallas del sistema remitió a la respuesta ofrecida en la nota del 14 de julio. No obstante, en las cartas no se revelaron los nombres propios de los funcionarios que detectaron los daños, o la persona que puso nuevamente en funcionamiento el equipo, las fechas exactas que se registraron las afectaciones, cómo se detectó, cuánto tiempo duró el aparato sin grabar, etc.
Según Ballesteros, Ayú Prado “tenía que haber dado la orden como presidente de la Corte al departamento de seguridad para que guardaran una copia o los mismos videos porque es claro que si el sistema cada cierto tiempo “borra” los videos debía contar con una copia”.
Magali Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, y Corporación La Prensa solicitaron una investigación interna por posibles actos de corrupción judicial que abarcara más allá de una falta disciplinaria sino como una falta a la ética judicial.
Castillo también reaccionó a la novedad: “nadie les va a creer que las cámaras de video de vigilancia estaban dañadas para esos días. Si estaban fuera de servicio, debe haber una empresa que lo certifique. Creo que esas grabaciones ya fueron destruidas. Es una pena. Lo que no van a poder desaparecer es la convicción que tenemos muchos ciudadanos de que se dio manipulación de la justicia en este y otros casos” acotó. A las denuncias de Ballesteros le siguieron su destitución, sin un debido proceso, como juez Cuarto del Circuito Penal.
La Corte abrió un expediente disciplinario que quedó en manos del magistrado Harry Díaz, pero según informó ordenó su cierre ya que toda queja administrativa requiere que el quejoso se ratifique y aporte pruebas, y ésto no ocurrió. Sáenz y Mendieta negaron que dieron ordenes o presionaron al exjuez Ballesteros.
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