De contratos, adendas y cesiones

En junio de 2012, el Ministerio de Seguridad decidió culminar administrativamente el contrato

En el año 2008, el gobierno del expresidente Martín Torrijos otorgó en forma directa un contrato para la reparación de cinco helicópteros Bell modelo 212 a la empresa canadiense Hellitech Support Services. Aún cuando el Gobierno conocía de las dificultades económicas por las que atravesaba la empresa, en el año 2010 el Ministerio de Seguridad (Minseg) insistió en hacer una adenda por un monto mayor al pactado inicialmente, con una empresa de distinta razón social, HSS Hellitech Research Services, pero manejada por el mismo grupo empresarial. Solo se entregó un helicóptero, el AN-120.

En junio de 2012, el Ministerio de Seguridad decidió culminar administrativamente el contrato con la empresa Hellitech Support Services, por incumplimiento. En noviembre, el Minseg cedió el contrato a American Airparts, empresa que no cuenta con la certificación de un taller autorizado por Aeronáutica Civil para efectuar trabajos de reparación mayor.

El procedimiento habitual de contrataciones requería que una vez culminado el contrato con Hellitech Support Servicies el Minseg procediera a cobrar la fianza de cumplimiento del contrato, o en su defecto, buscar otra empresa que culminara los trabajos.

Ninguno de estos procedimientos fueron seguidos. El Minseg no reveló si cobró la fianza, dinero que debió depositar a la cuenta del Tesoro Nacional. La afianzadora tampoco contrató una nueva empresa. El Minseg obvió una licitación, y no celebró un contrato nuevo con una tercera compañía.

El exministro del Minseg, José Raúl Mulino, cedió el contrato en forma directa a la empresa American Airparts, que asumió todos los derechos y obligaciones del contrato No. 11-2012. Además, el ministro efectuó una nueva adenda que incrementó en casi cinco millones de dólares la reparación de un helicóptero (AN-121) que se pagó a Hellitech Support Services.

La ley 22 que dicta los procedimientos de contrataciones públicas, autoriza al Consejo de Gabinete a efectuar contrataciones directas en materia de seguridad del Estado. Pero, el Minseg no celebró un contrato nuevo: lo cedió directamente a una empresa que a la fecha no ha entregado ninguna nave en condiciones aeronavegables.