La Procuradora de la Nación Ana Belfon manifestó que la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro está en riesgo si la Asamblea Nacional no aprueba el presupuesto solicitado para el próximo año.
Belfon espera que los diputados de la comisión de Presupuesto le aprueben los $150 millones que considera necesarios para este propósito. De lo contrario, afirma, la consecuencia es la no implementación del SPA.
Pero las noticias no fueron muy alentadoras para Belfon. En previas citas con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, le recomendaron bajar sus aspiraciones unos $ $86 millones. La plata es limitada y hay que ceñirse a lo que hay.
“Solo el día de ayer recibimos el informe de la situación del edificio de Chiriquí, se requerirán mas de 3 millones para su construcción porque las paredes del edificio deben eliminarse y prácticamente hay que volver a hacerlo. Es una de las prioridades en el presupuesto de este año”, dijo Belfon.
La ejecución del SPA requiere de nuevos nombramientos, capacitación, muebles nuevos, adiestramiento y los nuevos edificios. Belfon también dejará a su sucesor, si logra un presupuesto óptimo, la construcción de los edificios del Primer Distrito Judicial en Panamá, que tiene un costo de $40 millones de los cuales $5 millones se deberán adelantar para iniciar la edificación el próximo año. También se tiene contemplada la terminación de un nuevo edificio en Colón y otro en la provincia de Bocas del Toro.
MEDICINA LEGAL
Quien ha pasado las de Caín es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). Se considera la cenicienta del sistema judicial pero, con el SPA toma un papel beligerante en las piezas de investigación criminal. Encargados de aportar la parte científica y respaldar las evidencias en los casos criminales, el Imelcf solicitó a los diputados un presupuesto de $52,2 millones a pesar de que el MEF les recomendó $30 millones.
“Con este dinero el instituto se sentiría amarrado de manos. Si ya enfrenta una crisis por los bajos salarios de peritos que han optado por mejores ofertas en el sector privado, la institución corre el riesgo de no funcionar como debe ser ante los retos de la implementación del SPA el próximo año” dijo Humberto Mas, director de la entidad. En este renglón hay se requiere invertir en reactivos, personal, aumento de salario, reforzamiento de los aparatos, entre otras cosas.
Mas explicó que en caso de que no se apruebe el presupuesto estimado, “continuarán trabajando con lo que les toque, pero no compensaría, sería un paliativo después de estar trabajando con las uñas”. Por ejemplo, el Imelcf cuenta con 6 auditores forenses a nivel nacional que deben de ocuparse de todos las casos. Evidentemente no se dan a basto. La contratación de nuevos profesionales requiere de un dinero extra, y en estos momentos no lo tiene.
El presupuesto del Estado para el próximo año asciende a 19,566.4 millones que tendrán que repartirse entre todas las instituciones y direcciones en el país.
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