Un mes para decidir caso Pérez Balladares

Ayer, en horas de la mañana, se celebró la audiencia de casación por el presunto delito de blanqueo de capitales contra el exmandatario Ernesto Pérez-Balladares y otras 14 personas.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó a los magistrados Harry Díaz, ponente, Abel Zamorano (suplente de Alejandro Moncada Luna) y Gabriel Fernández (suplente de José Ayú Prado), que reviertan el fallo del segundo Tribunal que sobreseyó provisionalmente a los señalados y se llame a juicio.

Roberto Moreno, fiscal especializado contra la delincuencia organizada, argumentó que Pérez-Balladares y las otras 14 personas tenían un esquema para blanquear millones de dólares (nunca especificó cantidad). Para este propósito, utilizaban a personas naturales, entre ellos a un vendedor de mariscos, al salonero y al chofer del expresidente, quienes firmaban cheques y transacciones bancarias de las sociedades anónimas, Lucky Games y Shelf Holding. La primera era controlada por el yerno del exmandatario.

Según el fiscal, a través de una maraña de depósitos, retiros de dinero en efectivo y otras transacciones bancarias, se pretendía borrar el origen de los dineros provenientes de la empresa Lucky Games -que se hizo de una concesión de juegos de azar en 1996, durante el mandato del expresidente-. La Fiscalía sustenta que en esta concesión hubo desviación de poder en beneficio de allegados del exmandatario. “Un esquema clásico de lavado de dinero” dijo el fiscal.

Sin embargo, el grupo de 4 abogados de la defensa, argumentó que los peritajes o auditorías financieras solicitadas por el Ministerio Público han demostrado que los dineros tuvieron un origen lícito y que no se encontró evidencia contable que respalde el delito de blanqueo.

Los abogados refutaron que se haya favorecido a Enrique Pretelt con la concesión de juegos de azar, ya que el contrato tiene la firma de la Junta de Control de Juego, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y no de la Presidencia. De acuerdo con la defensa, el contrato de concesión estuvo en regla, por lo que no hubo desviación de poder, como aduce la Fiscalía.

La defensa manifestó que la Fiscalía no ha podido probar el delito de blanqueo de capitales porque los dineros que manejaban las empresas eran lícitos y, para acreditar un crimen de esta naturaleza, se requiere que el dinero proceda de un delito. La defensa agregó que la Unidad de Análisis Financiero nunca emitió una alerta por movimientos bancarios sospechosos.

Los magistrados tienen un mes para decidir si ratifican el sobreseimiento provisional o llaman a juicio.

A la audiencia asistieron Carlos Pérez Herrera, presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, Mitchell Doens y Francisco Sánchez, del mismo colectivo.