Corte da luz verde a investigación penal contra Martinelli

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso, de forma unánime, abrir causa penal contra el expresidente Ricardo Martinelli y solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero electoral del también diputado del Parlamento Centroamericano, y presidente del partido Cambio Democrático.

De esta forma, la CSJ iniciará una investigación contra Martinelli siguiendo los procedimientos del Sistema Penal Acusatorio sustentado en la causa penal remitida por la Fiscalía Anticorrupción, que envió una copia autenticada del expediente que contiene las pesquisas en relación a compras supuestamente fraudulentas del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La acción de la CSJ surge luego de que el exdirector del PAN Giácomo Tamburrelli mencionara al exmandatario y le atribuyera responsabilidades en las compras y contrataciones realizadas por el PAN.

Seguidamente, el pleno designó al magistrado Oydén Ortega, ponente del proyecto, como fiscal de la causa, según acuerdo previo de los magistrados. Por votación del pleno, el magistrado Jerónimo Mejía, de la Sala Penal, fue nombrado juez de garantías.

A mediados de enero, el expediente de la Fiscalía quedó en manos del magistrado Ortega, de la Sala Civil, quien ya había conocido de la querella interpuesta por el profesor Juan Jované contra el exmandatario por presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad. Sin embargo, este último fue desestimado como querellante por no ser parte agraviada en el proceso.

En la sesión del pleno extraordinario de ayer, participaron los nueve magistrados, incluyendo el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, designado por Martinelli en el cargo. Ayú había solicitado una licencia el 28 de enero, pero decidió volver al pleno y participar en la votación y discusión del proyecto.

El magistrado Luis Ramón Fábrega, también nombrado por Martinelli como magistrado de la CSJ, se había declarado impedido. Argumentó ilegalidad en su actuación porque su hermana, María Fábrega, formó parte de la Junta Directiva del PAN, pero el pleno no lo aceptó.

El siguiente paso de la CSJ será solicitar formalmente al Tribunal Electoral que levante el fuero electoral al exmandatario.

El constitucionalista Juan M. Vásquez analizó el tema: “La ley 55 del 2012 establece plazos de dos meses para la investigación. Mejía y Ortega, por tanto, serán quienes controlen la dinámica del proceso, pero este tiempo inicia hasta que el TE levante el fuero. De lo contrario, se incurriría en un vicio de nulidad”.

Vásquez recordó la reciente denuncia interpuesta por Ernesto Cedeño, cuyo trámite correspondió a Ayú Prado. Este, añadió Vásquez, solicitó en sala unitaria el levantamiento del fuero a 34 diputados de la Asamblea. “Esto provocará una discusión sobre la forma en que debe ser abordado el tema”.

“Lo que trata de hacer Martinelli es llevar el tema al Parlacen, confiando en un terreno distinto al nacional para centrar la batalla. Ha planteado un conflicto legal y le da alas para venderse como víctima y perseguido político y, eventualmente, buscar una condición de asilado”, observó Vásquez.

Mientras tanto, la Contraloría General ordenó la suspensión provisional de funcionarios de alta jerarquía del PAN para iniciar una investigación con referencia a contratos refrendados por dichos funcionarios.

La nota indica que un análisis ordenado por el contralor Federico Humbert al Sistema de Seguimiento y Fiscalización de Documentos de la Contraloría concluyó que el jefe de este departamento en el PAN refrendó órdenes de compra en las que es evidente la coincidencia entre el objeto de la orden, el proveedor y las fechas en que fueron aprobadas”.

El apoderado del expresidente presentó un recurso ante la CSJ para que se respete el debido proceso con su cliente, “la Directiva del Parlacen debe ser quien levante el fuero del que goza el expresidente”, dijo Sidney Sittón.