El expediente que abrió la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el que se menciona al exmandatario Ricardo Martinelli pasó a manos de la Corte. Así lo confirmó a La Estrella de Panamá el departamento de relaciones públicas de este Órgano del Estado.
El reparto de este expediente podría efectuarse el viernes. Pero también existe la opción de que se acumule con la querella interpuesta contra Martinelli por Juan Jované. Expediente que está en manos de Oyden Ortega. Jované denunció al exmandatario por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Por otra parte, el departamento de relaciones públicas de la Corte informó que el magistrado Oyden Ortega solicitó a la procuradora Kenia Porcell un informe sobre las declaraciones del exdirector del PAN Giácomo Tamburelli. Ortega podría solicitar la acumulación del expediente.
La fiscal considera que hay serios indicios en el expediente para que se investigue al exmandatario.
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional también envió a la Corte los expedientes 146 y 147 relacionados a las escuchas telefónicas. Según esta comisión, es la Corte quien debe seguir con esta investigación debido al estatus de expresidente de Martinelli.
En este sentido, la Constitución Política de la República 155 “Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema, por la presunta comisión de un acto delictivo o policivo”.
Mientras que el tratado constitutivo del Parlacen, dice que sus diputados gozan de las mismas prerrogativas de los diputados de sus respectivos países.
La única protección de que goza Martinelli es el fuero electoral como presidente de Cambio Democrático, el cual cesa tres meses después que cierra el periodo electoral que no concluye hasta que se resuelvan las impugnaciones electorales.
Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral opina que el “Parlacen estaría dispuesto a levantar el velo a Martinelli para limpiar esa percepción de ser una cueva de ladrones, y por otra parte, para no quedar mal con Panamá” que infructuosamente trató de desprenderse de este esenario en el 2010.
Hoy los magistrados de la Corte podrían discutir el tema durante la sesión del Pleno. La ley otorga a los magistrados diez días para admitir o rechazar la petición de la Fiscalía.
Ricardo Martinelli calificó la estrategia jurídica como una persecución política. En su clásica forma de pronunciarse, un twitter, escribió: “El tiempo me dará la razón. Si me callan a mi te van a callar a ti igual. Aquí solo hay persecución política y no impera el debido proceso”.
El artículo 206 numeral 3 de la Constitución detalla que la Corte tiene entre sus atribuciones investigar a los diputados para este efecto comisionará a un agente de instrucción y sus decisiones son inapelables.
El magistrado ponente deberá elaborar un proyecto de fallo. En caso de que el resto de sus colegas concuerden con la opinión del ponente, se aprueba. Si existen más de dos observaciones se discute en el pleno, si la mayoría sigue de acuerdo se convierte en fallo.
En caso de que haya cinco votos en contra del proyecto, el ponente pierde la ponencia y se traspasa al primer observante para que contraproyecte. Quienes estén en desacuerdo podrán salvar su voto.
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