Más de un centenar de personas fueron espiadas en la administración Martinelli

El nuevo secretario general de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez, reveló a La Estrella de Panamá que Isabella Stanziola, quien acudiera a los medios esta semana para denunciar a Gustavo Pérez como uno de los responsables del espionaje telefónico realizado durante el pasado gobierno, se había presentado anteriormente a la Procuraduría General para conversar con la fiscal Lizzett Chevalier.

Según Rodríguez, Stanziola acudió a la fiscalía el 23 de diciembre, y posteriormente, el 29, para hacer una ampliación de su declaración y solicitar protección.

Stanziola también denunció a Pérez como supuesto autor de una serie de amenazas en su contra. De acuerdo con Stanziola, Pérez había viajado a Israel por diez días en el año 2013, para recibir entrenamiento en el manejo de equipos para escuchas.

“A la testigo se le escuchó por las denuncias que hizo, pero estas no tienen validez como prueba en relación a los pinchazos, sino como amenazas recibidas por la información o datos que posee”, dijo Rodríguez.

Stanziola, según Rodríguez, aún no ha revelado qué tipo de información tiene en relación a los pinchazos.

Stanziola dijo en la fiscalía que siente temor de Gabriela Miró, abogada de Gustavo Pérez, a quien responsabiliza de ser el autor intelectual de sus amenazas, dijo Rodríguez.

Ante estas denuncias, Pérez respondió que Stanziola miente y que sus abogados “están tomando cartas en el asunto”, pero no quiso dar el nombre de los abogados que toman acciones en contra de Stanziola y tampoco brindó detalles de la estrategia legal que empleará.

HABLA LA EMBAJADA
El embajador de Israel en Panamá, Alexander Galilee, envió un comunicado en el que también refuta las versiones de Stanziola.

Galilee aclara que la presencia de Pérez obedeció a su participación en el décimo Seminario Anual Internacional de Manejo de Crisis en casos de Desastres Naturales, realizado en Tel Aviv, del 6 al 10 de octubre de 2013.

ESPIONAJE DE GOBIERNO
Las revelaciones de Stanziola revuelven la tesis de que en el pasado quinquenio, el gobierno utilizó equipo israelí para espiar a los ciudadanos panameños de forma ilegal.

Además de las conversaciones telefónicas, pudieron haber sido intervenidos los chats, correos electrónicos y otras formas de comunicación. Existen sospechas de que al menos 150 personas fueron espiadas sin la debida autorización judicial, informó una fuente a La Estrella de Panamá.

Las intervenciones se habrían hecho a través de dos equipos adquiridos por el Estado, asegura la fuente. El primer equipo, una máquina de escuchas telefónicas y otras funciones de espionaje, fue adquirido en 2010 a un costo de $13.4 millones. Cuatro meses antes de las elecciones de mayo de 2014, se compró un segundo equipo mucho más moderno, capaz de acceder en tiempo real, a través de internet, a conversaciones que con los programas de la primera máquina era imposible. Hoy se desconoce el paradero de ambos equipos.

De acuerdo con la fuente, entre las personas espiadas se encontraban ministros del gabinete de Ricardo Martinelli, sus esposas, hijos y amantes, banqueros, comerciantes, abogados, opositores políticos y miembros de su propio colectivo, además de periodistas. Con la información obtenida de las escuchas, según la fuente, el expresidente Martinelli chantajeaba a las víctima.

EQUIPO NO DEJA HUELLAS
Probar que el Estado es el responsable de las intervenciones sería muy difícil por medio de la tecnología, reveló a La Estrella de Panamá un perito especializado en sistemas de escuchas como el adquirido por el gobierno.

“El aparato no deja huella al interceptar una comunicación. Solo un oído muy entrenado podría escuchar al fondo un eco, algo que con los aparatos más modernos ni siquiera se escucha; la conversación puede resultar clara y prístina”, manifestó el técnico especialista en estos aparatos.

La única forma de validar la sospecha de haber sido intervenido es que lo confirme la persona que operó el equipo o copias de las órdenes para hacerlo.

En este caso, aunque normalmente es lo primero que destruyen los autores intelectuales, “existen pruebas”, confirmó la fuente.