Los hechos ante un nuevo escenario judicial

Muchas cosas han cambiado desde que el expresidente Ricardo Martinelli salió del país rumbo a Guatemala, el pasado miércoles 27 de enero.

El viaje iniciaría con una pequeña discusión, en el Parlamento Centroamericano, sobre la diferencia entre inmunidad e impunidad. Esta aclaración lo obligó a tomar vuelo con rumbo desconocido.

La venganza es un plato que se sirve frío, dirían aquellos que fueron víctimas del chantaje, amenazas, pinchazos y coacciones en tiempos recientes.

Quienes antes se sentían amenazados, hoy son los protagonistas de la olla de grillos que emana de las compras del Programa de Ayuda Nacional, que, aseveran, actuaron presionados por el entonces mandatario Ricardo Martinelli.

María Del Pilar Hurtado, experta en pinchazos telefónicos, perdió su condición de asilada y adquirió la de ilegal. Al verse buscada por Interpol, no tuvo otra alternativa que entregarse a las autoridades.

Mayté Pellegrini, acusada de fraude en el caso Financial Pacific, logró que el juez Segundo de Circuito le concediera arresto domiciliario, un recurso impensable meses atrás.

Dando un giro en relación a sus recientes fallos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos nombrados durante la administración Martinelli, decidieron, en forma unánime, solicitar al Tribunal Electoral levantar el fuero penal electoral e iniciar una investigación contra el expresidente por su presunta responsabilidad por la malversación de cientos de millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Los cambios empezaron a suceder con rapidez a partir de que tomara posesión de su cargo la nueva procuradora, Kenia Porcell, en enero de este año. Días después, dos exdirectores del Consejo de Seguridad fueron apresados por espiar a cientos de personas sin justificación judicial.

Desde entonces, hubo quien perdió el miedo a hablar y, otros, que se encontraban en la misma situación, le siguieron el paso.

En el caso Financial Pacfic, se presentan coyunturas particulares; en el Ministerio Público ha removido a los fiscales denunciados por cometer irregularidades mientras, la acusada, Mayte Pellegrini, ampliaba su indagatoria y decia que fue obligada a retractarse de sus primeras declaraciones a cambio de la libertad de sus familiares.

Hay que agregar el frustrado negocio del grupo brasileño Mendo Sampaio con la compra de la casa de valores a finales del mayo de 2013. Lejos de hacer crecer la empresa, la Superintendencia del Mercado de Valores trató infructuosamente su reorganización. Finalmente optó por la liquidación. En el camino, interpuso contra los nuevos accionistas siete querellas que involucran diversos posibles delitos financieros, de lavado de dinero y otros.