Partida extraordinaria será repartida en varios rubros

La partida extraordinaria de doce millones de dólares recientemente aprobada por la Asamblea Nacional en beneficio del Ministerio Público tiene un uso claramente definido.

Una parte de estos dineros se destinarán a la equiparación del salario de algunos funcionarios del Ministerio Público que ganan menos de mil dólares al mes. “Son personas que tienen la carga más pesada de la institución”, justificó la procuradora Kenia Porcell a los diputados de la Comisión de Presupuesto durante la sustentación de la partida extraordinaria.

Según Porcell, un citador, que gana $400 al mes, debe salir a diario a buscar testigos para casos específicos. De no ubicarlos, el expediente podría ser archivado en perjuicio de la víctima.

Otro rubro de la solicitud guarda relación con el Sistema Penal Acusatorio, que se implementa este año en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. En septiembre, estas regiones, que tienen la mayor incidencia de delitos, instalarán sus fiscalías de descarga, que requieren de nuevo personal. También se proyecta la creación de fiscalías en las áreas indígenas, según Porcell.

Un tercer destino de los dineros es el pago de pasivos laborales. Según Porcell, hay una larga lista de funcionarios que se mantienen esperando el pago de sobresueldos adeudados.

Con el presupuesto extraordinario solicitado, se crearán tres nuevas fiscalías anticorrupción que atenderán la complejidad de los casos recientes, que requieren de personal especializado. Según Porcell, hasta el momento el personal de estas fiscalías se ha apoyado en unidades de la Dirección de Investigación Judicial, quienes dan orientación en relación a los delitos financieros. En adición, se contempla una fiscalía antipandillas. Las investigaciones muestran que la estructura de las pandillas está apoyada por adultos que presionan a los jóvenes a cometer asesinatos por encargo y a dar soporte a los carteles que trafican drogas y armas.

Un quinto punto detallado por Porcell es la compra de equipo para la Procuraduría, en específico dos carros fúnebres, ya que la multiplicidad de homicidios que se registran en el país impide la actuación sensible en el levantamiento de los cuerpos, que generalmente permanecen hasta cuatro y cinco horas tendidos en el lugar en que ocurrió el homicidio.

Adicionalmente, con el dinero se pagarán algunas deudas de la institución, entre ellas algunas obligaciones contraidas por traducciones.

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría, señaló que en los casos de corrupción que atienden las fiscalías especializadas, “estamos trabajando con las auditorías que envía la Contraloría al Ministerio Público”.

Agregó que “no existe interés político alguno en estas investigaciones, aunque los delitos contra la administración pública tienen una incidencia política porque generalmente los imputados son exfuncionarios del Estado”. Rodríguez explicó que hay casos que requieren de una tramitación muy compleja.

Como ejemplo, mencionó el expediente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que consta de más de 100 tomos y debe ser atendido por una sola fiscalía, que además, lleva otros procesos.

“Las fiscalías no se dan a basto”, enfatizó el secretario general.