La Comisión de Credenciales guarda varias denuncias contra el Presidente de la Corte sin tramitar, algunas tienen un año
Las personas que se querellaron contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado se encuentran molestas por la poca o nula atención que ha destinado la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional a estas denuncias.
Contra Ayú Prado reposan varias denuncias en el escritorio del presidente de la Comisión Luis Barría. Entre los señalamientos contra Ayú Prado sobresalen supuestos delitos de corrupción, abuso de poder, entorpecer la justicia y tráfico de influencias.
Algunas denuncias tienen más de un año, sin que hasta el momento surja una respuesta en firme de Barría.
Mariano Mena, uno de los querellantes, manifestó que ha efectuado no menos de 8 visitas a la Comisión para conocer el desarrollo de la denuncia; ha escrito a Barria; acudió personalmente a su despacho, pero según Mena siempre tiene la misma respuesta: “el caso está en análisis”.
Agrega el sindicalista que en varias ocasiones ha llamado y escrito chats a la diputada Ana Matilde Gómez quien le respondió que averiguaría el estatus de la querella, pero más nunca respondió. Según Mena, lo mismo ocurre cada vez que telefonea a la diputada Zulay Rodríguez. Ambas son miembros de la Comisión.
AMPLÍAN QUERELLA
Un caso similar ocurre con el exjuez Alexis Ballesteros quien acudió recientemente a la Asamblea para ampliar la querella que interpuso en marzo de 2014 contra Ayú Prado y los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Saenz, y Salomón Shamáh, ex ministro de Turismo (2009-14) por los supuestos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos.
El exjuez pretende que se incluyan como pruebas a su favor, una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá que describen el intercambio de notas entre este diario y Ayú Prado, a quien se le solicitó explicación técnica sobre los daños que presentaban las cámaras de vigilancia de la Corte que debieron registrar los momentos en que el exjuez ingresaba al despacho de sus superiores. Ballesteros denunció que Saenz y Mendieta lo presionaron para fallar a favor de allegados del exmandantario Ricardo Martinelli. Cuando éste se negó a seguir instrucciones, entonces Ayú Prado ordenó su destitución, según querella presentada.
Ballesteros solicitó los videos de seguridad que graban las cámaras de vigilancia de la Corte como prueba de su querella.
Ayú Prado entregó solo dos días de las grabaciones, 27 y 28 de febrero. Del resto, donde aparecía el exjuez, adujo que sufrió problemas técnicos.
En las notas que envió a este diario, Ayú Prado intentaba justificar los daños por variaciones en fluido eléctrico de la Corte. Después de meses, 14 de agosto de 2014, respondió que los videos solicitados fueron borrados.
OBLIGADA A RETRACTARSE
Mayte Pellegrini, acusada del desfalco de la casa de valores Financial Pacific, denunció que mientras que Ayú Prado ocupaba el cargo de Procurador de la Nación, ayudado por los fiscales Frank Torres y Ricardo Solís, la obligaron a retractarse de una primera declaración a cambio de su libertad.
Pellegrini había vinculado al entonces presidente Ricardo Martinelli con el caso Financial Pacific.
Acto doloso
Ayú Prado fue denunciado por corrupción y abuso de autoridad por el abogado Rosendo Rivera. El jurista recogió las declaraciones de César Segura, un florista que sembraba flores en un terreno valioso. El pedazo de tierra, avaluado en $11 millones, tenía otros ojos que lo miraban con interés: el grupo Btesh y Virzi, un consorcio de allegados al expresidente Martinelli. Según Segura mientras Ayú Prado fungía como Procurador, lo coaccionó para que devolviera el terreno a cambio de su libertad.
A NOMBRE DE...
El exabogado del mandatario Ricardo Martinelli, Rosendo Rivera, declaró a La Estrella de Panamá que en el año 2012 Ayú Prado resolvió un cuestionario a nombre de Martinelli. Agregó que esto ocurrió en el caso de la política Balbina Herrera procesada por divulgar correos electrónicos de Martinelli.
ABUSO DE AUTORIDAD
Mariano Mena, líder sindical, acudió a la Procuraduría de la Administración el 21 de noviembre de 2012 para denunciar al entonces procurador José Ayú Prado por delitos de abuso de autoridad y contra la fe pública en perjuicio de la administración pública.
Mena indicó que Ayú Prado ordenó la incautación de bienes y la destrucción de evidencias dentro del proceso penal que se le seguía a Rogelio Fraiz, a raíz de una denuncia formulada por Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, por el supuesto delito contra la seguridad informática.
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