Pandillerismo sin condenas desde el 2013

Hay 204 pandillas en el país, según el informe anual de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en voz del fiscal Nahaniel Murgas.

Las estadísticas de esta dependencia pública indican que en el año 2013 se investigaron siete casos de pandillerismo; un año después se abrieron 10 expedientes. Este año, los personeros de instrucción trabajan en 3 casos. También en el transcurso de 2015, se han aprehendido unos 200 supuestos pandilleros.

El año pasado, según Murgas, se desarticularon entre 10 y 12 pandillas, pero aún así, el censo de la fiscalía registra aumento del número de pandillas que operan en el país: en el año 2013 eran 200; en 2015, son 204.

La mayoría de los expertos apuntan a que el talón de Aquiles de la lucha contra el crimen organizado es la falta de certeza de castigo: entre los años 2013 y principios de 2015, ningún caso ha llegado a audiencia. No hay condenados.

Esto sucede porque “las audiencias se aplazan porque no se notifica a las partes; los abogados de los involucrados no comparecen o el expediente se demora en el sumario”, explica Murgas. Un caso de pandillerismo puede permanecer en el despacho de la fiscalía entre 6 y 7 meses.

De acuerdo con Murgas. “las pandilleros son como células de un cuerpo mayor que ellos; una vez detenidos, los pandilleros son reemplazados por otros que llenan las posiciones y siguen órdenes sus superiores”, dice.

Varias cabecillas han sido aprendidas y detenidas, dice Murgas. Sin embargo, los grupos organizados siguen trabajando para ellos, sin importar que se encuentren en la cárcel. Estos jefes actúan como autores intelectuales del grupo, contó el fiscal.

Una de los principales pistas seguidas por los investigadores de los casos de pandillerismo son los datos de incidencia delictiva y las zonas en que estas ocurren.

Es común ver a los instructores del Ministerio Público en los juzgados y otras fiscalías donde recaban información y antecedentes delictivos de los señalados, que usan para alimentar los procesos contra las pandillas; robos, hurtos, homicidios.

Estos datos permiten a las autoridades conocer los lugares donde las bandas operan y los grupos a los que pertenencen.

OPERATIVIDAD
“Los adolescentes son un reservorio para las pandillas; ellos alimentan la creación de nuevos de estos grupos delictivos”, indicó Jairo Samaniego, secretario general de la Fiscalía.

Los grupos de pocos miembros son utilizados por las cabecillas para cometer delitos menos sofisticados. Pero estas agrupaciones funcionan como extensiones de otras más grandes.

A su vez, estas pandillas compiten contra otras en términos de cantidad de miembros, dominio de territorio y operatividad; traslado, venta y compra de drogas.

Muchas de las pandillas sirven a grupos de narcotráfico de origen mexicano o colombiano, a los que ayudan moviendo la droga a través del territorio panameño. A cambio, reciben un pago en droga, armas o efectivo.

BARRIO SEGURO
A ocho meses de haber iniciado el programa “Barrios seguros”, que intenta sacar a los jóvenes de las pandillas para incorporarlos en la vida util, la Fiscalía no cuenta con una evaluación del impacto de estos programas en la incidencia delincuencial o la disminución de miembros de las organizaciones.

“Hace falta hacer un cruce de información con el Ministerio de Seguridad para que podamos determinar el número de pandilleros que se han incorporado al programa y su estatus”, dijo Murgas.

La incidencia delincuencial disminuye, según el fiscal, cuando la fiscalía hace operativos antipandillas en una zona específica.

Sin embargo, los datos sobre el impacto en la criminalidad, disminución o aumento de integrantes en las pandillas a consecuencia del programa Barrios seguros, aún no se efectua.

La tarea le corresponde primordialmente a la Fiscalía que Murgas preside y al Ministerio de Seguridad.

Aunque los pandilleros formen parte del plan de resocialización, la Fiscalía no exime su pasado o futuro delincuencial: “Se ha descubierto que muchos de ellos se incorporan en este plan con el fin de evadir su responsabilidad pero siguen cometiendo delitos en su área”, informó Murgas.

SIN EMPLEO PERMANENTE
El consultor empresarial René Quevedo, que ha participado en los programas de reinserción juvenil, aplaude la medida del gobierno de encarar la situación con programas fundamentales.

Pero, a su juicio, el diagnóstico no tiene lugar a dudas: “no puede haber resocialización sostenible sin empleo sostenible. Los jóvenes tienen ‘camarones’, pero no empleos estables. Y sin estos no habrá resultados”.

En otros países, como Estados Unidos, las estadísticas muestran que el proceso de reinserción de privados de libertad o gente con pasado delictivo es, en el mejor de los escenarios, del 30%.

“Debemos trabajar en la creación de puestos de trabajo para la población juvenil; de lo contrario, habrá pandillerismo para rato”, advierte el analista.

“Felicito al gobierno y apoyo la iniciativa, pero debe haber una directa relación con el trabajo sostenible”, expresó Quevedo. Para él, los testimonios no son más que una evidencia anecdótica, no estadística.

A juicio de Quevedo, no hemos focalizado suficientemente la inserción laboral de estos jóvenes como proceso. “No duran en el trabajo o no están preparados. Es un problema de todos”, explicó.

En el programa Barrios Seguros, están matriculados aproximadamente 1,800 jóvenes panameños.

Como datos de referencia: 5,549 plazas de empleo juvenil se agregan cada cinco años al mercado laboral, pero todos los años 88 mil jóvenes terminan un programa educativo y buscan trabajo.