Investigaciones de homicidios se afectaron por las destituciones en la Dirección de Investigación Judicial

El 2009 fue el año más sangriento que vivieron los panameños desde que empezó el siglo hasta y en los siguientesquince años. En ese año se registraron 818 homicidios.

Pero mientras eso ocurría, los detectives llamados a investigar a los autores de los crímenes no estaban en funciones. El 19 de agosto de ese violento año, se anunciaba el despido de 25 funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial, el que menos experiencia tenía acumulaba 10 años.

La mayor parte de los despedidos, doce, formaban parte de la sección de investigación de homicidios. A ellos se les aplicó el artículo 311 de la Constitución por participar en una concentración en las afueras de la sede policial, mientras esperaban los resultados de una reunión en la que se homologarían los rangos, tras la fusión entre la Policía Técnica Judicial, a la cual pertenecían los agentes, y la Policía Nacional.

El aglutinamiento fue interpretado por Gustavo Pérez, Director de la Policía Nacional, como un “mitin” o “protesta”, y a las horas del suceso, de un plumazo, la institución quedó sin sus cabezas más experimentadas.

“Al tirarnos a la calle, Gustavo Pérez negó a la institución el derecho de contar con gente preparada”, exclama Octavio Nicolau, ex jefe de investigación de personas desaparecidas y homicidios de alto perfil en la DIJ.

El 80% de los asesinatos que se cometen en el país no tienen responsables, indica Julio Alonso, otro agente de homicidios destituido aquel 19 de agosto.

Su criterio coincide con los informes internacionales. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) registra esta misma cifra para el continente Americano en la publicación “Por una América Latina más segura 2014”.

“Se perdió la investigación”, dice Alonso. “Los agentes que entraron para relevarnos tenían un ritmo de trabajo distinto al nuestro”, agrega.

Alonso explica que tras la salida de los agentes, la mayoría de las investigaciones se han llevado de forma ineficaz. Según él, esta es una de las explicaciones a los altos índices de impunidad que persisten en el país. Esta situación, según Alonso, no se daba en la otrora PTJ, cuando “el porcentaje de casos resueltos era muy positivo”, explica Alonso.

CAUSA DE LOS HOMICIDIOS
La labor policial es fundamental para elevar las probabilidades de castigo, indica el informe del CAF. Aunque no es el único ingrediente para lograr la certeza del castigo, la labor policial es quien atribuye una “causa hipotética” al asesinato: pandillas, crimen organizado, rencillas, riñas, etc.

Esto es importante porque los delitos por causa interfamiliar son más “fáciles” de solucionar que aquellos relacionados con el crimen organizado. Es por esto que la tasa de impunidad es más alta en los casos ligados a carteles de la droga o pandillerismo. En parte, esta falta de castigo, tiene que ver con la aplicación del mismo tipo de investigación criminal a cualquier homicidio.

Las lecciones aprendidas en Colombia y México muestran que es importante formar equipos especializados de investigación criminal para homicidios atribuidos al narcotráfico, puesto que se sigue la pista al hecho no como un asunto aislado, sino que se investigan criminalmente las “estructuras de carteles” para desmantelar las organizaciones y/o prevenir homicidios, en vez de únicamente buscar culpables de los homicidios ya ocurridos.

En este sentido, lo más probable es que la gran mayoría de los asesinatos cometidos en 2014 continúen impunes, sin que se conozca formalmente el móvil o los autores.

Por tanto, al ser la policía quien atribuye la causa del hecho, sería importante conocer la tasa de impunidad por causas atribuidas. Este dato tan esencial, no se desglosa en las estadísticas del Ministerio Público.

Cada vez que este diario ha solicitado un análisis causa-condena, las autoridades no ha podido proporcionarlo al rendir informe anual sobre homicidios. Bajo este precepto, si la impunidad de los homicidios atribuidos al crimen organizado, por ejemplo, en el 2012, se registrase al 100%, sería un resultado poco alentador en la batalla contra el crimen organizado. A esto podríamos sumar; ¿cuántas ejecuciones registradas en el 2013 o 2014 siguen impunes?

En ocasiones, el número de capturas es un dato relevante. Pero más notable es conocer cuantas condenas hubo tras esas detenciones, un dato también difícil de proporcionar para los sistemas judiciales, ya sea Ministerio Público u Órgano Judicial.

“Nosotros instruíamos el expediente. Llegábamos a la escena del crimen con un procedimiento establecido. El investigador hacía un análisis del hecho y junto al Ministerio Público lideraba las diligencias”, manifiesta Nicolau.

Según el exagente, hoy las cosas funcionan distinto: “los investigadores no saben cuántos expedientes concluyeron ni cómo se instruyó la investigación, desconocen si el trabajo concluyó en condena, o no”.

Julio Alonso manifiesta que tras las destituciones escuchó a abogados decir al momento de mirar el expediente: “esto lo investigó la Dirección de Investigación Policial, tenemos un porcentaje a favor”.
Alonso añade que cuando las pesquisas se hacían en la otrora PTJ “se la veían difícil. Hablamos de un 20% a 30% de impunidad” asevera. El secreto era aparejar la investigación desde la escena del crimen hasta la Corte, “cosa que hoy es impersonal”, explica Alonso.