La tragedia de los agentes después de...

Eran las nueve de la mañana cuando Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, se dirigía a su oficina por la vía Omar Torrijos, cuando se percató que había un grupo de gente conglomerada en las afueras de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El inusual episodio le obligó a desviar la ruta y retornar para averiguar qué ocurría. Al llegar se dio cuenta que se trataba de los agentes de la Dirección de Investigación Judicial que esperaban a un representante para que les informe sobre la homologación de rangos y los posibles beneficios de un aumento salarial que había otorgado el presidente Ricardo Martinelli a los miembros de la Policía.

“Pérez llegó abestializado, nos dijo que se trataba de un motín, una insubodinación. Que eso no se vería en las Fuerzas de Defensa” detalla Octavio Nicolau entonces encargado de la oficina de desapariciones de la DIJ. Relata que un compañero trató de aclarar a Pérez el mal entendido, pero fue en vano.

“Pérez advirtió que ibamos a sufrir las consecuencias de ese evento” dice Nicolau.

Ese día, 19 de agosto de 2009, en horas de la tarde, se concretaron las amenazas de Pérez. El orden del día anunciaba la destitución de 25 detectives.

Nicolau, que había dedicado 18 años de carrera a la investigación criminal, veía y no creía lo que leía. Pérez invocó el artículo 311 de la Constitución: “los servicios de Policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva” señala el articulo.

Nicolau veía su carrera diluirse en un segundo. Un sacrificio diario que se desechaba en un ordinario papel. “Ganaba $900 mensuales, y me hicieron falta. Mi familia me ayudó mucho. Yo logré salir adelante por que soy abogado, pero muchos de mis compañeros no”.

A continuación narra la suerte de algunos de ellos: “Juan Enriquez ha tenido que vivir de taxista después de 23 años de servicio; Herminio Morales es seguridad en un hotel; Eric Bernal es valet parking en otro hotel; Charles Morrel cuando se quedó sin trabajo, a dos años de jubilarse le dio una isquemia cerebral que casi lo mata, se divorció; Misael Aguilar se fue a vivir con 6 compañeros en un cuarto; Ana González y su esposo recién compraban un carrito y una casa pero la situación precaria los separó. Los daños colaterales son incalculables”, concluye Nicolau. Julio Alonso forma parte del grupo de destituidos.

Denuncia que el proceso se hizo en forma arbitraria y selectiva, que nadie tuvo la oportunidad de defenderse como debe ser el debido proceso.

Alonso no sabía hacer otra cosa en la vida. Cierra los ojos por un instante y cuenta algo de lo más amargo que ha probado a consecuencia de su destitución: “era un 6 de enero de 2011. Ella se fue con los niños, yo tuve que irme a casa de mi mamá. Hice un cuarto anexo y me mudé ahí. Ella se llevó todo, me dejó dos cuadros y un sillón viejo. Ese día lloré bastante” recuerda.

A Alonso le dolió tener que vender el carro, pero más trágico fue cuando tomó la decisión de sacar a sus hijos de la escuela privada por falta de dinero.

Los funcionarios que contaban con recursos económicos para impugnar el Decreto de Personal 329 que los dejó sin trabajo -porque hubo quienes no pudieron hacerlo-, en su mayoría no tuvieron suerte. De diecisiete, 14 fallos salieron en contra.

Las demandas,”de alguna forma u otra, siempre quedaban en el escritorio del magistrado Alejandro Moncada Luna que fallaba en contra después de esperar 2, 3 y hasta 4 años la decisión” describe Nicolau.

Agrega que los fallos eran por “motivaciones políticas”. Lo dice convencido porque una vez que Moncada Luna, allegado al entonce presidente Martinelli, fue separado del cargo, misteriosamente y para fortuna de los afectados, los magistrados cambiaron el giro.

Por ejemplo, el magistrado Víctor Benavides, que fallaba en contra, lo hizo a favor cuando Moncada Luna fue condenado por corrupción. Decisiones contradictorias a pesar de que los argumentos eran muy similares.

El magistrado Abel Zamorano, a cargo del despacho de Moncada Luna, “ha hecho la diferencia” según Nicolau. Sustenta el criterio de que no se siguió el procedimiento debido y no se respetó el derecho a los agentes a ser escuchados.