La añeja y agridulce historia de la minería y Panamá

¿Cuánto oro hay escondido en la tierra panameña? El metal que deslumbró a los españoles en su paso por el istmo inició su ruta en Petaquilla, distrito de Donoso, Colón.

El sitio, que se convirtió en senda obligada de los exploradores de oro en época de la conquista, hoy podría percibirse como un magnifico thriller en el que se pelean el protagonismo la tensión, el poder, la ambición y la traición.

Richard Fifer, un ingeniero geofísico sagaz logró la concesión de Cerro Petaquilla, aquel yacimiento de oro que deslumbró a los españoles pasó a manos de Fifer en 1997.

El rico depósito natural que tenía en su interior un millón de onzas de oro no solo atrajo la aténción de Fifer y de sus socios. El globo de terreno era una seductora tentación para quienes ostentaban el poder de turno, sin embargo, la astucia del exgobernador coclesano pudo más.

EL BRILLO DEL NUEVO MUNDO
En los años 1600, los conquistadores instalaron fundiciones y marcas para sellar el oro que explotaba la Corona Española en el país minero durante la época colonial.

Su brillo atrajo al almirante Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje a América. El oro en vetas o en aluvión era comúnmente extraído de las selvas del nuevo mundo. Panamá era el mayor productor de oro de América.

Sin embargo, a partir del sigo XX la experiencia minera en Panamá ha caído como un balde de agua regia que disolvió la atracción por el negocio. La experiencia es ácida.

Solo dos proyectos alcanzaron la etapa de extracción de oro, y no son precisamente los mejores ejemplos: Santa Rosa, en Cañazas, y Petaquilla Gold, en Colón. Ambas minas reflejaron secuelas ambientales, líos laborales, una cuestionada distribución de los bienes generados, y una amañada cultura del desarrollo.

Las amargas vivencias han encaminado a un grupo de ambientalistas a presentar una iniciativa en la Asamblea Nacional que podría paralizar la industria.

El proyecto de ley 394 pretende reformar nuevamente el Código de Recursos Minerales y declarar una moratoria indefinida de las concesiones de minería a cielo abierto. El impulso legal va acorde con la promesa de campaña del actual presidente, Juan Carlos Varela, que en la agenda ambiental de su proyecto de gobierno, se comprometió a no otorgar nuevas concesiones mineras. Por ahora, el documento antiminero no ha evolucionado en el debate legislativo, pero continua latente, como una semilla a punto de germinar.

EL ORO POR DESCUBRIR
Cuando el país se interesó en investigar sus riquezas minerales, en 1967, el Estado decidió explorar el terreno para calcular la cantidad de oro que escondía el suelo.

La Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —organización que pretendía impulsar el crecimiento en los países en vías de desarrollo a través de sus propios recursos—, inició investigaciones geológicas e identificó casi dos millones de onzas de oro bajo suelo istmeño.

La mitad de ellas, un millón de onzas, se encontraban en la llamada “Área 65”, en Cerro Petaquilla. El mismo estudio detectó que cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos, cuenta con 500 mil onzas; en la mina Santa Rosa distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, se identificaron 400 mil onzas del noble metal.

Con respecto al cobre, los yacimientos son aún más ricos. Cerro Colorado, en la provincia de Veraguas cuenta con un estimado de 25 mil millones de libras de cobre.

Minera Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, ha comprobado que tiene la misma cantidad de libras de cobre que Cerro Colorado.

El proyecto de Minera Panamá, en etapa de exploración, pareciera ser el primer respiro de minería responsable, tanto en el tema ambiental como en el social.

La empresa apuesta a romper con el deteriorado concepto que permanece de la minería en la opinión pública. “El abandono, desastre ecológico, y un pasivo ambiental que se convierte en una carga para el gobierno, deben quedar atrás”, indica Daniel Esquivel, director Técnico y Ambiental de la Cámara Minera de Panamá.

Esquivel reconoce que en este momento el negocio requiere de una pausa para fortalecer la institución que regenta el asunto y para revisar el Código de Recursos Minerales, sin que esto signifique una moratoria. “Que se reglamente y se haga una revisión del registro minero para limpiar las solicitudes especulativas y mantener a las empresas que sí están interesadas en la actividad”, complementa Esquivel.

LA MORTAL LEY 8
En febrero de 2011, el entonces presidente Ricardo Martinelli intentó modificar el código que rige la minería. La iniciativa provocó un rechazo fulminante de los indígenas ngäbe-buglé, que veían amenazada la explotación de su comarca, donde se ubica cerro Colorado.

Detrás del proyecto se ocultaba el interés de Martinelli en otorgar la concesión al Gobierno de Corea del Sur, hasta que una llamada telefónica delató las pretensiones.

Así reportaba el hecho La Estrella de Panamá en aquel febrero: “Un cable de la agencia internacional EFE dio a conocer que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, telefoneó el pasado lunes a su homólogo de Corea del Sur, Lee Myung-bak, para confirmarle que, tal como se lo había garantizado, las reformas a la ley de minería fueron aprobadas”.

El presidente había motivado la reforma de la ley para aumentar las tasas de impuestos y regalías estatales que regían el negocio.

Pero un incómodo artículo —recuerda Daniel Esquivel— fue suficiente para un generalizado rechazo: “Permitía a empresas estatales de otros países, en este caso Corea del Sur, participar en las actividades mineras de Panamá mediante contratos o concesiones que el Estado otorgaría”.

Esto trajo una polémica con los aborígenes ngäbe-buglé que consideraron la apertura como una primera escota al proyecto de Cerro Colorado, situado en el territorio comarcal.

El interés de Myung-bak era evidente. Manifestó sentirse ‘‘satisfecho por la rápida revisión de la ley de la industria minera’’, hecho al que se comprometió Martinelli durante la Cumbre del SICA, el 29 de junio de 2010.

El anterior resultó otro trago amargo para la opinión pública en el tema minero. A todas luces se percibía que podría existir un interés particular de Martinelli en el trato con los surcoreanos. Daba la impresión de ser un “un negocio millonario” para pocos y un sacrificio ambiental y económico muy alto para el resto de la población.

Martinelli no logró contener las protestas, y finalmente, en marzo de ese año, derogó la Ley 8 recién aprobada por la Asamblea Nacional.

CERRO COLORADO
En 1967, la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio, en conjunto con el PNUD, efectuó una serie de estudios de exploración de suelo con un resultado sorprendente: Se halló un multimillonario yacimiento de cobre en Cerro Colorado. Para entonces, la citada Dirección tenía la función de identificar los yacimientos interesantes para el país.

Durante las exploraciones, realizadas en la época del general Omar Torrijos, se creó la Corporación de Desarrollo Minero (Codemin), cien por ciento estatal.

El Estado le dio una serie de concesiones de exploraciones a la canadiense Pavonia, S.A. subsidiaria de Canadian Javelin; Texasgulf; y Canada Develompment Corporation, entre otras, para determinar la factibilidad del proyecto.

Aquellos años, los estudios de factibilidad de Codemin asomaban una rentabilidad económica vinculada al precio del cobre en el mercado internacional.

En los años setenta, el metal se cotizaba en 60 centavos de dólar la libra. Los cálculos sugerían un valor más alto de un dólar. Los números no cuadraban.

A pesar de que se vislumbraba que ganaría valor, lo máximo que alcanzó el precio del cobre fue 80 centavos la libra.

La inversión que se requería para desarrollar la futura mina de Cerro Colorado era de $3,500 millones. El presupuesto Nacional del Estado en ese entonces.

Torrijos analizó la situación y decidió suspender el proyecto. Se congeló hasta que el mercado ofreciera un precio redituable. Hoy el cobre se cotiza a tres dólares la libra.

Si en este momento el Estado se interesara reabrir la mina, cientos de inversionistas estarían listos para ponerla en marcha. Los estudios están hechos, hay miles de millones enterrados.

Sin embargo, a pesar del valor de estos yacimientos, los indígenas que habitan la comarca han dejado muy claro su rechazo a esta actividad. La situación crea un conflicto, puesto que los propietarios de la superficie son los indígenas, pero el Estado es dueño del yacimiento.

Si algún inversionista se interesara en el proyecto, tendría que pactar también con los aborígenes.

PETAQUILLA GOLD
Concesión otorgada en 1997 a la empresa Minera Petaquilla representada por Richard Fifer. En total, el Ministerio de Comercio e Industrias concedió 13,600 hectáreas para la exploración y explotación de oro, plata, cobre y otros metales.

Una parte del globo de Minera Petaquilla -600 hectáreas en Molejón- dieron a luz a Petaquilla Gold.

Minera Petaquilla tenía como empresas adherida al contrato, al igual que Adrian Resources, todas representadas legalmente por Richard Fifer.

Inmet Mining Corp, un grupo canadiense se asoció con Richard Fifer, dueño de la concesión que había dado el Estado.

Operador de la mina Molejón desde 2005, la empresa se convirtió en el mayor exportador de bienes (2010-2013). Después de años de bonanza, la empresa enfrentó una combinación de hechos técnicos, económicos y administrativos.

La mina de oro que disparó las exportaciones del metal en Panamá, superando cualquier otro rubro, paró operaciones el segundo trimestre del 2014.

Sin embargo, el cese de operaciones de la mina no se efectuó con un plan de cierre, hecho que dejó una secuela en materia ambiental, laboral y contractual.

Según voceros de la empresa, la empresa adeuda más de $70 millones a los trabajadores y acreedores que prestaron servicios a la empresa.

En este momento enfrenta dos demandas de los trabajadores, mientras que Richard Fifer, al frente de la empresa, ha interpuesto demandas civiles internacionales contra la empresa Global Hunter Securities por, supuestamente, haber violado un contrato de confidencialidad entre las partes.

MINERA PANAMÁ
Está situada en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Ha programado invertir $6,400 millones en exploración y explotación de la mina de cobre, oro, plata, molibdeno y otros minerales.

La mina se encuentra en fase de construcción y debe arrancar operaciones a finales de 2017.

El proyecto ocupa aproximadamente 5,900 hectáreas de las 13,600 hectáreas de la concesión otorgada en 1997 por el gobierno panameño a Minera Petaquilla.

Minera Panamá era una subsidiaria de la canadiense Inmet que en 2013 vendió el 92.74 de sus acciones a la australiana candiense First Quantum.

Cuenta con una capacidad instalada de unos 70 millones de toneladas por año (mtpa) para los 10 primeros años. Una mayor expansión hasta 100 mtpa más allá del décimo año.

El proyecto produciría un promedio de 320 mil toneladas de cobre anualmente por la vida de la mina. El promedio anual de la producción de subproducto es de 100 mil onzas de oro, 1,800,000 onzas de plata y 3,500 toneladas de molibdeno. Vida de la mina 34 años.

MINERA CERRO QUEMA
Ubicado en Cerro Quema, Tonosí, provincia de Los Santos. El MICI otorgó concesión de extracción de oro y plata. La empresa recién entregó su estudio de impacto ambiental y el mismo debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente para dar luz verde a la explotación de 5 mil hectáreas.

Se estima que la construcción de esta mina sea tan grande como Petaquilla Gold.

MINA SANTA ROSA
Fue una de las primeras minas a cielo abierto que funcionó en los años 90 y cerró no en forma responsable.

Al principio la mina fue operada por Greenstone Resources, de propietarios canadienses y panameños.

En 1999, un accidente ambiental de cianuro de una tina de lixiviación desató una ola de críticas y protestas de diversos sectores de la sociedad.

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó la concesión a la empresa Vera Gold Corporation en 2013. La empresa de capital mixto se comprometió a invertir $50 millones en construcción y desarrollo de la mina e infraestructura.

Estudio de factibilidad pero muy avanzados en la información como para determinar la reapertura.