Corte admite causa penal contra Martinelli por "los pinchazos"

La Corte Suprema de Justicia en sesión extraordinaria celabrada ayer en horas de la tarde, acumuló causa penal contra el expresidente Ricardo Martinelli -diputado del Parlamento Centroamericano- por los presuntos delitos contra la libertad (inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad), peculado, delito contra la administración pública, abuso de autoridad, contra la seguridad informática y asociación ilícita.

El Pleno, empero, no admitió el conocimiento de la presente causa contra el delito de revelación de secretos empresariales.

A la sesión se ausentó el magistrado Víctor Benavides, quien tampoco habilitó a su suplente. De los ocho magistrados que participaron, siete votaron a favor (dos de ellos con voto razonado; José Ayú Prado y Secundino Mendieta, suplente del Magistrado Hernan De León quien se encuentra de viaje). Mientras que el magistrado Luis Ramón Fábrega, se abstuvo de votar.

Como fiscal de la causa fue designado el magistrado Harry Díaz, mientras que Jerónimo Mejía actuará como magistrado de garantías.

La investigación en mención no podrá dar inicio hasta contar con las observaciones y firmas de todos los magistrados, incluyendo la de Víctor Benavides quien deberá leer y decidir sobre el proyecto. Lo que podría retrasar el proceso de la pesquisa.

Una vez reunidas las firmas, la Corte deberá notificar tanto a los diez querellantes, como a la esposa del expresidente, Marta Linares, ya que Martinelli le ha transferido poder general desde que salió del país el 28 de enero pasado.

La Corte admitió como querellantes al político del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens, a su copartidario Bernabé Pérez, a Javier Ujuleta Cortés, al constitucionalista y crítico del gobierno de Martinelli Miguel Antonio Bernal; al diputado y hermano del actual presidente José Luis Varela; a Balbina Herrera activista del PRD, quien irónicamente fue querellada por el propio

Martinelli por el mismo delito a raíz de unos correos electrónicos que divulgó la política; a Rosendo Rivera exabogado del mandatario; al excandidato presidencial por el PRD Juan Carlos Navarro, al doctor y crítico del gobierno pasado Mauro Zúñiga y al comunicador Rubén Polanco.

REACCIONES
El exabogado del mandatario Martinelli interpuso querella por posibles delitos de abuso de autoridad y violar su propio derecho a la intimidad o violación de la correspondencia.

El abogado narra que sospechaba que su teléfono estaba pinchado y a pesar de no tener prueba de ello, le pareció extraño que una tercera persona, allegada al expresidente, se refiriera a una conversación que había sostenido con un otro colega. “La conversación estaba relacionada a Rodrigo Sarasqueta” manifestó Rivera. Añadió que “cuando me mostraron la grabación de los ‘chats’ en la Fiscalía Auxiliar, confirmé mis sospechas”.

DIFUSIÓN INCÓMODA
La Corte aún no define querella interpuesta por la diputada Zulay Rodríguez y Álvaro Testa, esposo de la diputada, cuya conversación fue divulgada en las redes sociales mientras sostenían una discusión marital.

Rodríguez indicó a La Estrella de Panamá que espera que la “Corte investigue, que haga su trabajo, y que amplíen la investigación a los demás miembros del Consejo de Seguridad que pudieron ser cómplices del delito”.

Dijo que su abogado Angel Alvarez, esta ampliando una querella contra Jaime Moltó quien fungió como director del Consejo de Seguridad de julio de 2010 a marzo del 2012.

Finalmente la diputada manifestó que espera que la “Corte no se maneje como estaba siendo manejada anteriormente con una llamada del Ejecutivo para recibir órdenes”.

CORREOS INTERVENIDOS
David Cuevas, abogado del periodista del diario La Prensa Ruben Polanco, fundamentó su querella contra el exmandatario supuestamente por inducir y ejercer presión sobre sus subalternos para que violaran la intimidad de su representado.

La sustentación de Cuevas es que quien dirige el Consejo de Seguridad, adscrito a la presidencia, es el Presidente de la República.

Gustavo Pérez, exdirector de la entidad, declaró ante la Fiscalía Auxiliar, que mientras estaba en el Consejo de Seguridad no le tomaban en cuenta, en cambio, era un agente quien rendía informe a diario a Presidencia, sin especificar nombre, sobre los pinchazos.

Al comunicador le intervinieron sus correos electrónicos. Por este caso la fiscalía Auxiliar también realizó una investigación contra dos directores; Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, a raíz de una querella interpuesta por Rolando López Pérez, sucesor de Garúz en el Consejo de Seguridad.

Se desconoce el paradero de dos exagentes del Consejo, William Pitti y Ronni Rodríguez, desde que se iniciaron las investigaciones.

LOS APARATOS ESPÍAS
En enero del presente año, la Fiscalía Auxiliar inició investigación por los posibles delitos de violabilidad a la intimidad que respaldaba con pruebas contundentes.

Las mismas consistían en testimonios de otros agentes del Consejo de Seguridad y en chats, copias de correos electrónicos y grabaciones de voz recaudadas a raíz de los espionajes realizados por la pasada administración gubernamental que se encontraban en poder del Consejo de Seguridad una vez se relevó la administración gubernamental. Los aparatos que se utilizaron para espiar a abogados, diplomáticos, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esposas y novias de los ministros, así como a los miembros del gabinete del exmandatario, hoy no aparecen.

Uno de ellos fue adquirido con el dinero del Programa de Ayuda Nacional a un costo de $19 millones, del cual se sospecha se pagó con sobrecostos.

El segundo aparato, supuestamente más especializado que el primero, tenía la facultad de grabar la conversación del objetivo mientras hablaba por teléfono, también era capaz de escuchar conversaciones de la persona a través del micrófono del aparato, o mirar en la pantalla las funciones que utilizaba el blanco.

Por este delito tienen medida cautelar de detención preventiva los exdirectores Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.