De enero a mayo de este año se registraron 56 homicidios menos que durante el mismo periodo del año 2014, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por las siete fiscalías superiores del Ministerio Público.
La mala noticia es que entre el 75% y 80% de estos asesinatos están relacionados con el crimen organizado, tráfico de drogas, pandillerismo y sicariato. Además, esta clase de delito se comete con saña; son premeditados y más violentos, por lo que su investigación es más complicada.
La fiscal Primera Superior, Geomara Guerra de Jones, reconoce que el nivel de impunidad es alto: “De junio de 2014 a la fecha, de los casos que son llevados a juicio por la fiscalía, solo un 40% resultan en condena”, dijo. El resto permanece impune.
La mayor parte de las víctimas siguen siendo varones mayores de edad (no se especificó este dato), aunque también hay que mencionar otro “radio de acción en la intervención de adolescentes en algunos delitos, que incluyen el homicidio doloso”, manifestó Adolfo Pineda, fiscal superior de Panamá Oeste.
Las cifras corresponden a los tres Distritos Judiciales que comprenden San Miguelito, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro.
¿POR QUÉ LA IMPUNIDAD?
La fiscal Guerra de Jones explicó que existe un número elevado de sobreseimientos en los casos relacionados con el crimen organizado.
En estos casos se genera temor entre la población, que prefiere no colaborar con las autoridades. “La gente no quiere hablar”, añadió.
Hace unos años, más de cinco, había más certeza del castigo, manifestó la fiscal. Las investigaciones eran más fáciles; se podía incorporar testigos al caso.
Actualmente, los fiscales e investigadores de la Policía se enfrentan a un silencio casi invencible. Estas entidades, que son las encargadas de calificar el móvil del crimen, lo hacen al considerar varios factores; antecedentes de la víctima, la escena del crimen y otras evidencias que determinan las circunstancias del hecho.
“A veces la propia familia de la víctima no quiere declarar por temor a perder a otro miembro”, detalla Jones.
A esto hay que sumar la demora que prevalece en las diligencias judiciales; prácticas de pruebas, reconstrucción de los hechos, peritajes balísticos, falta de peritos, etc.
Sin embargo, la impunidad también se alimenta del temor que sienten los miembros del jurado de conciencia, encargados de deliberar, por mayoría simple, la culpabilidad o inocencia del acusado. Este proceso es abierto, frente al imputado, lo que amedrenta al jurado, según Jones.
TIEMPO DE INVESTIGACIÓN
Los fiscales han reducido el tiempo que se mantiene un expediente en su despacho; un aproximado de 6 meses.
A pesar de que este es el tiempo reglamentado en el Código Penal, anteriormente, en la práctica, en repetidas ocasiones este espacio era rebasado en la investigación.
Mientras, en los tribunales el caso puede permanecer de 12 a 18 meses, según Jones. Algunos jueces justifican la demora en los fallos en lo abultado del expediente. Valoran la pena en caso de existir agravantes o atenuantes.
El homicidio simple se castiga con 10 a 20 años de prisión, mientras que el agravado puede llegar hasta los 30.
Con respecto a los femicidios, se informó que hasta la fecha se han registrado 13, y cinco tentativas.
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