En Panamá, las modalidades de explotación más frecuentes son sexual y laboral. La agilidad de las redes dedicadas a esta ilícita actividad, ha dificultado la tarea de los investigadores cuando enfrentan juicio
La Fiscalía contra el crimen organizado ha investigado 21 casos por trata de personas y delitos conexos en la modalidad de explotación sexual y laboral en los últimos dos años.
Así lo confirmó a este diario el fiscal a cargo de las pesquisas Nahaniel Murgas, quien hasta el momento ha logrado condena en dos casos. En uno de ellos, iniciado en 2013, se enjuició y sancionó con cárcel a cinco personas. El segundo se investigó un año después y concluyó tambíen con la condenó de cinco personas. Sobre último expediente, Murgas precisó que “las chicas sometidas a explotación sexual fueron reclutadas en una ciudad de la vecina Colombia y con la colaboración de la Policía y la Fiscalía de ese país se logró una investigación robusta que permitió una condena”.
RECABANDO PRUEBAS
La recaudación de evidencias en estos casos es complicada. El tratamiento penal y la tipificación del delito requiere de mucha precisión técnica para que las conductas que se quieren incriminar sean claras y precisas, sin dejar márgen a lagunas que descalifiquen la labor de la fiscalía.
Otro factor de dificultad al que se enfrentan los investigadores es la agilidad con la que se desplazan estas redes, que obliga a las autoridades a coordinar esfuerzos regionales para aprehender y liberar a las víctimas del infierno en que viven.
En Panamá, las modalidades más comunes son la trata de personas para la explotación sexual y laboral. No se descarta, sin embargo, la trata de personas para la extracción ilegal de órganos, a pesar de que Murgas manifiesta que hasta la fecha su despacho no ha tenido conocimiento de casos concretos en suelo panameño.
Álvaro Varela, secretario de la Comisión Nacional contra la trata de personas y delitos conexos, adscrita al Ministerio de Seguridad, ve necesaria la creación de una fiscalía especializada en el tema. Una unidad interinstitucional que vigile, entre otras cosas, los anuncios en internet, una semilla para este tipo de delitos. Explica Varela que Panamá sigue siendo un país de tránsito, y no es la excepción en este caso.
Según el secretario de la Comisión, integrada por 16 organizaciones gubernamentales, “muchas veces la víctima no coopera con las investigaciones porque sus familiares están amenazados por el victimario en su país de origen. Es difícil condenar a alguien si no tienes la colaboración de la víctima”, explica.
Como caso reciente, Varela señaló el regular tránsito de cubanas que ingresan al país por la costa de Darién, procedentes de Ecuador, país que no exige visa a los cubanos. Algunas permanecen en territorio panameño temporalmente, pero la norma es que continúen la ruta hacia Estados Unidos, país que les ofrece residencia si entran por tierra.
Según Varela, es posible que en las escalas camino a su destino final, ejerzan la prostitución, forzada o voluntariamente. En un reciente allanamiento a un departamento ubicado en la capital, se identificaron las condiciones para prestar servicios sexuales. Una de las víctimas fue identificada como cubana, indicó Varela. El operativo provino de una denuncia anónima y se completó con labores de vigilancia y segumiento hasta que se recopilaron todas las pruebas.
TRÁFICO DE ÓRGANOS
La extracción de órganos se ha detectado en el sudeste asiático y en la región centroamericana con un modelo de ejecución muy parecido. En este sentido, explica Amado Philip de Andrés, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Crimen organizado (UNODC), se han identificado tres modalidades.
Una primera en la que el beneficiario, quien recibirá el órgano, generalmente es un menor de edad acompañado de sus familiares, que por lo general se trasladan al sitio o país donde se recibirá el órgano. Este tipo de casos involucra la participación preventiva de dos países, puede ser uno centroamericano y otro asiático.
En una segunda variante más compleja aún, el donante y el receptor se trasladan a un tercer país para hacer el intercambio. Se ha detectado, con esta modalidad, una especialización en las redes que transportan a las personas, donantes y receptores, y el “sistema” se encarga de hacer los arreglos de pasaje y las pruebas de compatibilidad.
El tercer caso se registra cuando el beneficiario se traslada al país del donante. Normalmente, agrega De Andrés, “el donante es víctima de la trata. Está drogado o es menor de edad y no sabe a lo que se enfrenta”.
El interesado acude a una convocatoria que puede hacerse por volanteo o engañosamente a través de los medios , siempre con ofertas de dinero rápido. Se le dice que se le va a pagar por su órgano de 5,000 a $10,000 y que la red se encargará de todos los gastos de operación y recuperación del donante.
“En general, cuando la victima empieza a sospechar se le hacen nuevas promesas, pero en su vulnerabilidad, no tiene cómo garantizar su cumplimiento. Lo que sucede en realidad -y eso lo hemos constatado- se le abandona. La víctima, por lo general muere”, apunta el especialista de las Naciones Unidas.
En el mercado negro, el precio del mismo riñón oscila entre los $205, 000 y los $300,000.
LA SEMILLA DEL CRIMEN
Otras formas de este delito, calificado como crimen de lesa humanidad son la esclavitud infantil, la mendicidad y trabajos forzados.
El tráfico de niños, generalmente de Nicaragua y usualmente trasladados a países de Europa, también es un problema en alza. Los menores son esclavizados por grupos internacionales que los ofrecen como servicio doméstico o los prostituyen.
En Panamá, explicó De Andrés, “la primera pista la dan los anuncios que salen en el periódico. Se ofrecen servicios sexuales aparentemente consentidos, pero el cliente no sabe que muchos son víctimas de redes regionales o interegionales que les prometen que las van a llevar a Panamá a trabajar en sectores formales y les quitan el pasaporte con engaños para secuestrarles a cambio de trabajo forzado. Ahí comienza su pesadilla”, recalcó.
En países donde la prostitución es legal, la trata se da en menor proporción. Las redes aprovechan la vulnerabilidad de la víctima cuando carece de papeles legales, cuando no tiene seguridad social. Así se favorece la aparición de un aparente “protector”, como proxeneta, el primer paso de la trata de personas.
En la última fase, la dependencia está establecida y la víctima no se vale por si misma; no tiene pasaporte, no tiene dinero, con frecuencia se ha iniciado en el consumo de drogas y no puede salir del círculo sin ayuda.
La Organización de Naciones Unidas considera la trata de personas como la esclavitud moderna. Es uno de los delitos más rentables de nuestros tiempos y ocupa el tercer lugar después del narcotráfico y tráfico de armas.
CORAZONES AZULES
Panamá renovó este lunes su compromiso en la lucha contra todas las formas de trata. Uno de los instrumentos que ha agilizado la labor de las autoridades ha sido la modificación de la ley 79 de noviembre de 2011 que legisla sobre el tema.
La ley actualizó la tipificación de las distintas formas de trata y amplió las facultades de la Policía Nacional para realizar redadas y operaciones encubiertas en busca de las pruebas necesarias, y detalla la atención que debe recibir la víctima en albergues. Este delito se pena con cárcel de 20 a 30 años.
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