Conflicto de intereses en la AMP

“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está llena de funcionarios vinculados a firmas de abogados que se benefician con los registros”, manifestó Luis Fruto, tesorero de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM).

El gremialista se refirió en particular al subadministrador Alejandro Agustín Moreno y al secretario general de la institución, Tomás Ávila.

La firma de abogados Moreno & Arjona Bureau inscribió las sociedades anónimas Samoa International Maritime Authorithy, Inc. y Maritime Affairs Group, vinculadas al proceso de acreditación de certificados y endosos de títulos de marinos bajo el fallido acuerdo entre la AMP y el Gobierno de Samoa. Federico Moreno, hermano del subadministrador, aparece como dignatario en la primera sociedad, y firmante de una de las cuentas en la segunda.

Jorge Barakat, administrador de la AMP, y Alejandro Agustín Moreno han guardado silencio acerca de este tema, a pesar de las continuas llamadas y correos electrónicos de este medio.

Pero fue a los directivos de APOM a quienes respondieron en una cita a la que estos fueron en busca de explicaciones a raíz de las publicaciones de La Estrella de Panamá.

Según Fruto, cuando cuestionaron a Barakat sobre el conflicto de intereses que implicaría al subadministrador, “el propio Moreno respondió que la firma (Moreno & Arjona Bureau) no tenía nada que ver”.

En vez, continuó Fruto, “Moreno habló de la trayectoria del bufete y aseguró que nunca ha utilizado sus influencias para favorecer a la firma de su hermano, y que él no se había aprovechado del cargo”.
De acuerdo con los miembros de APOM, Barakat dio su voto de confianza a Alejandro Agustín Moreno.

Este diario conoció que en una reunión previa con la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Barakat pidió a sus miembros una segunda oportunidad para el subadministrador.

INSCRIPCIÓN DE NAVES
Otro caso que riñe con la ética del funcionario público es el de Tomás Ávila, secretario general de la AMP.

A pesar de estar de licencia de su firma (Ávila & Co.) por un año para ejercer en la AMP como secretario general, Ávila tiene una oficina legal que desde 2009 abandera naves y lidera las inscripciones de embarcaciones con bandera panameña.

Su ausencia temporal en la firma, explicó, le impide tomar parte de lo que en ella ocurre. “Como secretario general no tengo tiempo de visitar marina mercante de la institución, ni llamo a los clientes para que usen mi firma”, manifestó a este diario.

Sin embargo, el tráfico de influencias en los consulados es un asunto de vieja data, afirma el abogado Ebrahim Asvat.

“Es tradicional que al nombrar los cónsules, se empatan con una firma de abogados. Todo el que entraba ahí le decía al cliente con qué firma de abogados debía trabajar. Así funcionaba desde la dictadura militar. En Asia persisten ese tipo de prácticas. En las certificaciones hay todo un relajo. Panamá debe decidir si quiere ser un registro marítimo serio o pirata”, opinó Asvat.

Jorge Loaiza, de Arias, Fábrega & Fábrega, también dedicada a este negocio, consideró que el conflicto de intereses “puede depender de los arreglos que tenga la persona con sus socios para efectos de la función pública, y lo relevante es que el funcionario actúe con probidad”. Agregó que el Decreto 246 de 2004, en el capítulo V, contempla los impedimentos por razón de las funciones:

“A fin de preservar la independencia de criterio y la equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales o económicos pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.

Loaiza acota que “posiblemente la prueba de lo ético o no de un funcionario pudiera medirse si hay alguna relación cuantitativa entre sus gestiones y lo que se refleje en la cartera de clientes de los negocios que, se suponía, no debía aprovechar como funcionario”.