Nunca volvería a las oficinas del registro beliceño, en el que, posteriormente, el gobierno detectaría actividades fraudulentas durante su gestión
Encarnación Samaniego había viajado a la India en junio de 2013 cuando el Gobierno de Belice tomó control del Registro Internacional de Marina Mercante (Immarbe), administrado por la concesionaria Belize International Services Limited, que él dirigía.
Nunca volvería a las oficinas del registro beliceño, en el que, posteriormente, el gobierno detectaría actividades fraudulentas durante su gestión.
Sin embargo, mientras que el gobierno de este país colindante con Guatemala hacía una depuración de su registro y restringía la emisión de certificados de marinos, Samaniego buscaría replicar la misma estructura de negocios en Panamá, convertido en miembro de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
‘Hemos cancelado todos los agentes que tramitaron durante la administración de Samaniego y Alejandro Agustín Moreno (representante legal de Cama Belize, filial del registro en India)', dijo a La Estrella de Panamá un alto funcionario del gobierno de Belice.
Hoy, Moreno se desempeña como subadministrador de la AMP, un puesto influyente que permite hacer contactos y negocios.
ENTRA SAMOA
En febrero de 2015, la AMP, dirigida por Jorge Barakat firmó un acuerdo con la empresa Samoa International Maritime Authority Inc. (SIMA), supuestamente acreditada por las autoridades de esta isla para acreditar a marinos para la flota mercante panameña. Dos meses más tarde, el Gobierno de la isla de Samoa negó de forma enérgica haber otorgado una concesión a SIMA para utilizar su bandera y su nombre.
Samaniego, Moreno y Abilio Domínguez —éste último exgerente técnico del registro beliceño— tenían planes en mente.
‘Estaban tratando de sacar a todos los clientes del registro de Belice para llevárselos al negocio de Samoa. Decían que tenían el aval del gobierno (de Samoa), pero solo tenían las licencias', apuntó la fuente, que solicitó permanecer anónima mientras se desarrollan las investigaciones.
Para certificar a los marinos, según el informante, usaban una nueva y lujosa oficina ubicada en Panamá, que estaba llena de licencias en blanco.
‘Centros de formación como Sevenseas Navigation, sumado a otros ubicados en India, que previamente hicieron negocio con Belice, procesaban contratos para trabajar con Samoa', indicó la fuente.
Las piezas empiezan a encajar en este rompecabezas.
La Estrella de Panamá investigó que el 28 de noviembre de 2013, unos meses después de las restricciones impuestas por Belice, el bufete de abogados Moreno & Arjona, en el que el subadministrador Alejandro Agustín Moreno es socio, inscribió en el Registro Público de Panamá la empresa Maritime Affairs Group, Corp., que sería filial de SIMA para certificar a los marinos para el registro mercante panameño.
A pesar de que Samaniego negó a este diario cualquier vínculo con esta compañía, se corroboró que ocupaba el cargo de gerente general, mientras que Abilio Domínguez era director técnico de la empresa. Coincidentemente, el mismo cargo que desempeñó en el registro de Belice junto a Samaniego.
CARGOS E INFLUENCIAS
La posición de Samaniego y Moreno en la AMP ayudó a atraer contratos con los antiguos centros de formación que tenían relación con el registro de Belice.
Como representante legal de Cama Belize, Moreno había podido conocer los centros de formación en la India. Los nexos le sirvieron de plataforma para introducirlos en la AMP cuando fue designado subadministrador.
Por ejemplo, el director Jorge Barakat viajó a la India para reunirse con Shaik Shakeel, representante legal de Sevenseas Navigation, con quien estableció un convenio para avalar la certificación de marinos.
Este centro de formación era un antiguo cliente del registro beliceño, pero no está reconocido en su país de origen para prestar este tipo de servicios.
LA REESTRUCTURACIÓN
Mientras, el nuevo gobierno de Belice detectaba exceso de certificaciones que daban pie a dudas sobre si se habían impartido los entrenamientos correspondientes.
La voz de alerta, que confirmaba la sospechas, provino de los mismos clientes del registro, quienes denunciaron que se les pedía una ‘cuota' significativa, de miles de dólares, por mantener los centros de formación habilitados para este registro. Se trataba de clientes que querían hacer negocios con Immarbe ‘pero no querían pagar la coima que le pedía Samaniego', informó la fuente beliceña.
El informante agrega que Samaniego fue ‘la cabeza que implementó la certificación. Nosotros cerramos estos servicios, pero ellos ahora lo hacen con nueva gente y recursos. Ellos no estaban interesados en el registro de Belice, sino en el dinero que les llegaba cada mes, lo que hacían para ellos', dijo.
El Gobierno de Belice está dispuesto a renunciar a los millonarios ingresos que le representaban las fraudulentas certificaciones a cambio de un registro serio.
LA CAJA DE PANDORA
Tomó casi un año a los nuevos funcionarios comprobar el negociado con los certificados. ‘Había sabotaje interno para evitar que se conociera la verdad', según el alto funcionario del gobierno beliceño.
Samaniego había dejado en la oficina a una espía, Hilda Grant. Ella informaba a los centros de formación sobre las moratorias y los alertaba de las acciones del registro, agregó la fuente.
Grant, ‘muy buena amiga del capitán Samaniego, residía en Belice, pero aparentemente era originaria de Guatemala'. Ella se encargaba, entre otras tareas, del proceso de certificación de marinos , ‘pero no estaba calificada para esto', señaló la fuente.
Entre los puntos de la reestructuración del registro se contempla reclutar personal que haga los servicios de certificaciones que hasta ahora están cancelados.
Otra de las irregularidades que encontró el gobierno beliceño, según la fuente, era que ‘Abilio Domínguez, gerente técnico de la gestión de Samaniego, viajaba con su jefe supuestamente a auditar a los centros de formación. Pero, a pesar de los pagos efectuados por estos centros, que oscilaban entre $7 mil y $7,500 cada uno, nunca hubo documentación que sustentara la inspección. Y se podían hacer entre dos o tres áuditos al mismo tiempo'.
En aquellos tiempos, algunos miembros de la oficina se percataron de que tanto Samaniego como Domínguez mantenían un estilo de vida desproporcionado a sus ingresos.
‘A todos les compraba tragos y vinos de hasta mil dólares. Se empezó a ver que ellos gastaban más que antes. Uno podía darse cuenta que algo estaba pasando', añade.
Frustrado el negocio de SIMA, la fuente apuesta a que es posible que Samaniego y compañía busquen otro registro como Camboya, Sierra Leona o algún otro para replicar las mismas prácticas.
La Estrella de Panamá intentó, en reiteradas ocasiones y por distintos medios, contactar a Samaniego, a Moreno y a Domínguez, pero ninguno respondió.
POSTURA
Apademar lamenta el caso Samoa. La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) lamentó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) haya negado que se dieron licencias a marinos a través de la empresa Samoa International Maritime Authority, Inc. (SIMA), que de forma ilegal usó la bandera y el nombre de la isla oceánica para hacer estos trámites.
El administrador de la AMP, Jorge Barakat, se retractó de estas declaraciones luego de dos publicaciones de este medio que demostraron lo contrario.
‘Lamentamos las recientes publicaciones en los medios de comunicación social referentes al caso SIMA y el manejo que se le dio inicialmente a esta situación por parte de la AMP', cita una carta enviada por el gremio a Barakat.
A pesar de lo anterior, Apademar aplaude que el administrador haya interpuesto una querella penal para que se investiguen las actuaciones de la empresa SIMA y de cualquier otra persona que esté vinculada al tema. ‘Situaciones como esta no pueden volver a repetirse. Urge restablecer la confianza de nuestros registros ante los actuales y futuros potenciales usuarios de la bandera panameña', añade la nota del gremio.
Redacción
Adelita Coriat y Marlene Testa
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