AMP justifica viajes y rechaza baja del registro de naves

En una carta enviada a este medio, la AMP señaló que busca mejorar la imagen de la gestión marítima. Ministro de la Presidencia pedirá explicaciones a Jorge Barakat por escándalo en emisión de licencias

Para justificar más de medio millón de dólares gastados en viáticos en los primeros seis meses de este año, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) señaló a este diario que ha tenido que llevar “un mensaje alto y claro a las diferentes autoridades, organizaciones internacionales y usuarios” del sector sobre la transformación de la gestión marítima panameña.

El mensaje incluye las medidas adoptadas para mejorar la deteriorada reputación a la que está expuesta el país tras escandaloso entramado creado para emitir licencias marítimas a través de Orion Marítime Training Center, que durante cinco años, certificó y tituló a marinos de forma irregular.

Entre estas medidas, explica la institución, está la cancelación de las autorizaciones a este centro de formación para certificar y titular a marinos, así como las investigaciones y denuncias que se han presentado para que se determine a los responsables de estos actos. La autoridad también mencionó, a que ha promocionado “los servicios de abanderamientos y de documentación de gente de mar”.

El planteamiento surge para como respuesta a una publicación de este medio que revela que la entidad destinó, en los primeros seis meses de este año, $489,799.25 para viajes y pasajes aéreos, aunque los informes hechos públicos en su página web no incluyen los viáticos del 2014 ni los desembolsos de la oficina de Seguridad Marítima, en Nueva York, que también cubrió la compra de boletos aéreos para los funcionarios.

Sin embargo, la administración de Jorge Barakat mantiene una ejecución del presupuesto de inversión de 1% y un decrecimiento en el registro de hipotecas, títulos y gravámenes de naves, que en junio llegó a un 40.6%.

La AMP aseguró que las estadísticas del decrecimiento del registro fueron ‘manipuladas por este diario’ porque no obedecen a la realidad de las cifras oficiales, a pesar de que la nota se nutrió de la página web de la AMP www.amp.gob.pa.

“Lejos de alertar sobre una crisis en la tendencia de los registros de buques en Panamá, constituyen una desinformación a la población panameña que es usada convenientemente por registros competidores”, dijo.

Según la institución, datos de junio de 2015, muestran que el registro panameño lidera el abanderamiento con 8,122 naves. Esto representaría un 18.4% del tonelaje bruto de la flota mundial.

Según el administrador Jorge Barakat, durante los seis primeros meses de 2014, el registro inscribió 608 naves, mientras que en el mismo periodo de 2015 alcanzó 602 naves.

Las cifras no son concordantes con las del registro de hipotecas, gravámenes y títulos de naves, estadísticas que reporta el sitio web la institución y que son el primer paso para el abanderamientos de naves.

Aunque la flota mercante de Panamá se mantiene en el primer lugar de las más grandes del mundo, el ritmo de crecimiento es significativamente más lento que otros registros más importantes. Según el servicio mundial de inteligencia marítima de Clarkson (www.crsl.com/acatalog/shipping-intelligence-weekly.html) entre 2013 y 2014, Panamá registró 31 naves menos para cerrar el año pasado con 8,129 naves.

La Estrella de Panamá intentó, sin éxito, contactar al director de Marina Mercante Fernando Solórzano para conocer su versión sobre el desempeño del registro de naves.

EL CASO DE LAS LICENCIAS
Además de Orion, la institución se encuentra inmersa en un escándalo por emisión de licencias a marinos a través de un acuerdo fraudulento con la empresa Samoa International Maritime Authority (SIMA).

Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, aseguró a ‘La Decana’ que en su condición de presidente de la junta directiva de la AMP solicitará al administrador Barakat explicaciones por una docena de publicaciones de este medio, que desnudó el negociado en la emisión de licencias a través de una empresa que no tenía autorización para estos trámites y que escondía vínculos directos e indirectos con altos funcionarios (Alejandro Agustín Moreno y Encarnación Samaniego) de esta administración.

“La junta directiva no está ajena a este tema. Sentimos que es nuestro deber que se nos informe de esta situación y tomar las decisiones que halla que tomar”, señaló Alemán.

El pasado 9 de septiembre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) recibió una denuncia anónima contra la AMP , que podría derivar en una investigación en el Ministerio Público por delito contra el patrimonio.

La queja se fundamenta en irregularidades administrativas en tres áreas particulares: seguimiento a las contrataciones o licitaciones efectuadas por el Estado, emisión de licencias, y viajes sin sustentos.
Una fuente de la ANTAI dijo a La Estrella de Panamá que la denuncia se refiere, en primera instancia a que no se le ha dado seguimiento a las contrataciones efectuadas por la AMP (aunque no detalla cuáles), lo que constituiría una negligencia.

Con respecto al renglón de viáticos y viajes efectuados por los funcionarios, la fuente indicó que toda persona debe rendir un informe, y en la denuncia se afirma que a pesar de los múltiples viajes “no se han dejado plasmadas las sustentaciones necesarias” de estos. Añadió que el portal de la AMP debería publicar todos los gastos en que incurren en este rubro, sin omitir las oficinas que los emiten o los años en que se efectuaron. El portal no ha publicado los gastos del año 2014.

La fuente también habló, sin mencionar detalle, de la forma en como se otorgaron licencias a los marinos. “El procedimiento no fue el adecuado”, concluyó.

En estos momento el expediente se encuentra en la Oficina de Auditoría Interna para propósitos de análisis sobre las faltas presentadas y confirmación de datos.

El procedimiento indica que una vez se cuente con este informe se remitirá un cuestionario a Barakat.
Luego se enviará a Contraloría para un análisis y evalúe si existe o no una lesión patrimonial al Estado, para entonces remitir la investigación al Ministerio Públco.

REDACCIÓN
Adelita Coriat y Marlene Testa