Ayú Prado propone juzgar a Martinelli por el sistema inquisitivo

El presidente de la CSJ propuso a sus colegas que el proceso contra el exmandatario sea por el sistema inquisitivo, ya que el posible delito financiero por el que lo acusan, ocurrió antes de que entrara a regir el SPA

El pleno de la Corte Suprema de Justicia separó a José Ayú Prado como juez de garantías en el proceso que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli por supuestamente haber utilizado información privilegiada en la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd., a través de varias cuentas alojadas en la casa de valores Financial Pacific.

Ayú Prado envió una nota formal al vicepresidente de éste órgano judicial, Luis Ramón Fábrega, en la que manifestó que “no es mi intención constituirme en obstáculo para que la causa penal admitida por las copias enviadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se tramite de manera pacífica, transparente y prístina, deseo dejar claro y de manera contundente, que no tengo relación directa o indirecta con la casa de valores Financial Pacific, con el señor Ricardo Martinelli, con la sociedad Distribuidora Comar, o con la empresa High Spirit Overseas, titulares de tres cuentas donde se compraron y vendieron acciones, tampoco con la compañía Petaquilla Gold”, escribe Ayú Prado.

La nota que refleja la versión de Ayú Prado en relación a su vinculación con la casa de valores, contrasta con la percepción de sectores de la sociedad que le vinculan al caso de Financial Pacific. Una de ellas es Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores,quien acusó a Ayú Prado entonces procurador de la Nación, de prometerle la excarcelación a cambio de que se retractara de las declaraciones en las que involucró al exmandatario como responsable de la cuenta High Spirit a través de la cual se transaron las acciones de la minera Petaquilla Gold.

Pellegrini denunció el fallido trato con Ayú Prado en diciembre de 2012. Una serie de hechos desnudaron los vínculos entre Martinelli y la casa de valores, lo que abrió una tela de dudas en las investigaciones que efectuaba la Fiscalía Décimo Tercera en el desfalco de la casa de valores, hecho por el que Pellegrini purgaba en prisión preventiva por haber sido señalada como autora del hecho.

En la misiva con fecha 7 de octubre, Ayú Prado afirma que no participó en el informe que envió la SMV a la Corte, y que los “dichos de una imputada (Pellegrini) por delito financiero en perjuicio de la casa de valores, acerca de su ampliación de declaración indagatoria, han sido desmentidos mediante 3 o 4 declaraciones de personas naturales, tres de las cuales estaban presentes cuando se practicó dicha ampliación de declaración indagatoria. Testimonios recibidos bajo gravedad de juramento, por lo que aparte de mi conciencia, estoy amparado por pruebas que no han sido desvirtuadas”, señala.

Pellegrini reconoce a las personas a las que se refiere Ayú Prado. El primero es Ricardo Solís, subalterno de Frank De Lima exministro de Economía y Finanzas, que trabajaba en el mencionado ministerio, dice, y a quien ella misma acusó de haber sido el mensajero de las respuestas que debía responder a través del celular de Mauricio Ceballos, su exabogado.

Este último es otra de las personas a quien se refiere Ayú Prado, según afirma Pellegrini. La tercera es Frank Torres, exfuncionario de la SMV que fungió como fiscal durante la retractación de Pellegrini. “Pero no citaron al tramitante del expediente que conoce a detalle lo sucedido, y a las dos personas que me custodiaron a la cuando declaré en la Fiscalía”, apuntó Pellegrini.

Ayú Prado, envió la nota con copia a todos sus colegas quienes admitieron su criterio, a pesar de que él mismo, considera que no existe motivo legal que lo limite como juez de garantías en el proceso. Al parecer, la presión de la opinión pública fue suficiente para que el magistrado se distancie del caso.

GIRO DE LA INVESTIGACIÓN
El mismo día que Ayú Prado sometió ante sus colegas la consideración de mantenerlo al margen del proceso de la SMV, les envió otra carta en la que sugirió cambiar la vía de investigación del caso del Sistema Penal Acusatorio al inquisitivo que rige actualmente en la provincia de Panamá.

Ayú Prado identifica que el posible delito cometido por Martinelli es el “delito financiero”, y que al recurrir al informe de la SMV se percata que tanto la compra y venta de acciones efectuadas por Martinelli, en la cuenta High Spirit, en Distribuidora Comar, etc, se ejecutaron antes de que entrara a regir el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Por tanto, debería procesarse bajo el sistema inquisitivo.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal no comprende el fondo de la propuesta de Ayú Prado, pues en materia penal la ley favorece al reo, y bajo ese principio le conviene a la víctima, a los victimarios y a todos ser juzgado bajo el SPA, “es un sistema más ágil”, dijo.

De ser admitida la propuesta de Ayú Prado, añade, priva a Martinelli de una serie de recursos: “la audiencia no sería oral y nos quedamos con el engranaje burocrático. Lo que se está haciendo son prácticas dilatorias para ganar tiempo, y cuando lo quieran juzgar van a haber modificado la Ley 55 que dicta el tiempo de investigación. Entre más tiempo pase le beneficia más a Martinelli”, acotó Bernal.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, manifestó que desde un principio la defensa solicitó a la Corte que se aplicara el Sistema inquisitivo en el caso de las comida deshidrata (otro caso que se le sigue al también diputado), por las mismas razones que hoy Ayú Prado sostiene, que ocurrió antes de la entrada en vigencia del SPA. “Nosotros lo advertimos en ese caso y el juez dijo que se decidiría en otra etapa”, indicó Carrillo.

En el caso de Financial Pacific, que ya admitió el pleno, el término que se dispuso para la investigación es de dos meses. Si se tomara como válida la sugerencia de Ayú Prado, el magistrado Hernán De León, designado fiscal de la causa, deberá efectuar la investigación en el tiempo programado, pero con la atenuante de que los pasos en la investigación serán mucho más lentos. La experiencia internacional enseña que probar el delito de “insider trading” o que una persona se benefició con información privilegiada para la compra y venta de acciones de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, es sumamente complejo y requiere de una investigación profunda.