Fábrega provocó un daño irreversible a la SMV

La fiscal Zuleyka Moore increpó al juez Rolando Quesada por la pena de seis años que impuso a Ignacio Fábrega por filtrar información reservada de la Superintendencia a Financial Pacific. Asegura que la entidad resultó seriamente afectada. El caso va al Segundo Tribunal Superior de Justicia

Ignacio Fábrega de Obarrio, exdirector de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), vulneró y puso en riesgo el sistema del mercado de valores. Así lo establece la apelación de la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, a la sentencia impuesta por el juez del Juzgado Primero de lo penal Rolando Quesada Vallespi.

De acuerdo a la fiscalía, al imponer la pena, el juez no observó la magnitud de la lesión y la mayor o menor voluntad de Fábrega de Obarrio al filtrar la información e incurrir en una conducta penal sin tomar en cuenta que con ello, colocó en riesgo al mercado de valores de Panamá, disminuyó la confianza en el desarrollo de sus funciones que como funcionario público, develó información de carácter confidencial a terceros, “provocando un daño irreversible”.

“Como consecuencia de haber enviado a Financial Pacific correos de asesoramiento, Fábrega de Obarrio, provocó que se perdiera la confianza en el sistema de valores”, sustenta la fiscalía.

DISIENTE CON LA PENA
Moore solicitó a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia que revoquen la pena de 60 meses de prisión que impuso Vallespi, y en lugar de ello, se aumente a máxima, la de 96 meses.

El 3 de septiembre pasado, después de casi seis meses de estar prófugo, Fábrega de Obarrio, apareció a las ocho de la mañana en el Primer Juzgado Judicial de Panamá, donde se efectuaba un juicio en su contra y se declaró confeso y culpable de las acusaciones.

La fiscalía imputó a Fábrega del delito de corrupción de servidores públicos, por haber filtrado información confidencial a Financial Pacific. La casa de valores que hoy se encuentra en proceso de liquidación por la SMV, e investigación por parte del Ministerio Público por haber detectado manejos irregulares en las cuentas Jal Offshore, High Spirit, Distribuidora Comar, así como en la cuenta personal del exmandatario Ricardo Martinelli, a quien señala por supuestamente haber utilizado información confidencial para comprar y vender acciones de Petaquilla Minerals Ltd.

La fiscalía solicitó a los magistrados del Segundo Tribunal que se tomen en consideración las circunstancias de los hechos en modo, tiempo y lugar, situación que no consideró Vallespi.

“Fábrega realizó una conducta antijurídica desde su puesto de trabajo en la SMV, de modo que al incidir en la conducta penal, no consideró la investidura como tal, procurando una satisfacción personal”, se lee en el documento.

Moore insiste que el principal ofendido en este caso es la SMV, por tanto se pregunta qué valor representa Fábrega para la SMV, y qué valores representó él mismo como funcionario de la SMV quien tenía la función sensitiva de supervisar los entes regulados. En este sentido, no es posible desestimar su importancia al momento en que se decidió la pena.

En ese mismo contexto, quedó evidenciado de que Fábrega, desde su puesto de trabajo, divulgó información a Financial Pacific que evitó “cualquier posible acción que pudiera asumir la SMV”.

La fiscal reclama al juez que en su fallo no justificó la pena de seis años de prisión, lo que a su criterio es un dato relevante y riñe con el artículo 22 de la Ley 63 de 2008, “ya que desconociéndose la motivación jurídica, se arribó a una penalidad”.

En marzo de 2015, el juez Quesada Vallespi otorgó una medida cautelar a Fábrega de Obarrio de país por cárcel. Cuando el Segundo Tribunal confirmó que el implicado debía estar detenido preventivamente, Fábrega De Obarrio se dio a la fuga.

La fiscal enfatiza en este último hecho, y describe que Fábrega se evadió durante el proceso investigativo, no prestó testimonio y por tanto, no puede considerarse ningún aspecto positivo a su favor. Su conducta repercutió en los efectos de la investigación y las pruebas recogidas en la instrucción que luego trajo como consecuencia, que se hiciera comparecer a otras personas que debieron responder ante juicio.

El delito que cometió Fábrega, agrega la apelación de la fiscalía, “fue el de corrupción de funcionario público al develar información de carácter reservado y de acceso restringido, cuya pena oscila entre cuatro a ocho años de prisión”.

Al respecto, la fiscalía observó que el juez no atendió la conducta del agente, el peligro o la voluntad de dañar, tal como lo especifica el artículo 79 del Código Penal. De lo contrario, reitera el reclamo, “la pena discrecional de la que partió el juzgador, habría sido distinta”.

OTROS IMPLICADOS
Minutos antes de que iniciara la audiencia, Fábrega de Obarrio reveló al juez una serie de nombres. Entre ellos al exmandatario Ricardo Martinelli y al exministro de Turismo Salamón Shamah, cuyo nivel de injerencia amerita, según la fiscalía, “ ser objeto de investigación”.

No obstante, el juez, no lo determinó así y omitió compulsar copias del expediente al Ministerio Público para que se investigue a estas personas.

Fábrega habló por media hora. Dijo que Martinelli y Shamah eran accionistas de la casa de valores y habían invertido cada uno $3 millones. Otros $6 millones lo aportaron los inversionistas brasileños (supuestamente el grupo de Mendo Sampaio, que adquirió la casa de valores en mayo de 2013).

El exmandatario negó las aseveraciones de Fábrega de Obarrio tan pronto salieron a la luz pública. Lo hizo a través de un Twitter: “No he sido ni soy socio de Financial Pacific y mucho menos (he) dado orden alguna al Sr. Fábrega”, escribió Martinelli a principios de septiembre.

La fiscalía solicitó a Quesada Vallespi que, siendo la Corte Suprema de Justicia la instancia que determina el grado de responsabilidad de los señalados, entre ellos, el expresidente Ricardo Martinelli, se ordene la compulsa de copias.

“Es justo investigar quiénes fueron parte de esas motivaciones para que se puedan entender los hechos”, manifiesta la fiscal.

La firma de abogados Mejía & Asociados, que actúa como parte querellante en el proceso, se hizo eco de la petición de la fiscalía para que se compulsen copias al Ministerio Público.

Jair Urriola, abogado querellante, detalló que Fábrega de Obarrio endilgó responsabilidad al exministro Shamah, al señalar que éste le daba instrucciones directas de cómo actuar en la casa de valores, lo que podría derivar en un delito financiero.