El mandatario Juan Carlos Varela se comprometió a avanzar en el intercambio automático de información fiscal con los países que hayan firmado acuerdos bilaterales, mas no así en forma multilateral
Es decir, Panamá está dispuesta a suscribir acuerdos de intercambio de información fiscal, pero no como pide la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El organismo internacional exige a Panamá poner a disposición de cualquier país miembro, de forma automática, información en esta materia.
Ayer, en la 70ª Asamblea de la ONU celebrada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Varela se comprometió a “ampliar la cooperación internacional en materia de transparencia fiscal y avanzar hacia el intercambio automático de información en materia tributaria de forma bilateral, tal y como lo han hecho nuestros principales socios comerciales”.
El intercambio, no obstante, “estará condicionado a la capacidad y circunstancias nacionales y el entorno geopolítico internacional, a que se respete el derecho de cada país de tomar las medidas necesarias para garantizar que el intercambio automático de información persigue el bien común y no se utilice para perjudicar la competitividad de unos países en perjuicio de otros”, manifestó el mandatario.
Las constantes presiones de los organismos internacionales para que Panamá abandone la posición de paraíso fiscal han puesto al Gobierno a buscar alternativas que le permitan su propia supervivencia como nación que permite una política tributaria favorable a la inversión extranjera.
Lo hará a su manera, sin aislarse del resto, afirmó Gian Castillero, asesor del mandatario en asuntos de tributación internacional. “Posiblemente, la OCDE no va a estar complacido porque Panamá no se está sometiendo a las directrices del organismo, pero se acoge al sistema que adoptaron otros países miembros, como Uruguay o Estados Unidos”, añadió Castillero.
En su discurso ante la ONU, Varela propuso que en vez de que estos temas se definan en la OCDE, sean “incorporados a la agenda regular de las Naciones Unidas, asegurando que las iniciativas que se presenten sean discutidas por los países en igualdad de condiciones”.
Al abogado Adolfo Linares no le desagrada la medida adoptada por el Gobierno, que ya ha recibido una serie de críticas de toda índole en el medio abogadil especializado en la constitución de sociedades anónimas.
“Dependerá de la implementación del intercambio automático, que bajo el criterio de la OCDE era aceptar lo que se presentaba. Pero Varela expone que nos tomamos la libertad de decidir qué medidas adoptamos y sopesar si afecta el interés nacional y al centro financiero”, expresó Linares.
Una de las condiciones para el intercambio de información se centra en el ejercicio de la soberanía. “A fin de cuentas, el derecho internacional público establece que cada país debe respetar sus propia constitución”, señala Linares.
Carlos Barsallo, exsuperintendente del Mercado de Valores, estudioso del tópico, considera que hay prudencia en las palabras del presidente. “No se llega al fondo del todo. Se busca hacer lo que otros hagan y reservarse condiciones. Se hace un esfuerzo por conciliar dos posiciones diferentes. Avanzar hacia el intercambio automático de información en forma bilateral, como lo han hecho en el pasado los principales socios comerciales de Panamá, y las nuevas exigencias en materia de intercambio que estos mismos socios tendrán que cumplir”, señaló Barsallo.
CRÍTICAS A LA OCDE
La lista de paraísos fiscales que publica la OCDE, a menudo es criticada por querer tratar de imponer una política económica que responde más a los intereses políticos y económicos de sus miembros que a los objetivos establecidos.
Un reporte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Alabama, titulado “Cartelizando los impuestos, entendiendo la campaña de la OCDE en contra de la competencia fiscal perniciosa (Cartelizing Taxes: Understandig The Oecd’s Campaing Against Harmful Tax Competition)”, se pregunta por qué la OCDE “evolucionó a partir de un foro que se enfocó en reducir los costos de las transacciones en el sector privado a través de un cartel cuyo objetivo es restringir la competencia entre los Estados.
El trabajo señala a la OCDE de restringir la competencia en beneficio de algunos Estados, a expensas de otros.
.jpg)
No hay comentarios
Publicar un comentario