Mora judicial y percepción de corrupción, dos retos en el OJ

En el Ministerio Público reposan más de 20 denuncias sobre posibles delitos en el Órgano Judicial. La mora judicial y la percepción de una justicia selectiva son tareas pendientes para sus administradores

El rezago judicial es uno de los principales escollos en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Así los dio a conocer el presidente saliente de este órgano, José Ayú Prado, en el informe de rendición de cuentas de dos años al mando de la máxima corporación de justicia (2014-2015).

Ayú Prado enumeró diez imperativos estratégicos que buscó implementar durante su gestión para contar con una justicia del siglo XXI. Principios que adoptó de los planes de trabajo de sus antecesores, con el ánimo de continuar una política institucional.

No obstante, a punto de relevar el cargo, Ayú Prado no logró superar uno de los principales retos de la justicia panameña: inspirar confianza en la ciudadanía, o el usuario, y enderezar la percepción de que existe una justicia selectiva, que los jueces fallan contra chequera, o según la amistad que se tenga con el juez, según la evaluación de algunos juristas consultados.

REZAGO JUDICIAL
A punto de finalizar este año, hasta el 31 de agosto del corriente, la carga laboral de la sala Plena se ha mantenido. En los escritorios de los magistrados se mantienen 2207 expedientes (ver gráfica). De ellos son pendientes de años anteriores 1295, mientras que este año ingresaron 912 casos.

Un dato que debería ser público y al alcance de los usuarios que reclaman celeridad en la justicia, especialmente en aquellos expedientes de “alto perfil”, que sin razón justifiacada permanecen “engavetados” por meses o años, exclama el abogado Ernesto Cedeño.

En la Sala Civil, por ejemplo, existe un índice de pendencia, o casos pendientes de resolución, de un promedio de -21% hasta agosto de este año. En la Sala segunda de lo penal, de 123 audiencias programadas se realizaron 93. Un tercio fueron reprogramadas o pospuestas.

Ayú Prado, el magistrado que más denuncias acumula en su contra en la Asamblea de Diputados y que están a la espera de ser investigadas, insiste en que cualquier queja por presuntos actos de corrupción debe presentarse ante el Ministerio Público (MP)o ante la Asamblea Nacional, entidades encargadas de realizar estas pesquisas. “Pedimos que se respete la presunción de inocencia, y el secreto del sumario”, insistió Ayú Prado.

Actualmente existen 22 denuncias en el MP a la espera de investigación que han sido presentadas por el Órgano Judicial, de las que Ayú Prado se impidió de ofrecer detalle a los medios. La Estrella de Panamá investigó que cinco de ellas son por la supuesta manipulación anómala del sistema informático en el Registro Único de Entrada de Expedientes (RUE) de la Corte.

La Fiscalía Superior Anticorrupción del MP investiga, además, un caso de expediente por coimas para la concesión de medidas cautelares y asignación de expedientes judiciales, por el que hace un mes una docena de funcionarios judiciales quedaron arrestados.

Una forma, no obstante, de combatir la corrupción descansa en la digitalización de los expedientes y en una trazabilidad del archivo para conocer en qué despacho se encuentra y contabilizar el tiempo que pasa en cada despacho. Sin embargo, este sistema que se había contemplado al inicio de la presidencia de Ayú Prado, actualmente es un plan piloto que no se ha implementado, según el presidente, por falta de presupuesto.

“La confianza no se recupera de un lado a otro, sino de una manera integral y estamos trabajando en eso”, añadió el presidente de la Corte.

Los usuarios del sistema como el abogado Ernesto Cedeño han identificado varios problemas que debieran superarse. “El principal es el rezago judicial como Corte y como órgano de justicia. El segundo es la falta de personal en los juzgados inferiores, los de circuito, y la falta de transparencia, no sabemos qué y cuantos expedientes tiene cada magistrado”, indicó el jurista.

Según Cedeño es necesario dotar de recursos a los juzgados y movilizar los expedientes, dar información a la comunidad de cómo avanzan los expedientes en los circuitos, y acercarse más a la comunidad” añadió. A esto, hay que sumar una mayor fiscalización a los jueces de circuito y fortalecer las auditorías forenses.

FALTA DE RECURSOS
“Con los recortes la poderosa tijera del Ministerio de Economía y Finanzas ha asfixiado a la Corte”, indicó el presidente del Colegio de Abogados José Alberto Álvarez quien agregó que el órgano judicial se merece un mejor trato de quienes designan los dineros.

Ayú Prado explicó que existen 18 jurisdicciones que se van a ver afectadas por el recorte presupuestario. “Este año recibimos $115 millones, para el próximo año contaremos con $120 millones, pero áun no son sufiecientes. Lo que hay que hacer es ejecutar con profesionalismo y creatividad lo que se nos ha asignado”,dijo.

El magistrado indicó que el dinero no es suficiente para la implementación de la Carrera Judicial y el Sistema Penal Acusatorio que en dos años tendrá vigencia en todo el país.

Entre los puntos imperativos, también se mencionaron las mejoras realizadas a las infraestructuras a nivel nacional, el equipamiento y modernización tecnológica en distintas sedes, el bienestar laboral y profesional, la aprobación de la Ley 3 del 27 de agosto de 2015 que regula la Carrera Judicial, y los logros que ha tenido la oficina de resolución de conflictos en donde se han dado resultados positivos como una vía alterna a la justicia tradicional. Ayú Prado enlistó la cooperación e intercambio que ha efectuado la Corte con otras instancias; México, Uruguay, Austria, Perú, y las Naciones Unidas.