La Apademar interpuso un Habeas Data en contra de José Ayú Prado que lo obliga a revelar los criterios empleados en el nombramiento de jueces y magistrados de los Tribunales Marítimos y de Apelaciones
Los abogados que litigan asuntos marítimos tienen más de un año y medio solicitando que la Corte Suprema de Justicia les informe con cuáles criterios se nombró a los magistrados del Tribunal de Apelaciones Calixto Malcom, Gisela Agurto y María Delgado, y a las juezas del Primer y Segundo Tribunal Cristina Ciniglio y Minela Morcillo y sus respectivos suplentes.
Este es un asunto de transparencia elemental sin resolver. En junio de 2013, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) solicitó en nota formal al presidente de la Corte, José Ayú Prado, sustente que los nombramientos efectuados se hicieron en apego a la Ley 8 de 1982.
En diciembre de 2012, de una lista de 18 aspirantes, la Corte nombró a María Delagado, Calixto Malcom y Gisela Agurto como magistrados del Tribunal de Apelaciones. Los dos últimos que se desempeñaban como jueces Primero y Segundo del Tribunal Marítimo fueron ascendidos por votación unánime de los 9 magistrados.
Mientras que, Cristina Ciniglio y Minela Morcillo, suplentes de Malcom y Agurto, fueron nombradas como principales interinas.
Estos nombramientos para la asociación de abogados, no están claros, pues la Corte no explica la metodología que empleó el Pleno. Y al no obtener una respuesta formal, se interpuso, el 2 de diciembre de 2015, un recurso de Habeas Data en contra del magistrado José Ayú Prado con el que pretenden obligar a la Corte a revelar el método de escogencia, el currículum de todos los nombrados, y los parámetros que se utilizaron para dicho nombramiento.
En el documento, solicitan se ordene el suministro los documentos que avalan que los nombrados cumplen con los requisitos para ser jueces y magistrados en los Tribunales Marítimos y de Apelaciones Marítimas.
“Pensamos que es sano que esa metodología se conozca y se divulgue. Tampoco se han divulgado cuáles fueron los candidatos que se postularon para el cargo, las evaluaciones que ¡se hicieron previo a la escogencia. Esto debería ser público”, sentenció el abogado Francisco Linares, miembro de Apademar.
La preocupación de los abogados marítimos consultados por La Estrella de Panamá es que algunos de los nombrados no llenan los requisitos que dicta la ley, y sospechan que se han nombrado por favoritismo y/o por una negociación.
Un caso muy específico, según el testimonio de un abogado que solicitó reserva de su nombre, “es que una de las juezas no domina el idioma inglés, requisito indispensable que dicta la Ley, tomando en consideración que por lo general los documentos marítimos son en inglés”, manifestó el abogado.
Los juristas también se quejan del desconocimiento en derecho marítimo al fallar. Ejemplifican que se han decretado secuestros de buques cuando se encuentran en aguas internacionales, cuando el juez solamente tiene competencia sobre la nave cuando se posa en aguas panameñas. “Eso ocurre por desconocimiento de los jueces”, insiste un abogado consultado.
Linares por su parte, lamentó no poder responder si los jueces y magistrados nombrados cumplen o no con los requisitos, “pensaría que todos pueden cumplir con las formalidades, pero deberíamos saberlo en blanco y negro, y no ha sido así”, añadió el letrado.
Linares indica que “la selección de este personal debe ser completamente transparente, nadie debe tener la menor duda de por qué se nombra a una persona en el cargo”, dijo.
El Habeas Data se encuentra en trámite previo a la etapa de fondo. El documento arribó al despacho del magistrado Abel Zamorano quien actuará como ponente. Desde el 21 de diciembre se envió el expediente a Secretaría General para correr traslado al Presidente de la Corte.
La Estrella de Panamá conoció algunos nombres de los aspirantes. Entre ellos figuran abogados de gran trayectoria en el mundo marítimo: Romano Fioli, Yanitzel Chan, Eduardo Segura, Rosa Lagruta, Iria Barrancos, Eugenia Álvarez, Raúl Jaen, Carlos Raúl Trujillo, Olga Rujano, Nelson Carreyó, y la actual jueza de primera instancia Cristina Ciniglio.
“El descaro fue tal, que ni siquiera se sacó una resolución anunciando los resultados, eso deja mucho que decir de un país con trayectoria marítima como Panamá, de nada sirvió la Ley que dicta los requisitos”, se quejó una abogada.
El Colegio de Abogados, en su momento, envió una misiva a la Corte en la que manifestó su preocupación por la posibilidad de que uno de los candidatos seleccionados en el Tribunal de Apelaciones Marítimas, no reunía los requisitos mínimos exigidos por la ley. El Colegio se refería a que uno de los nombrados no contaba con los 10 años de práctica profesional ante la jurisdicción marítima, o haber ejercido durante igual término la enseñanza en el Derecho Marítimo.
El artículo 5 de la Ley 23 de 2001 que crea el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá indica que los jueces marítimos y sus suplentes serán nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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