La institución presentó unas estadísticas que avala la directora, pero no pueden verificarse y tampoco ofrece expedientes que sustenten sus acciones. Especialistas en el tema sospechan que son datos “abultados”
En la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), los números "solos" no cuentan. La directora de la entidad, Idalia Martínez, rindió informe de gestión sobre su administración, desde que ocupó el cargo en julio de 2014, pero la información presentadas ha levantado las sospechas de los especialistas.
Martínez indicó que en su periodo se han atendido 5,521 casos de menores en riesgo social, cantidad aparentemente sustanciosa, pero que no deja de ser solo un número sin la explicación completa de cada caso y la descripción de cómo fueron atendidos esos menores.
Para Juan Carlos Córdoba, del Observatorio de los derechos de la niñez, en asuntos de menores, cada incidencia, cada caso debe justificarse con "expedientes almidonados" y en la Senniaf de Idalia Martínez "esto no es así".
Córdoba está a cargo del Movimiento Nueva Generación en El Chorrillo, también es consultor y fue galardonado en el 2005 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) por su liderazgo juvenil en beneficio de la población panameña, y sabe que sacar a un menor de una situación de riesgo va más allá de la presentación de un dato.
A cada niño hay que darle seguimiento, cada uno tiene un entorno distinto, los resultados son evolutivos y no pueden englobarse en cuantificaciones macro, sostiene.
"Hay que asegurar que su rendimiento y sus notas académicas hayan mejorado; que su conducta agresiva o las patologías identificadas hayan disminuido; su salud, que el peso del menor, si es el caso, se recupere a la talla adecuada, son muchos aspectos que no pueden solo englobarse en un número", precisó.
Córdoba, que pone en tela de juicio el informe que rindió Martínez, advierte que sus críticas no son personales, apuntan mas bien, a "un gobierno que ha desatendido las necesidades de la niñez, a pesar de haber firmado un pacto cuando el presidente hacia campaña como candidato". "Yo no puedo decir que he trabajado en riesgo social porque abracé a los niños y les hice una fiesta. Decir que un niño salió de esta condición es ver un cambio en la casa y en la situación económica de la familia”, agrega.
Córdoba añade que este tipo de esfuerzos en el que intervienen trabajadoras sociales, psicólogos y un sigiloso monitoreo, requieren al menos de un año, "no se arreglan con charlas escolares".
Las cifras de la Senniaf incluyen en este renglón a los jóvenes que pasan la noche en la institución cuando la Policía de Niñez los recoge pasado el toque de queda. "Ellos los ingresan a las estadísticas y dicen que los atienden. Pero, ¿qué ocurre con ese menor? Pasa la noche en la Senniaf y al día siguiente le dan una charla a los padres o a los muchachos. Eso no es sacar a un niño de riesgo social", insiste Córdoba.
Los números deberían tener "rostro", información registrada por la institución pública, recalca, sin pretender que se atente contra la debida protección de identidad o los protocolos de atención en casos de menores tutelados.
Otro dato que hace pensar a Córdoba es, qué sucede con los adolescentes que desertan de la escuela. Se pregunta si la Senniaf sabe cuántos de ellos se reinsertaron, cuántos están en su casa, si disminuyó la violencia en sus hogares, o si se logró articular con el Ministerio de Desarrollo Social un subsidio que alivie la situación de la familia. Ese es el trabajo que espera de una institución del Estado.
El abogado invitó a Martínez a "que muestre evidencias concretas y tangibles, verificables, en vez de contar historias bonitas y hacer sumas abultadas".
TRABAJO INFANTIL
Martínez asegura que ha sacado de las calles a 795 niños que deambulaban en los semáforos de la ciudad, lava autos, o centros comerciales. Atribuye a la Senniaf un logro por los bajos índices que registra el país en este tema. “Panamá es el país número uno de la región que va rumbo a la eliminación de trabajo infantil”, declaró orgullosa.
Describe que a los niños que “detectan en trabajo infantil los vinculan a programas de la institución y se les da un seguimiento y supervisión en el tema académico”.
Sin embargo, Ramon Alemán, miembro de la Junta Directiva de la Senniaf en representación de la
Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, quien ha dedicado más de 20 años de su vida a denunciar y combatir el trabajo infantil en Panamá a través de Casa Esperanza, duda de esta labor.
"Quisiera saber, dice, cuál es la metodología que utilizó para determinar que ya no están en riesgo y dónde están ahora esos niños, ¿están en la escuela?, ¿quiénes son sus tutores?. Ella no sabe responder a esto. A mi no me pudo demostrar la veracidad de los contenidos de ese informe cuando lo presentó a la Junta Directiva”, señala Alemán.
Hace falta, coinciden los expertos entrevistados por La Estrella de Panamá, un "desglose cualitativo" que respalde cada dato del documento presentado por Martínez.
"No es sacar al niño de las calles, es sensibilizar a los padres y cambiar la actitud de todo el grupo de influencia. A nosotros en Casa Esperanza nos toma de dos años o 18 meses, y ella dice que los hizo rápidamente", se sorprende Alemán.
“En Casa Esperanza, junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hemos hecho una labor amplia en el tema de trabajo infantil y Martínez nunca ha participado. El trabajo infantil ha disminuido, es verdad, pero no ha sido por la labor de la Senniaf”, asegura Alemán.
Este año, Panamá logrará reducir los índices de las peores formas de trabajo infantil a un 3%, “es un compromiso de Estado, pero no he visto a la Senniaf trabajando en esa dirección", añade.
ALBERGUES Y ADOPCIONES
En el informe que presentó Martínez el 7 de enero, se señala que de 57 albergues que hay en el país, solo siete cuentan con los requisitos que exige la institución. Juan Carlos Córdoba se pregunta cómo es posible que si la directora y el presidente Varela conocen esta realidad no se han pronunciado al respecto. Y sostiene que Martínez solo ha visitado tres albergues en siete meses de administración.
En ellos viven 2,168 menores de edad que han sido internados por distintas causas: maltrato, abandono, o vulnerabilidad y que aún no conocen su estado legal.
La institucionalización de los infantes, y determinar el estado de "adoptabilidad" de los menores es un punto crucial en la estructura del funcionamiento de la Senniaf. Primero, porque la institucionalización de un menor debe ser la última medida a tomar en cuenta. Antes, es necesario investigar si el menor cuenta con familia extendida, y en caso de que no se logre ubicar a este brazo familiar, se opta por un hogar dentro del entorno comunitario que pueda hacerse cargo. Agotado este segundo paso, se recurre a un hogar de acogida, y como última opción, el Estado se hace cargo del niño y es "institucionalizado" en un albergue.
Mientras detallaba el informe a la prensa, Martínez no logró concretar una cifra exacta de los niños, niñas o adolescentes, que la Senniaf ha remitido a los albergues. Tampoco detalló cuántos de ellos han ingresado por cuenta propia, o cuántos han sido enviados por el Órgano Judicial.
Córdoba insiste en que la Senniaf no cumple con todos los protocolos antes de institucionalizar al menor.
Insiste que, en la entidad, hace falta una persona que entienda el tema de la niñez de forma integral. “Pareciera que la Senniaf funciona como un sistema nefasto que arrastra niños y que no los devuelve a sus hogares sin resolver el problema".
-¿Qué porcentaje de estos niños vuelve a sus casas?, no sabemos, él mismo responde.
-¿Qué hace que un niño pueda ser adoptado y otro no?, solo ella lo determina y no ofrece esa información, enfatiza el abogado.
Otra fuente vinculada al proceso de adopciones que solicitó mantener su identidad bajo reserva indicó a este diario que "Martínez es quien da apertura a cualquier pastor que desee abrir un albergue, y le da preferencia a los evangélicos".
La gran preocupación de las fuentes consultadas, en el tema de adopciones, se centra en la poca o nula transparencia en que Martínez maneja la base de datos tanto de los interesados en adoptar como de los niños en estado de adopción.
"Yo no puedo señalar que hay corrupción, pero definitivamente hay fallas estructurales que generan demasiadas dudas. Eso es lo que debería de enviar un mensaje a las autoridades correspondientes para que inicien una investigación más profunda", alerta Córdoba.
En este sentido, el abogado recuerda con preocupación la forma en que se altera el orden de las familias adoptantes a quienes se les fija un número por orden de llegada, pero "cuando usted ve que se asignan niños contra toda expectativa, cuando el menor no cumple con todos elementos que supongan que deba estar en una lista de adoptabilidad, nos pone a pensar por qué el sistema asigna a una criatura en contra de la norma", reflexiona el abogado.
La Directora de la Senniaf mostró una gráfica que indicaba 465 casos atendidos de protección a la convivencia familiar, pero nuevamente las cifras parecen huecas. ¿Qué resolvió? se pregunta Alemán. "Ahí es donde ella se queda corta, no se debe sacar del entorno familiar a un niño, eso no es atender.
.jpg)
No hay comentarios
Publicar un comentario