"Martínez monopoliza la Senniaf e impide el avance de los proyectos"

Según fuentes relacionadas al proceso de adopciones, Idalia Matínez, directora de la Senniaf, centraliza las decisiones y obstaculiza la ejecución del presupuesto. Panamá carece de una política de infancia

Existen 2,300 menores de edad que viven en albergues cuyo estatus legal no está definido. La situación, según especialistas en la materia, es producto del “excesivo centralismo, la nefasta organización en materia de adopciones y la paupérrima estructura institucional que prevalece en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)”, a cargo de la licenciada Idalia Martínez.

Los menores que han sido abusados, maltratados o abandonados desconocen si se encuentran en estado de adoptabilidad o si las autoridades han ubicado a algún miembro de su familia extendida que pueda hacerse cargo de ellos.

La Senniaf, como ente rector en materia de adopciones, debe investigar, en un periodo de cuatro meses, la situación del infante o adolescente y definir si es sujeto de adopción. Una vez finalizada la pesquisa, la directora de la institución, en este caso Martínez, debe solicitar al juez de menores que declare la adoptabilidad del niño o adolescente.

Después de valorar el caso, el juez podrá emitir una sentencia para que el menor sea incluido en la base de datos para adopciones de la Senniaf.

Ramón Alemán, de la Junta Directiva de la Senniaf, recuerda que cuando Martínez asumió el cargo, “abrió la puerta de la oficina y dijo: ‘el jueves los quiero ver a todos afuera’. No hubo un proceso de transición de una administración a otra”, afirma.

“Esa señora monopoliza todo, no se toma decisión en consenso, nada se resuelve si ella no lo aprueba. No conoce el tema de la niñez o adolescencia. Tal vez se habrá leído la ley, pero no le da importancia al espíritu de la misma”, manifiesta, por su parte, Sor Lourdes Reiss, directora del Hogar Malambo.

La religiosa añade que en el albergue que dirige hay una población de 50 niños menores de cinco años, pero que un 70% de ellos no tiene un estatus legal definido. “No se sabe si sus padres están inhabilitados para ejercer la patria potestad, si están declarados en adoptabilidad o si van a regresarlos con su familia, y esto no ha ocurrido porque una sola persona hace todo”, se queja Reiss.

Panamá no es, sin embargo, un país de origen de adopciones. Anualmente, se decretan en promedio no más de 30. Esta es la última vía de protección al menor a la que debe acudir la Senniaf, según manda la Ley 46 de 2013, que regula la materia.

No obstante, la situación organizacional y estructural que mantiene la Senniaf actualmente ha provocado atrasos sustanciosos, no solo en materia de adopciones, sino en temas fundamentales como políticas de niñez, programas de atención a la primera infancia, menores de edad adictos y fortalecimiento familiar.

La directora de la institución ha prescindido de los servicios de un subdirector, de un asesor legal, del secretario general, y “cuando tomó el mando, desmembró varias direcciones, entre ellas la de Protección al Derecho a la Convivencia Familiar, que lideraba un abogado especializado en la materia” , explica una fuente ligada al tema que solicitó reserva.

“La estructura interna de la Senniaf no logra abarcar el tema de la niñez porque está centrada en adopción. No establece bancos de datos para hogares sustitutos mientras pasan los conflictos familiares, solo tienen nueve, y no se dan a basto. A pesar de los esfuerzos que realizan las juezas coordinadoras, no logran hacer una relación estable con la Senniaf. El camino de la búsqueda de la familia hasta el tercer grado de consanguinidad no se ve en los procesos”, indica la magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú.

La funcionaria del Órgano Judicial formó parte, junto a cuatro profesionales, de la Comisión Evaluadora de la Adopción de las Normas y Protección de la Infancia y Adolescencia (2009-2014).
Cossú apunta que el centralismo que mantiene Martínez provocó la baja implementación del presupuesto en 2015 (ver gráfica).

“No planifica, no tiene una estrategia porque carece de apoyo en materia jerárquica, tampoco lo tiene en asesoría legal”, acota Cossu.
En 2015, el presupuesto de la Senniaf, en el renglón de implementación de medidas reeducativas de menores infractores, por ejemplo, era de $170 mil, pero a finales del mes de noviembre solo se ejecutaron $27,660, según datos de la institución. En mejoramiento de procesos de adopciones, solo se implementó la mitad.

Martínez no se ha pronunciado públicamente sobre el informe que levantó la Comisión y que se entregó al presidente de la Junta Directiva de Senniaf y ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez. Ayer, Martínez anunció en su cuenta personal de Twitter que el jueves próximo dará una conferencia.

La situación de la institución, no obstante, afecta no solo al tema de adopciones. Panamá carece de una política integral en materia de infancia. Es el único país de América Latina, además de Chile, que recibe serias críticas cada vez que rinde informe en Ginebra, Suiza, ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dentro de ese contexto, expresa su preocupación por la condición de los albergues, la falta de capacidad para vigilar que los niños vivan con las mínimas condiciones de dignidad, la privación al derecho con la familia y la poca importancia que el Estado imprime al tema, evidenciado en el bajo presupuesto anual que asigna a esta institución.

La política integral que aglutine el tema de niñez y adolescencia requiere también de campañas sociales, de personal capacitado en derecho y familia que conozca de las Convenciones de los Derechos de los Niños para que facilite la implementación de los programas en forma permanente.