Presunto delito: Querellan por fraude a Grupo Unidos por el Canal

Las instancias arbitrales que tienen como método de solución del contrato, no pueden ser utilizadas para legitimar sumas falsas. Las declaraciones del Administrador de la ACP motivaron la denuncia

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue querellado ayer por posible delito contra el patrimonio del Estado. La demanda la presentó el vicepresidente del Colegio de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, quien actuó a título personal.

La demanda que interpuso el abogado ante la Procuraduría General, la primera contra el consorcio hasta la fecha, se fundamenta en la mala fe contractual dada a conocer por el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien declaró ante los medios de comunicación que “una vez más quedó en evidencia la tendencia del contratista a presentar costos inflados”, hecho que permite concluir, según la querella, “que la Nación puede ser sorprendida en su buena fe e incurrir en pagos de sumas no justificadas en alguna etapa de la ejecución del referido contrato”.

Hecho que hace “obligatoria la intervención del Estado para comprobar que las distintas instancias arbitrales que tienen como método de solución del contrato, no pueden ser utilizadas para legitimar sumas falsas según lo que se entiende de las declaraciones de Quijano”, indicó el jurista del CNA.

El documento que se compone de 13 hechos notorios como sustento de la denuncia, cita una publicación de la ACP en el que denuncia su inquietud por la metodología de cálculos que hace el desarrollador del proyecto en sus reclamos: “Vale recordar, que de los cinco fallos de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) a GUPC, de la suma reclamada por el consorcio, $803,007,753.29, se le ha otorgado $283,307,442.71, casi $600 millones menos”.

Porcentajes que se presentan como sobrecostos no justificados y que sin lugar a dudas, continúa la demanda, ponen en escenario la posible estafa o su intento al erario público.

DINEROS DEL ESTADO
“Dentro de una relación comercial normal, cuando hablamos de una diferencia del 60%, nos encontramos ante arbitrariedades, y al ser dineros del pueblo panameño las sumas que reclama GUPC, el país no tiene por qué aceptarlas si el Administrador las señala como infladas. Eso se traduce en que el asunto comercial abre la puerta a que penalmente se demuestre si nos encontramos ante una estafa o inclusive a determinar qué reclamos de GUPC son inflados”, añadió Araúz.

A criterio del jurista, el tema contractual no impide que el Estado intervenga con la jurisdicción penal para evitar fraudes.

En la querella se plasma que las instituciones de “solución alternativo de conflictos no pueden servir para encubrir pagos indebidos o legitimar formulas extorsivas o métodos de presión para llegar a acuerdos que rompen la buena fe contractual, nos encontraríamos ante conductas que deben ser ventiladas por el derecho”, se lee.

Araúz explica que si los reclamos de GUPC están llenos de falsedades, es el Ministerio Público quien debe impedir cualquier pago, que ya duplica el monto del contrato original.

“A partir de ahora vienen unos 3 mil y tantos millones que tienen dudoso origen”, asevera Araúz.

Las exigencias de GUPC, describe la querella, “no tienen sustento en la realidad y serían el inicio de la investigación criminal que permita deslindar responsabilidades. La existencia de estos informes podrían confirmar la falsedad de documentos que deben ser contrastados con la realidad”.

SUSTENTO LEGAL
El fundamento jurídico del documento lo componen cuatro artículos del Código Penal: 220 y 221, que se refieren a estafa y otros fraudes, y el 366 y 373 que abordan la falsificación de documentos en general.

La querella podría quedar alojada en la Fiscalía Anticorrupción o quedar en manos de Kenia Porcell, procuradora, quien puede eligir determinadas causas para ventilarlas.

“Hay normas en el Código Penal que facultan a la procuradora a pedir al juez de la causa medidas de conservación para evitar que los posibles perjuicios agraven la conducta calificada como delito. Las declaraciones de Quijano, confirman la pérdida de confianza en GUPC y eso se traduce en el dolo que debe investigar el Ministerio Público”, acotó el jurista.

PRUEBAS
Araúz revistió la denuncia con la copia de la auditoría publicada por la ACP, en la que consta informe presentado por la firma Ernst & Young elaborado el 17 de diciembre de 2015 que aparece en la página de la ACP. Además, presentó copia del comunicado de la vía interoceánica que recoge las declaraciones de Quijano.

Otras pruebas solicitadas por el abogado se centran en el testimonio del Administrador para que se ratifique de sus declaraciones públicas, y que se pida a GUPC los informes técnicos , contables y periciales sobre los cuales el consorcio respalda sus reclamos con el objeto de contrastarlos con informes de expertos forenses que puedan determinar si existe falsedad en los mismos o no.