Aarón Mizrachi no recibió sobornos, asegura su abogado

Silvio Guerra, abogado de Aarón Mizrachi, niega que su cliente sea el funcionario “B” al que identifica el exempleado de SAP Vicente García, como una de las personas que recibió coimas a cambio de los contratos

La Fiscalía Sexta Anticorrupción logró determinar que Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, viajó a la ciudad de México del 14 al 18 de febrero de 2010 fingiendo un viaje de negocios supuestamente invitado SAP filial en este país. Sin embargo, los viáticos que cubrieron ese viaje eran dineros asignados al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se encontraban en la cuenta del Tesoro Nacional.

El viaje fue una de las piezas del rompecabezas que delató a Jaén como uno de los funcionarios sobornados por Vicente García, vicepresidente de ventas globales para Latinoamérica de la empresa SAP, confesó que a cambio de millonarios contratos con el Estado, sobornó a tres funcionarios públicos que identificó como “A”, “B” y “C”.

Desde el 11 de abril, Jaén se encuentra detenido en forma preventiva, acusado de peculado y corrupción de funcionarios públicos. Supuestamente Jaén es el funcionario “A”, en este esquema de corrupción.

En su declaración, García omitió los nombres de los funcionarios A, B y C, a quienes según él, repartió diferentes sumas de dinero. Mencionó que el funcionario A, ahora identificado como Eduardo Jaén por un agente de investigación norteamericano, realizó un viaje a México gracias a una carta de invitación que él mismo confeccionó para que Jaén pudiera justificar la escapada a suelo azteca cuando en Panamá se celebraba el Carnaval.

La Fiscalía buscó el rastro de los dineros que Jaén utilizó para viáticos y en una inspección ocular al banco donde se transfirieron los dineros, el fiscal Aurelio Vásquez detectó que la plata provenía de los fondos del PNUD, y que éstos se transfirieron a la cuenta corriente de Eduardo Enrique Jaén Roy.

La Fiscalía intenta corroborar los señalamientos de Vicente García, quien paga veintidós meses de prisión en los Estados Unidos, que según su versión entregó $150 mil a Jaén, que equivaldría al 1% del monto del contrato.

FUNCIONARIO “B”
Stuart Andrew Robinson, agente del FBI que declaró ante la Fiscalía, mencionó que García cree que Aaron Mizrachi, un empresario ligado a la familia del entonces presidente Ricardo Martinelli, solicitó el 10% del contrato, y que la comisión se le haría llegar a través de Advanced Consulting, una empresa distribuidora de los softwares de SAP.

García identifica a Mizrachi como cuñado de Ricardo Martinelli, como representante de la familia “real”, la llave para poder hacerse de los millonarios contratos por su cercanía al entonces presidente.

También dijo que recibió un contrato en blanco con instrucciones que debía seguir para enviar las transferencias a la cuenta de Mizrachi en las islas Vírgenes Británicas. Aunque de esto último, según la defensa de Mizrachi, la Fiscalía no tiene evidencias.

En base a las declaraciones de García, la Fiscalía acusó a Mizrachi de tráfico de influencias con una pena aplicable de cuatro a seis años de prisión. Por este delito solicitó a la Interpol la ubicación de Mizrachi quien salió de Panamá el 22 de julio de 2015 en el vuelo N799RM que despegó del aeropuerto Marcos A. Gelabert, con destino a los Estados Unidos. Desde entonces no ha vuelto al país.

NIEGAN ACUSACIONES
Silvio Guerra, abogado de Mizrachi interpuso un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la detención de su cliente. El recurso está en manos del presidente de la Corte José Ayú Prado.

Guerra niega rotundamente que su cliente haya sido parte del entramado de sobornos que elaboró García a través de dos empresas para disfrazar las coimas.

Primero, dice Guerra, su cliente no era funcionario del gobierno de Ricardo Martinelli. Tampoco, asegura, es cuñado del presidente como menciona García, y tercero, recalca, su cliente no recibió transferencia alguna.

—¿Quién es el funcionario “B”, entonces?- preguntó este diario a Guerra.

Me es irrelevante quién es el funcionario "B". Mi cliente no cobró un solo real.

Guerra manifestó que la Fiscalía no tiene pruebas en contra su cliente.

Añade que en "Washington, D.C, Estados Unidos, un ente acreditado efectuó una serie de investigaciones que determinan que a las cuentas de Aaron Mizrachi no ingresó absolutamente nada con referencia a las coimas que aduce el señor García".

Supuestamente Mizrachi habría recibido el 10% del contrato, lo que rozaría $1.4 millones.

La Fiscalía solicitó al Tribunal Electoral el certificado de matrimonio de Mizrachi como parte de las evidencias legales que utilizaría para probar su hipótesis de que el señalado es el funcionario B, del que habla García.

"El señor Roni Mizrachi no está casado con la hermana del expresidente Ricardo Martinelli, por tanto ésta no puede ser una prueba a favor del fiscal", exclama el abogado de Mizrachi.

En el registro civil, según averiguaciones de este diario, el estado civil de Mizrachi actualmente es divorciado.

Según García, la relación con Mizrachi inició gracias a un intermediario, Carlos Bissott (fallecido) quien concretó la cita con Mizrachi para explorar una de las rutas para que el gobierno apruebe los contratos. En dicha reunión según García, Mizrachi le dijo que era cuñado del presidente y que podía conseguir que SAP se hiciera de los contratos.

Mizrachi no habla de una "reunión" con Bissott. Su abogado afirma que su cliente fue requerido para una entrevista cuyo objetivo era que los interesados conocieran a Mizrachi "como empresario por si se interesaba en invertir en algún negocio". La cita duró si acaso, ahonda Guerra, una media hora, "pero terminó fatal". "Rony no quiso tener ninguna comunicación futura porque el individuo (Bissott) no le dio buena impresión", recuerda Guerra.

De ahí en adelante, asevera el abogado, Mizrachi no escribió ni un solo correo a las empresas que intervinieron en el proceso de compra de los softwares, ya sea SAP, True Marketing y/o Advanced Consulting.

"Ni la Fiscalía, ni la jurisdicción norteamericana tienen algún correo electrónico de la computadora de la autoría del señor Mizrachi que pueda incriminarlo. Por eso en Estados Unidos no están perdiendo el tiempo en una investigación contra Mizrachi", señala Guerra.

Según Guerra, en los Estados Unidos no pueden investigar a los panameños, por eso, el fiscal norteamericano a cargo de la investigación contra García, quiere que se aclare el hecho en Panamá. "Pero en derecho prima el principio de cosa juzgada, un caso cerrado en una jurisdicción no puede abrirse en otro lado", expresa Guerra.

Después de la cita con Mizrachi, según García, hubo un intercambio de correos entre su persona y Bissott en los que cuadraron las coimas que le tocarían a cada funcionario.

Guerra también desestimó la declaración que rindió el agente del FBI ante la Fiscalía en la que relata la confesión de García. Legalmente, dice, no tiene validez porque no es una prueba idónea.

En Panamá, no reposa una copia del expediente norteamericano, por tanto, según Guerra, el fiscal no cuenta con la documentación necesaria que tenía que haber solicitado por los conductos protocolarios.