Depende del dictamen de los peritos para determinar si la mayor filtración de documentos jamás vista, fue producto de un delito de hackeo o si se produjo internamente
El fiscal Ricaurte González se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera profesional que averigua los delitos en materia de propiedad intelectual y seguridad informática.
El Fiscal Intenta determinar si en la firma de abogados Mossack Fonseca ocurrió un hackeo que filtró más de 11.5 millones de documentos a la luz pública, o si este hecho fue producto de un “trabajo interno”.
A la cabeza de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, González asevera que logra una efectividad en sus investigaciones del 93%, es decir con condena.
Sin embargo, el caso en cuestión, sin duda, es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta por que está contra el tiempo.
El fiscal cuenta con 120 días para hacer la investigación que no merece prórroga, según el Código Judicial, a pesar de que éste se califica como un delito grave. Indica que en casos anteriores le ha tomado entre dos a tres meses efectuar una pesquisa en contra de la seguridad informática.
Hasta la fecha, a un mes de que Ramón Fonseca, socio de la firma, presentara la denuncia ante el Ministerio Público, González ha tomado declaración a tres personas, ha efectuado tres diligencias de inspección ocular y espera los resultados de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), indispensables para determinar si hubo o no delito.
Los pronósticos, a pesar de la buena intención de los personeros, son un tanto grises.
“El Ministerio Público no tiene todas las herramientas, carece de recursos cuando se hacen las diligencias”, manifestó González.
Como ejemplo explica que la cantidad de casos saturan al personal técnico encargado de la investigación.
El instituto cuenta con una sección de informática pero el fiscal expresa que “numéricamente el personal no se da a basto en las diligencias que se acumulan. Todo toma tiempo y el grupo de trabajo se satura”, añade.
“Dentro de los términos y las condiciones de infraestructura con que contamos ojala pudiéramos tener un equipo como de las películas, pero la realidad es que es reducido”, apunta González.
Entre sus pericias, el IMELCF podrá establecer si hubo una implantación de contraseñas, si alguien extraño ingresó al equipo, cuándo ocurrió, qué colaborador ingresó, hacer un análisis de la bitácora, identificar el tipo de software que utiliza la firma, etc.
Lo ideal es que el IMELCF contara con un presupuesto que permita contratar más personal, con salarios atractivos para evitar la fuga de cerebros. Así lo ha dicho en público el director del IMELCF, Humberto Mas.
“El Ministerio Público jamás va a tomar la escasez de recursos como excusa para no investigar”, aclara González.
En la conferencia de prenssa que ofreció González ayer, quedó pendiente la estadística de en cuántos expedientes la Fiscalía no ha logrado determinar si hubo una violación a la seguridad informática.
La experiencia, según el instructor del Ministerio Público, es que la gente denuncia un delito de inseguridad informática pero después se determina que se trata de otro tipo de faltas.
En caso de que el autor material o intelectual del hecho se encuentre fuera del país, el Fiscal tendrá que solicitar asistencia internacional. Hecho que también toma tiempo.
“El tema de seguridad informática implica que la información es tomada de manera indebida de un dispositivo, un sistema informático o una red, otra cosa es que alguien pueda tomar información y la entregue a través de otros medios” explicó González. Lo que le interesa es verificar si la información fue extraída del sistema informático, la base de datos o la red.
Si la Fiscalía determina que se trató de un “trabajo interno”, enviará el expediente a otra fiscalía, es otro tipo de conducta penal.
Este año se han generado 140 expedientes en esta Fiscalía por delito contra el derecho de autor.
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