Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, que detalla el estudio global sobre homicidios (2011-2013) en todo el mundo, ha demostrado que las áreas urbanas tienen mayores tasas de homicidio.
El estudio indica que el crimen organizado transnacional y los flujos ilícitos explotan las vulnerabilidades locales. En este aspecto, los municipios tienen un papel clave para identificar los riesgos y garantizar las políticas de seguridad.
Por lo general, se lee en el documento, se tiene un exceso de confianza en las estrategias policiales corriendo el riesgo de desplazar los problemas, en lugar de mitigar los generadores del conflicto.
Las ciudades frágiles, por lo general, se identifican por contar con precaria infraestructura y falta de servicios básicos para la población. Situación que aprovechan los grupos criminales para llenar el vacío y ofrecer normas alternas de gobierno expandiendo su negocio.
Por lo anterior, el informe propone un proceso para llevar a cabo un análisis de cinco pasos: primero, aislar los flujos clave que impactan la seguridad. Segundo punto, vincular estos flujos a formas específicas de inseguridad. El tercer paso es entender complejas redes locales y dinámicas de inseguridad que entrecruzan a estos flujos. Seguido, aislar nodos que podrían promover el cambio, y por último, buscar lo que construye resiliencia.
Esto, sumado a otros factores que deberían implementar las ciudades, lograrían una gobernanza segura que pueda intentar mejorar el bienestar de las personas. Entre ellos se menciona, por ejemplo: regulación, aplicación de la ley, liderazgo, sostenibilidad, conocimiento, innovación y promover la legalidad. Lograr la seguridad no es posible sin una inversión en recursos sostenibles, para lo que debe existir una responsabilidad democrática.
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