La querella contra GUPC

El Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) fue querellado en enero pasado por posible delito contra el patrimonio nacional.

La primera demanda contra el Consorcio se fundamenta en la la "mala fe contractual" identificada por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien declaró ante los medios de comunicación que ‘una vez más quedó en evidencia la tendencia del contratista a presentar costos inflados', hecho que permite concluir, según la querella, "que la Nación puede ser sorprendida en su buena fe e incurrir en pagos de sumas no justificadas en alguna etapa de la ejecución del referido contrato".

El documento, que se compone de trece hechos notorios como sustento de la denuncia. Cita una publicación de la ACP en la que expresa su inquietud por la metodología de cálculos que hace el desarrollador del proyecto en sus reclamos: ‘Vale recordar que de los cinco fallos de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) a GUPC, de la suma reclamada por el consorcio, $803,007,753.29, se le ha otorgado $283,307,442.71, casi $600 millones menos', precisa la ACP.

Porcentajes que se presentan como ‘sobrecostos no justificados' y que, sin lugar a dudas, continúa la demanda, ponen en escenario la posible estafa o su intento al erario público.