Las heridas que distanciaron a Colombia del istmo

La inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales, un fallo de la OMC aún sin acatar, la abstención del país centroamericano en la votación de la OEA, y otros casos, han causado roces entre los países hermanos

En julio de 2014, recién proclamado presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sostuvo una reunión oficial con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Fue al primer mandatario que Varela recibió en casa.

Producto de ese encuentro, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que acordaron reforzar la seguridad de la porosa frontera amenazada por injerencia de las FARC. El documento también convenía acelerar los proyectos de interconexión eléctrica y fortalecer las inversiones y el turismo entre los dos países.

Se anunciaba una relación estrecha entre vecinos. Pero la luna de miel duró solo unos meses.

En octubre de ese mismo año, el gobierno colombiano incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales tras haberse vencido el plazo para la firma del acuerdo de intercambio de información fiscal. La acción escaló niveles de tensión diplomática, política y comercial.

La situación no ha variado mucho desde entonces. La fecha en que se sentarán ambas delegaciones a afinar los detalles sobre este entendimiento no está determinada.

"Panamá está dispuesta a firmarlo lo antes posible. Estamos listos pero aún no hay una fecha establecida para retomar las conversaciones", manifestó una fuente de la cancillería panameña que solicitó reserva.

Unas semanas más tarde de las desafortunadas declaraciones, Santos retractó la categoría en la que había incluido a su vecino: "sacamos a Panamá de la lista de paraísos fiscales, luego de que ellos firmaran un memorando de entendimiento donde se comprometían a negociar el tratado de doble tributación”.

Hay una cicatriz onda por el asunto tributario. La última vez que ambos países se comprometieron a rubricarlo fue durante el Foro Económico Mundial. Pero según explica una fuente de la cancillería colombiana que solicitó no ser identificada, “el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá dijo que iba a firmar con Colombia el Tratado durante el encuentro económico, pero Varela no asistió al evento, no se excusaron ni nada, así que no se firmó”.

El experto en derecho internacional, Constantino Riquelme, reclama la acción de los vecinos colombianos al incluir unilateralmente a Panamá en la lista negra. Explica que la forma vertical en que se accionó no es la correcta, en todo caso, dice, tendríamos que manejar temas migratorios en el país de muchos hermanos colombianos, son asuntos que afectan a ambos países. A Colombia le afecta que sus nacionales depositen altas sumas de dinero en la banca panameña. Pero también es menester de Panamá la llegada de migrantes vecinos "que llegan a cometer delitos en el país", dice.

Eloy Alfaro califica la posición colombiana cuasi como egoísta. "El lado pequeño para Panamá y el amplio para Colombia. Como si fuera la ley del embudo: no puede ser que se aplique la ley sin evaluar la relación de ambos países en toda su extensión, sobre todo los temas económicos, porque una relación en la que todos los beneficios económicos fluyan a un solo lado, es insostenible, exclama el también exembajador de Panamá en Washington.

"Colombia, para lograr sus intereses, comenzó a manifestarse de manera ofensiva hacia Panamá, poniéndonos en listas por un lado, y tomando medidas contra las exportaciones de Panamá hacia Colombia, sobre todo de Zona Libre", expresa el diplomático Eloy Alfaro.

ARANCELES PARA Z.L.
Las heridas entre ambos países parecen remontarse al 2013, cuando Colombia impuso un arancel a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá, bajo el argumento de impedir la llegada de mercancía de contrabando.

Panamá reaccionó con una demanda contra el vecino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) que falló a favor del istmo. Colombia apeló la decisión, pero recientemente la OMC, reiteró el fallo a favor Panamá a principios de junio 2016.

Decisión que aún no acata el vecino Colombia. En cambio, la ministra de Comercio Exterior de Colombia, María Claudia Lacouture, ha dejado saber que buscará "salidas" al finiquito de la OMC.

“El gobierno colombiano dijo que acataría el fallo y que se quiere reunir con la contraparte para definir como se evita el contrabando protagonizado por personas de distintas nacionalidades. Se van a reunir los dos ministros de comercio, pero aún está por definirse fecha”, manifestó una fuente de la cancillería colombiana.

UNA FÓRMULA
“Panamá gana casos ante los foros internacionales de justicia, en particular la OMC, y Colombia se niega a aceptarlos con la elegancia que corresponde a países amigos. En lugar de eso pretende, a través de empujones y presiones conseguir lo que quiere, es decir, sus aspiraciones en relación al intercambio de información", observa Eloy Alfaro.

Otras voces, como la del empresario Carlos Ernesto González de la Lastra, proponen algunas fórmulas para desvanecer el argumento de los vecinos: "Si usted analiza geográficamente el puerto de Cristóbal, el puerto de Manzanillo y el puerto de Ever Green, forman parte de una sola unidad portuaria. Y todo lo que tiene que hacer Panamá es declarar la Zona Libre de Colón recinto portuario donde la mercancía simplemente llega para ser transbordada a otros países y se acaba el argumento de Colombia de que esa mercancía fue movida dentro del territorio nacional".

EL VOTO PROMETIDO
Los colombianos aún recuerdan aquel 31 de agosto de 2015, cuando se vio derrotada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con solo 17 votos, insuficientes para convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar la crisis fronteriza que vivía con Venezuela.

El dolor más profundo, casi interpretado como una traición, se reflejó en la abstención de Panamá que había prometido votar con Colombia, pero finalmente una llamada de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a Juan Carlos Varela fue suficiente para neutralizar el voto istmeño.

Colombia requería el respaldo de 18 naciones y confiaba en que contaría con el respaldo de Panamá, pero el país se abstuvo.

"Es increíble que hagan un comunicado con todas las expresiones de que van a estar [en la reunión de la OEA] y de que van a votar, y durante la votación se abstengan porque Maduro llamó para que sea mediador de una reunión", dijo entonces la canciller colombiana María Ángela Holguin a una cadena de noticias colombiana.

Renglón seguido, los medios desnudaron las supuestas razones que motivaron la actuación panameña.

Reportaron que la representante panameña, la canciller Isabel Saint Malo, hablaba de una opción para que Venezuela pague con petróleo una millonaria deuda que mantiene con Panamá. Las heridas no se cerraron.

CASO MAYER MIZRACHI
La tapa del coco se centra en una disputa binacional por el caso del empresario panameño Mayer Mizrachi tras su salida irregular de la cárcel La Picota en Bogotá.

En estos momentos, el gobierno de Colombia estudia la petición de asilo elevada por el joven que cuenta con un salvoconducto mientras estudia la solicitud de refugio.

El gobierno panameño se molestó porque migración Colombia no deportó al istmo a Mizrachi tras haber quedado en libertad el pasado 22 de junio. El salvoconducto, que podría prorrogarse, permite al empresario permanecer en Colombia con un estatus migratorio.

Mizrachi debe comparecer ante la justicia panameña por un caso de supuesta lesión patrimonial.

Después de no haber conseguido su deportación, la Cancillería panameña declaró prófugo a Mizrachi: “se evadió momentos en que la autoridades colombianas tramitaban su deportación a Panamá”, anunciaba el comunicado de la institución.

La supuesta fuga, que niega el señalado, provocó un conflicto diplomático y judicial entre los vecinos. En Colombia, desencadenó en la destitución de Jorge Ramírez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario a quien culpa el director de Migración del mismo país, por no haber entregado a Mizrachi a las autoridades.

Mizrachi solicitó asilo en Colombia alegando persecución política del gobierno panameño por sus supuestos vínculos con el expresidente Ricardo Martinelli.

REDACCIÓN
Adelita Coriat y Marlene Testa