Casos de Martinelli agudizan la crisis en la Corte Suprema

José Ayú Prado intenta hacer un audito a las oficinas de apoyo a los fiscales y magistrados alegando su baja productividad, los casos contra Martinelli están suspendidos por su autoexilio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pretende hacer una auditoria a las oficinas de apoyo para Magistrado Fiscal y de apoyo para el Magistrado de Garantías con el argumento de su baja productividad.

Ésta, no es más que una muestra de la crisis interna que se agudiza en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados se achacan culpas entre sí del retraso de la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, y de los procesos que hay en su contra que se encuentran suspendidos por que no se ha presentado físicamente para hacerles frente.

La carta, fechada el 26 de agosto del corriente, en la que da a conocer Ayú sus intenciones, causó reacción del magistrado Harry Díaz quien interpreta la acción como una “represalia contra Abel Zamorano y su persona quienes le dicen las cosas de frente y sin titubeos”, indicó Díaz.

La ausencia del expresidente en el país impide el seguimiento de los casos en su contra, por tal razón se encuentran suspendidos. Ante esto, Díaz afirma que “Ayú Prado sabe que los casos están suspendidos. Qué pretende? quitarles el personal en vez de modificar el Código Procesal Penal para que el procedimiento se aplique contra quienes se autoexilian para evadir la justicia”, se pregunta Díaz.

Ayú hizo saber sus intenciones en una misiva dirigida al magistrado Hernán De León, vicepresidente de la Corte, en la cual se refiere a un caso en particular en el que da a entender que hubo muy poca o nula colaboración de las citadas oficinas.

Sin mencionarlo, Ayú Prado se refiere al caso del diputado Samuel Bennet, absuelto, a quien se le levantó causa penal: “se solicitó y logró el levantamiento del fuero penal electoral, la causa fue admitida, ante el Magistrado de Garantías se realizó la imputación de cargos y luego se formuló la acusación, ante el Tribunal de Juicio se solicitó condena, y el proceso penal concluyó con la decisión mayoritaria de absolver sin que se haya presentado reconsideración”, se detalla en el proceso.

Luego, Ayú Prado esgrime que lo anterior se hizo sin la colaboración de la oficina de apoyo para Magistrado Fiscal, y que hubo otras instituciones que ayudaron en el caso. Por ejemplo, la de la
Procuraduría, de la Policía Nacional y de la Unidad de Análisis Financiero. Con esto da a entender que el aporte de la oficina de apoyo fiscal fue casi nulo.

Como consecuencia, propone una auditoria a éstos despachos y se presente al Pleno para su ilustración, para “hacer los ajustes que sean necesarios y conseguir el apoyo logístico que requieran”.
En el último de cinco párrafos, Ayú Prado hace alusión a la limitación del recurso humano y económico que enfrenta el Órgano Judicial, lo que podría interpretarse como una reducción de personal en estas oficinas que beneficiaría indirectamente al expresidente Ricardo Martinelli.

Según pudo conocer este diario, en las oficinas de apoyo al Fiscal esta integrada por varios colaboradores aunque no todos son nombrados por el Órgano Judicial. En algunos despachos hay miembros del Ministerio Público, o de la Unidad de Análisis Financiero. En la oficina del magistrado Oyden Ortega, por ejemplo, laboran 6 unidades, en la de Díaz de 3.

Recientemente, Díaz, sostuvo un intercambio de opiniones con Ayú Prado, quien justificó el nombramiento de cerca de 300 jueces, sin que se siguiera el proceso indicado en la carrera judicial aprobada en agosto de 2015, por la falta de fondos asignados a la carrera judicial.

A lo que Díaz le respondió que “esa era la peor mentira que se ha dicho. La implementación de la Carrera Judicial requería de 10 millones y el presupuesto real para el Sistema Penal Acusatorio en el Órgano Judicial era de 100 millones. La diferencia es notoria”, recriminó.

En la misma carta aclaratoria, Díaz recordó que la carrera judicial tenía fondos asignados, pero “lo que señala Ayú Prado es que prefirió (asignar fondos) el Sistema Penal Acusatorio”.

Díaz concluía la nota diciendo que no hubo voluntad real de implementar la Carrera Judicial por parte del presidente de la Corte José Ayú Prado.