Desestiman cargos contra socio de Nidal Waked

El juez Robert Scola consideró que a Tamás Zafir, acusado —al igual que Waked— por lavado de dinero y fraude bancario, no se le otorgó un juicio rápido y justo, lo que viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU

El juez Robert N. Scola, del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, desestimó todos los cargos contra Tamas Zafir, socio de Nidal Waked (arrestado en Colombia y a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos).

Zafir, acusado de blanqueo de capitales, conspiración y fraude bancario, hoy es un hombre libre y no pesa ninguna acusación en su contra.

En el tajante fallo, con fecha del 17 de octubre, el juez basó su decisión en el tiempo que demoró el Gobierno estadounidense para hacer efectivos los cargos en contra del imputado y el derecho de Zafir, quien se había entregado a las autoridades en julio de 2016, a recibir un juicio justo y rápido, tal como lo señala la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU.

El juez sustentó su fallo expresando que desde que ocurrieron los hechos (enero de 2000 hasta el 9 de febrero de 2009), sumado a los seis meses desde el arresto de Waked, transcurrieron un total de 89 meses. El tiempo engloba desde que Zafir participó en la conspiración hasta el día de su arresto.

En marzo de 2015, el Gobierno de Estados Unidos, sin revelar a la luz pública el documento, acusó a Nidal Waked, dueño de Star Textile Manufacturing, y a Tamas Zafir, gerente de la empresa, de haberse combinado con las empresas Vida Panamá, con sede en la Zona Libre de Colón (cuyo gerente era Nidal Waked), para cometer transacciones monetarias que afectaban a varios estados y el comercio exterior a través de las instituciones financieras con actividades derivadas de acciones delictivas por un valor mayor a los $10 mil.

El indictment o acusación incluyó a ambos por fraude contra un banco extranjero, en violación de las leyes de Panamá.

A raíz de esta acusación, Nidal Waked fue arrestado cuando llegaba a Bogotá, Colombia, el 4 de mayo pasado, justo cuando la fiscalía norteamericana solicitó a la Corte del distrito de Florida hacer público el documento. Waked espera su extradición a los Estados Unidos.

Nidal Waked es sobrino de Abdul Waked, uno de los empresarios más prominentes de Panamá que hoy vive asfixiado económicamente por los señalamientos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo efectuados en su contra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Zafir, el socio de Nidal Waked, defendió su caso diciendo que el retraso ocurrido antes de la acusación y después de la misma actuaron en perjuicio suyo y se le violó el derecho a un juicio rápido.

Para tomar la decisión, Scola consideró varios factores, entre ellos las carentes razones ofrecidas por el Gobierno a la Corte para justificar la demora en el tiempo.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO
El Gobierno consideró que la demora en actuar después de presentar el indicment fue el resultado de la imperiosa necesidad de traer a la Corte a Nidal Waked, quien jugó un rol mayor en la conspiración.

Ante este punto, el Gobierno tomó en consideración varios escenarios: el primero es que tuvo que mantener la investigación bajo secreto con el fin de preservar las posibilidades de capturar a Waked.
La segunda justificación que otorgó a la Corte es que siendo un ciudadano panameño, Panamá no accedería a su extradición. La tercera es que Nidal Waked podría haber utilizado sus contactos con el Gobierno panameño para bloquear cualquier esfuerzo de extradición.

Un cuarto punto expuesto por el Gobierno estadounidense es que Waked no viajaría a ningún lado si supiera que sería arrestado. La última es que si arrestaban a Zafir sin antes asegurarse de la extradición de Waked, comprometerían la investigación en su totalidad.

Zafir, por su parte, no cuestiona los motivos del Gobierno en cuanto a la tardanza de actuar luego de la acusación, pero sí se opuso al tiempo que tardó el gobierno en dar estas explicaciones.

ANÁLISIS LEGAL
La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos especifica que en todo caso criminal el acusado debe gozar de un juicio rápido; de lo contrario, los cargos que se imputen a un acusado al que se le ha violado su derecho constitucional deben ser anulados.

La Corte evaluó los factores para determinar si el Gobierno infringió el derecho del acusado a un juicio rápido: el tiempo de la demora, las razones de ésta, la solicitud del acusado a un juicio rápido y el perjuicio que causó al acusado. Los tres primeros puntos pesaron mucho en contra del Gobierno, por lo que la Corte presumió que el cuarto factor afectó al acusado, sin una demostración de un perjuicio real.

TIEMPOS
Un año ya es considerado un retraso presuntamente perjudicial. Una vez que el primer factor desencadena el juicio rápido, según el análisis en el que se basó el juez Scola, “es apropiado considerar la demora previa al indictment y qué tanto pesó la tardanza post acusación contra el gobierno”. Aquí, el juez consideró que la demora de los 16 meses entre la presentación del indictment a la Corte en forma secreta (marzo de 2015), hasta que el acusado se entregó a las autoridades, encaja en el tiempo que deben desestimarse los cargos.

Aunado a esto, la Corte tomó en cuenta los seis años transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que se presentó la acusación. En total, han pasado 7 años que ahora pesan contra el Gobierno.

RAZÓN DE LA TARDANZA
El Gobierno manifestó que la demora en el arresto de Zafir fue una decisión del fiscal. Reconoció que el comportamiento de éste no contribuyó a la demora. El hombre hacía una vida común y corriente en su casa de Broward County, desde febrero 2009 hasta que se entregó a las autoridades en julio de 2016.

El Gobierno consideró que cualquier esfuerzo para arrestar a Waked en Panamá sería inútil y destruiría la posibilidad de arrestarlo fuera de Panamá.

De hecho, el Gobierno insistió en que era necesario esperar hasta que Waked viajara a Colombia para arrestarlo a principios de mayo.

Zafir contrarrestó los argumentos del Gobierno cuando demostró que después de que se interpusiera el indictment en la Corte, sellado, Waked realizó 17 viajes internacionales desde Panamá, entre ellos a Canadá, China y Colombia. Incluso, el 31 de marzo, una semana después de haberse interpuesto la acusación en la Corte, Waked viajó de Panamá a Toronto, Canadá, por cuatro días y viajó a Colombia múltiples veces varios meses antes de su arresto.

Por cada viaje que hizo dentro del espacio aéreo de los Estados Unidos, Waked requería registrarse utilizando un número proveído por el Departamento de Home Land Security. En este sentido, el Gobierno sabía de antemano las veces que Waked viajaba y a dónde lo haría. Y aun así, el Gobierno no proveyó evidencia o hizo esfuerzo alguno para su arresto en el espacio aéreo de Estados Unidos o en otra parte como Canadá, uno de los países aliados de los Estados Unidos en el que sería más fácil aprehenderlo.

Waked viajó seis veces a Canadá antes de diciembre 2015, pero el Gobierno había decidido como estrategia arrestarlo en Colombia. Sin embargo, cuando viajó al país sureño en febrero de 2016, el Gobierno tampoco actuó.

Después, el expediente muestra que Waked intentó en varias ocasiones obtener una visa para entrar a Estados Unidos, y cada vez fue denegada. Aunque hubiera sido entregada como un señuelo, el Gobierno podría haber arrestado al acusado en los Estados Unidos sin necesidad de procesar la extradición en ningún otro país.

La documentación también muestra que no se hizo la debida diligencia para emplear estas tácticas y aprehender a Waked lo antes posible cuando se introdujo la acusación a la Corte. La falta de esfuerzo demostrado por el Gobierno constituye un componente importante en la evaluación de motivos de la demora.

Durante la audiencia, Zafir demostró que los cuatro factores enunciados pesan a su favor, el Gobierno admitió estar al tanto sobre los viajes de Waked y los intentos que éste hizo para obtener una visa de Estados Unidos. Esencialmente, las autoridades estadounidenses argumentaban que contaban con experiencia en determinar el mejor procedimiento para arrestar a Waked.

Basados en esta especialidad, el Gobierno hizo una decisión estratégica de dónde y cuándo debían hacer la operación. La Corte no es quien puede determinar si el método empleado fue el apropiado. Irónicamente, sin pruebas o testimonios para delinear los esfuerzos que hizo el Gobierno para explicar las circunstancias en las que se apoyó la “decisión estratégica”, a la Corte solo le resta especular si las razones que empleó el Gobierno juegan a su favor. Pero, aún si hubiera jugado esto a su favor, fracasaron en su capacidad de demostrarlas.

El veredicto del juez Robert Scola concluyó que las razones empleadas en el arresto de Zafir actúan contra el Gobierno y desestimó los cargos en su contra por blanqueo y fraude.