Francolini y Morales, juntos en Concretos y Agregados Balboa

Ricardo Francolini votó a favor del crédito para HPC-Contratas-P&V, que después fue parte de una empresa junto a Manuel Morales

Riccardo Francolini, expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, era más que un conocido de Manuel Antonio Morales, exgerente de HPC-Contratas-P&V, S.A. Ambos eran miembros de la junta directiva de Concretos y Agregados Balboa, S.A.

Unos meses después de haber otorgado una línea de crédito por más de $10 millones al consorcio encargado de la construcción del centro de convenciones en Amador, Francolini y Morales formaban parte de la junta directiva de la concretera que estaba ubicada en Amador, detrás del anfiteatro del centro de convenciones Figali, muy cerca de donde se construiría el nuevo proyecto.

El préstamo a la empresa encargada de la construcción del nuevo centro de convenciones, precedió al primer desembolso el 31 de diciembre de 2012.

El negocio de la empresa Concretos y Agregados Balboa, S.A. era fabricar, vender, exportar, importar y almacenar concreto.

El 7 de junio de 2013, la sociedad anónima convocó una reunión extraordinaria en la que hubo cambio de directiva. Manuel Luque Morales, un empresario que formaba parte de la empresa desde 2012, renunció a la presidencia de la compañía y en su lugar fue nombrado Eusebio Antonio Morales. Como vicepresidente quedó Manuel Antonio Morales Diez. El tesorero de la directiva es Ramón Balid y el secretario, Riccardo Francolini, según consta en la escritura del Registro Público.

Manuel Antonio Morales es uno de los directores de la empresa HPC-Contratas-P&V, S.A. a la que, en reunión de junta directiva de la Caja de Ahorros, celebrada el 11 de diciembre de 2012, los cinco directores favorecieron con la concesión de un crédito como desarrollador del proyecto de Amador.

En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Riccardo Francolini admitió conocer a Manuel Morales, pero no recordó quiénes eran los representantes de la constructora ni cuándo se creó.

Tampoco dijo recordar con precisión la experiencia comercial del consorcio ni quiénes eran los directivos.

Durante la indagatoria, el expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros dijo a la fiscal que lleva el caso no tener conocimiento de quién había aprobado el desembolso de la línea de crédito a favor del consorcio.

Francolini está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de supuesto peculado en distintas formas, porque los $9 millones que desembolsó la Caja de Ahorros el 31 de diciembre de 2012 a la empresa constructora como parte de la línea de crédito, se utilizaron casi en su totalidad para sufragar la deuda de la casa de valores Financial Pacific.

Francolini y otros dos exdirectivos del banco estatal se encuentran privados de libertad, mientras que el resto de la directiva goza de otras medidas cautelares.

La defensa del expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros argumenta que ‘se ha hecho un cargo a su cliente por peculado en la aprobación de un préstamo por un supuesto daño que no existe y nunca se ha señalado en el expediente otra operación comercial de Francolini'.

La Estrella de Panamá se encuentra a la espera de la respuesta de la defensa de Francolini.

La fiscal realizó varias preguntas al señalado. Por ejemplo, desde cuándo se creó HPC-Contratas-P&V, a lo que Francolini respondió: ‘No tengo idea'.
—¿Quiénes componían dicho negocio? —inquirió la fiscal.
—No recuerdo, pero está detallado en el folio 1897 —contestó.
—¿A qué se dedicaba el negocio?
—Construcción.

El fallido proyecto tuvo actividad de construcción hasta un 33%. En agosto de 2014, la administración del presidente Juan Carlos Varela calificó la obra como ‘uno de los proyectos de riesgo' y detuvo por completo los trabajos.

Recientemente, un consorcio asiático retomó el proyecto al mismo costo, trabajos que deberán culminar en 2018.

ABOGADOS PIDEN DEBIDO PROCESO
La Asociación Nacional de Juristas de Panamá (Anjupa) está preocupada por la aplicación de la ley con respecto al respeto a las detenciones preventivas que ha aplicado el Ministerio Público.

Los abogados reclaman que se aplique la ley para salvaguardar los derechos del ciudadano y para que exista prudencia y equidad, que se aplique de forma objetiva e independiente para no afectar las instituciones constitucionales y crear un clima de desasosiego nacional.

En este sentido, el pronunciamiento solicita se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de los señalados. Asegurar a las partes los procesos sin que se dilaten injustificadamente, y se les permita la oportunidad razonable de ser escuchados por un tribunal competente predeterminado por la ley, imparcial que pueda pronunciarse respecto a las reclamaciones de la parte contraria o procesada y que se presenten pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso.

La Asociación de abogados emitió un comunicado haciendo referencia a lo anterior, y solicitó que se aplique la presunción de inocencia de los investigados e hizo un llamado al buen uso de la ‘discrecionalidad' que gozan los funcionarios puesto que se ha convertido en un peligro para aplicar medidas cautelares, siendo así muy subjetiva la decisión. Esta situación, ‘deja al funcionario actuar de acuerdo con su propia voluntad, contrario a la ley y como consecuencia restringir la libertad al investigado, como en el caso de aplicar la detención preventiva con la existencia de indicios dando lugar a la condena anticipada', se lee en el documento.

‘LA DIRETIVAQ SOLO APRUEBA O RECHAZA UN CRÉDITO'
Fernando Correa, otro de los acusados de peculado y exmiembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros, recuerda a grandes rasgos la empresa HPC-contratas-P&V. Así lo hizo saber a la fiscal Anticorrupción Tania Sterling, al momento de rendir indagatoria.

Correa narró al Ministerio Público que el resumen ejecutivo fue presentado a los directivos de la junta para aprobar o rechazar del crédito el 11 de diciembre de 2012, aunque manifestó no recordar si la línea de crédito se presentó al mismo tiempo que la solicitud del préstamo.

La fiscal buscaba conocer los procedimientos a seguir en la junta directiva para aprobar un crédito, y en eso centró sus preguntas a Correa.
—Esta clase de desembolsos (los previos) son los únicos que se hacen previo al arranque de la obra —explicó Correa.
—¿Es normal que se dé una línea de crédito sin mantener los requisitos de las condiciones generales y precedentes? —inquirió Sterling.
—Cada préstamo es distinto a otro, depende de las garantías y la posibilidad de hacerlas efectivas.
—Yo ejercía el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros desde el 5 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2014, en ello nos tocaba aprobar o no los créditos y políticas bancarias que se presentaban en las fechas en que el banco convocaba a reuniones.

Dichos créditos primero eran procesados por los diferentes departamentos del banco, y después llegaban a la junta directiva para su aprobación o negación, todo era sustentado por los diferentes ejecutivos para deslindar cualquier duda sobre el crédito, dijo Correa a la fiscal.

La fiscal se interesa en saber sobre el tiempo que tomó la discusión del crédito del consorcio. Correa explica que la reunión duró 3 o 4 horas, pero no recuerda cuánto demoró ese cliente en particular. Añadió que era responsabilidad de los ejecutivos hacer todas las debidas diligencias sobre los clientes, de tal suerte que la junta directiva aprobara o rechazara la petición.

Correa dijo a la fiscal no recordar en específico el cliente HPC-Contratas-PV, se desliga y afirma que el cliente venía de una licitación que había adjudicado la Autoridad de Turismo
—No era función de la junta directiva revisar lo que nosotros aprobábamos. El banco era el que revisaba la documentación necesaria para realizar los desembolsos o aplicar las excepciones al reglamento.

‘Se pedía un estatus en la junta directiva periódicamente, y confiábamos en las auditorías de la empresa KPMG, quien auditaba los fondos de la Caja de Ahorros, todo esto para verificar el estado del préstamo a esta o cualquier otra empresa', relató Correa.

La Policía irrumpió de forma abrupta en las oficinas del periodista y presentador de televisión en Nex TV, Fernando Correa para trasladarlo a la fiscalía, hecho que fue interpretado por algunos periodistas como un acto de censura de parte del gobierno. Una medida extrema contra Correa.