La aseguradora Interacciones de México contrató a una firma de abogados que interpuso dos demandas, una civil y otra penal, por delitos contra el orden económico y la fe pública
La firma de abogados que representa al grupo mexicano Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. tiene la sospecha de que la reaseguradora panameña Istmo Compañía de Seguros (Istmo Re) ha falseado los estados financieros que publica en la Bolsa de Valores de Panamá, donde cotiza la acción desde 1999.
La primera mantiene un lío de pago de una póliza que supera los $6 millones y que la reaseguradora, a pesar de haber firmado en octubre de 2015 una minuta que detallaba fechas y montos específicos a cancelar, nunca lo hizo, con evasivas a los mexicanos.
La firma de abogados Adames, Durán, Alfaro y López (Adural) querelló a Istmo Re por, supuestamente, alterar los estados financieros de la empresa.
Los abogados sustentan su acusación con las publicaciones de los estados financieros en los que la empresa mantiene en el renglón de “reserva de siniestros en trámite”, al 31 de diciembre de 2015, un monto de $33,419,177. La suma, no obstante, no ha sido una garantía para que Istmo Re cumpla los compromisos adquiridos.
Además de este punto, el papel que desvela las finanzas de la empresa refleja activos en efectivo y equivalentes por $30,283,580. En depósitos a plazo fijo mantiene, según el documento, $14,262,354.
“Lo consignado en los estados financieros publicados por Istmo Re en su portal de Internet contrasta diametralmente con lo manifestado en una nota entregada a nuestros clientes en junio pasado, y con el comportamiento desplegado por los directivos representantes, apoderados de esta empresa desde el momento en que nuestra representada inició el reclamo”, indicó Rubén González, uno de los abogados de Interacciones.
“Eso nos permite concluir que Istmo Re falseó la información plasmada en los estados financieros, ya que no es cierto que la misma posee las reservas para cubrir los costos finales de los siniestros y reclamos que se le han presentado”, se lee en la querella penal presentada por la firma que acusa a Istmo Re del delito contra el orden económico (delitos financieros) y contra la fe pública (falsificación de documentos en general).
En las publicaciones de los estados financieros se especifica que son consolidados, lo que significa que dentro de esos estados financieros están consolidadas varias empresas que no tienen nada que ver directamente con Istmo Re.
Es decir, que las cajas son separadas, pero que Istmo Re, siendo accionista mayoritario de esas empresas, coloca los activos como propios, a pesar de que no puede disponer de ellos a su antojo.
Dichos estados consolidades intermedios incluyen las cuentas e Istmo Compañía de Reaseguros, y sus subsidiarias: Istmo México Compañía de Reaseguros, Istmo Corredores de Reaseguros, SAC, Liffey Reinsurance Compañny, Aseguradora del Istmo Panamá, Aseguradora del Istmo Costa Rica y subsidiarias, Istmo Trust Corp y Probitas Holdings.
El total de activos de la empresa, según los datos financieros (no auditados) publicados asciende a $418,131,311 hasta junio pasado.
Los números contradicen los hechos. ¿Cómo, si cuentan con estas reservas, no son capaces de hacer frente a un pago de $6 millones?, se preguntan los abogados.
Ramón Fernández, presidente de la empresa, no ha dado explicaciones al tema. En reiteradas ocasiones La Estrella de Panamá solicitó una entrevista con el empresario de trayectoria, pero no concedió su versión.
Fernández, un hombre de negocios, “realizó recientemente una inversión en Londres que a largo plazo será muy redituable”, indicó una fuente relacionada al tema que conoce la compañía.
Añadió que la inversión que realizó la reaseguradora es por “aproximadamente $30 millones. La hizo en Lloyds, la compañía de seguros más famosa del mundo, pero lo dejó sin liquidez. En un tiempo eso va a valer mucha plata”, explica una fuente que conoce de cerca el caso.
Esta persona, que solicitó reserva, también informó que Istmo Re “sufrió una debacle en diciembre pasado, cuando perdió como $12 millones o $14 millones, por operaciones. Aseguraron cosas que no pudieron pagar”, añade.
La mala racha de Istmo Re también se acentuó en Colombia, donde tuvo un pleito con aseguradora Mapfre, con la que mantenía una disputa de un proceso que nunca llegó a arreglo. La aseguradora se quejó con el regulador local y le congeló la licencia hasta cumplir con los pagos adeudados.
ROL DE LA SUPERINTENDENCIA
Todos los meses, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros hace un análisis del capital y los fondos de reserva de las aseguradoras. Verifica que los mismos cumplan con lo que dictamina le ley, una reserva en prima basada en el 35% de las primas netas suscritas y retenidas en los doce meses anteriores a la fecha del estado de situación financiera en todos los ramos de seguros y reaseguros.
En Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros “no ha dado respuesta a los afectados”, aseguran los abogados de Adural.
“El superintendente (José Joaquín Riesen) no se ha comunicado, formal o informalmente, con nuestros clientes. Tampoco ha ordenado a la empresa cumplir con su compromiso, nos ha ignorado completamente. Debería haber ordenado la intervención de la empresa o el pago”, se queja Rubén González, de Adural.
No son los únicos. Este medio buscó una versión del superintendente José Joaquín Riesen, sobre el tema.
Citó a esta periodista a sus oficinas el lunes 31 de octubre y una vez ahí, envió un mensaje con su asistente diciendo que se le había presentado “un asunto personal” que le impidió acudir al encuentro.
Solicitó que enviáramos las preguntas a través de correo electrónico con la promesa de ofrecer una respuesta. El diario hizo lo propio, la asistente confirmó el recibido, pero Riesen nunca respondió el correo. También ignoró los mensajes escritos enviados a su celular.
Antonio Pereira, director de la Junta Directiva de la Superintendencia, fue muy parco. “Estamos enterados de que existe un problema entre Istmo Re. Un asunto privado de la junta directiva, y no puedo compartirlo en la prensa local. Es un asunto privado de la Superintendencia”, dijo.
La misión del regulador consiste, entre otras funciones, en inspeccionar, comprobar e investigar las prácticas comerciales y profesionales de las empresas y personas reguladas por la Ley de Seguros; revisar, tramitar e investigar las reclamaciones; asegurar el cumplimiento de las leyes por los regulados.
Entre los edictos y publicaciones de la Superintendencia, este diario no detectó alguna que se refiriera al caso de Istmo Re.
Las empresas emisoras de acciones, por ley, deben presentar sus estados financieros auditados en aras de la transparencia con el inversionista que adquiere acciones de la compañía. “Los auditores, no obstante, trabajan con los datos que proporciona el cliente, en ocasiones no miran el detalle diario de los libros que guarda el cliente”, exclama el abogado de Interacciones.
Carlos Barsallo, abogado y exsuperintendente de la Comisión Nacional de Valores, no deja de lado las diligencias que deben hacer los auditores para cerciorarse de los datos que analiza.
“Por la experiencia de lidiar con auditores, tanto como exregulador como abogado, se deben hacer todas las pruebas que las normas internacionales de auditoría mandan para minimizar el riesgo de que lo que indica suceda.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) también está al tanto del pleito entre ambas empresas.
La institución inició una investigación administrativa a la reaseguradora, que se encuentra en trámite, con el propósito de revisar si existe incumplimiento de las normas que la empresa está obligada a cumplir como emisor.
“Fue recibida una queja de una persona que se siente afectada por el no pago de un reclamo propio de la actividad de seguros. No es nuestra competencia verificar temas contractuales relativos a la actividad de seguros, nuestra función es verificar que el emisor cumpla con las leyes sobre presentación de información veraz y cierta”, indicó Ramón Diez, asesor jurídico de la SMV.
Diez añadió que al ser la empresa un “emisor de acciones, está en la obligación de presentar información financiera, cierta, veraz y oportuna, de acuerdo a los tiempos establecidos en la reglamentación de la materia; así como hechos de importancia que deban ser comunicados al público inversionista”.
La información financiera que se presenta ante este regulador consiste en declaraciones juradas de parte del emisor, así como de los auditores que firman y dan fe de la veracidad de la información. La SMV no tiene un rol de auditor externo de sus emisores.
El último hecho que reportó la empresa fue en agosto pasado, comunicado en que informó la renuncia de dos directivos: Alberto Villageliú (director y secretario) y Francis M. O’Halloran (director).
La Estrella de Panamá conoció que Villageliú, gerente de una compañía de fianzas, también decidió cancelar su protección con Istmo Re, debido a que la reaseguradora dejó de comprar el reaseguro que disponía para cubrir los riesgos de las fianzas.
TRANSPARENCIA
Superintendencia cuestionada: La Superintendencia de Seguros y Reaseguros la encabeza José Joaquín Riesen, designado en enero de 2015 por el presidente Juan Carlos Varela. Hasta el momento de su nombramiento, Riesen se desempeñaba como gerente de mercadeo y fianzas en Seguros Suramericana.
No obstante, su comportamiento que atañe a temas de transparencia ha sido criticado por algunos sectores. Recientemente, el Colegio de Abogados interpuso una demanda de ilegalidad contra el memorando de entendimiento que firmó Riesen con su homólogo de Colombia, que comprometía el intercambio de información. “Fue inconsulto y nunca se entregó al Colegio copia del documento, ni de una carta enviada al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia; las cuales, pese a haber sido solicitadas en tiempo, no se entregaron como corresponde”, manifestó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del gremio.
El recurso no prosperó en la Sala Tercera, y el Colegio apeló.
“Como observador externo, he visto la tensión que se ha dado entre regulador y regulados del sector y otros”, indicó el abogado Carlos Barsallo, exsuperintendente del ramo de valores.
“Fuera de ello, observo que ha tenido varios casos interesantes de regulados investigados o intervenidos. Tienen mucho trabajo por hacer. Ha sido tradicionalmente el regulador más rezagado”, concluye Barsallo.
El diario envió varias preguntas a Riesen, pero nunca las respondió: ¿Están al tanto de la mora en los pagos de la reaseguradora Istmo Re?, ¿desde cuando?, ¿qué acciones han emprendido?, entre otras.
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