La empresa beneficiada por este contrato carece de presencia en Panamá, carece de licencia comercial y de RUC, la adquisición se realizó de forma directa basada en la Ley de contrataciones públicas
El Consejo de Gabinete, bajo la condición de “seguridad presidencial y del Estado”, efectuó un contrato de $10.1 millones para la adquisición de uniformes para la Policía bajo la excusa de que se trata de un asunto de “Seguridad ciudadana y del Estado”.
El millonario contrato a la empresa 5.11 Panamá S.A., se efectuó sin pasar por una licitación pública y sin considerar que la “empresa no cuenta con presencia en el país, carece de licencia comercial y de Registro Único de Contribuyente (RUC)”, manifestó una fuente relacionada al tema de compras del gobierno.
El contrato de vestuario e implementos a las unidades de la Policía Nacional, así como a los linces, las unidades motorizadas del tránsito, los grupos ciclistas y grupos de fuerzas especiales, se realizó con la empresa de forma directa, un método utilizado por la pasada administración gubernamental sumamente criticado por el actual presidente Juan Carlos Varela mientras se candidatizaba a la presidencia.
“Los hilos que oculta este contrato parecen estar detrás de la empresa Asian Latin donde tiene intereses un asesor del presidente que lo acompañó en la campaña presidencial y que actualmente tiene un alto cargo en el Ministerio de Seguridad como asesor. La empresa Asian Latin comenzó a vender los productos 5.11 de los Estados Unidos, de ahí que viene el contrato”, afirmó la fuente relacionada al tema que solicitó reserva.
No es la primera vez que el Gobierno hace negocios con esta empresa. “El año pasado para la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril 2015, le hicieron una compra grande de aproximadamente $100 mil también para uniformes y hubo otra compra de $8 millones en chalecos antibalas que hicieron recientemente”, añadió.
El contrato lo firma Alexis Bethancourt, Ministro de Seguridad, y por la contraparte lo rubrica Ana Lorena Morales de la firma Fábrega, Molino Mulino, en representación de Jhon Fairbank Wicks designado de 5.11 Panamá, y se refrendó el 10 de octubre pasado.
Ni el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional o la firma de abogados han querido ofrecer una entrevista a este medio.
DETALLES DEL CONTRATO
La referencia mercantil que presenta la empresa en el contrato es la ficha 155628291 que representa a la firma de abogados, al igual que la dirección que establece como propia: avenida Samuel Lewis Edificio Omega Piso 6.
El Estado convino dividir el pago en dos fases, una este año por $5,065,475, y otra de igual suma que cancelará en el 2017. Los montos ya cuentan con partidas presupuestarias asignadas.
El texto establece que a la empresa se le pagará un adelanto de $2 millones (20% del contrato) a penas se apruebe el refrendo de Contraloría, sin que la empresa haya entregado parte de la mercancía.
La entrega de todos los uniformes deberá efectuarse dentro de los dos primeros años a partir del refrendo del contrato. Los pedidos serán parciales durante los años de vigencia del contrato dependiendo de la decisión del gobierno y cada uno se pagará de forma independiente al adelanto de $2 millones que recibirá la empresa por adelantado.
5.11 Panamá ofreció un año de garantía por defectos de fabricación de los uniformes a partir de la entrega del producto.
La empresa 5.11 Panamá es de origen norteamericano, durante la IX Cumbre de Ameripol celebrada en Panamá el 22 y 23 de septiembre, exhibió sus productos al público.
Lo que llama la atención es la cantidad de uniformes que pretende adquirir la Policía.
Se solicitaron, por ejemplo, 77 mil camisas ventiladas táctica de color azul, cada una a un precio de 33.99, cuando el cuerpo uniformado está compuesto por 18 mil hombres, de ellos aproximadamente el 29% es personal administrativo. Con esta cantidad cada uniformado debería tener mínimo 4 uniformes.
El contrato también establece la compra de 78,600 pantalones tácticos, composición 65% poliester y el resto algodón, cintura de túnel auto ajustable, dos bolsillos en los costados. Cada una con un valor de $33.99 (ver tabla en el diario La Estrella de Panamá).
La suma total de la compra es de $10,130,951.53.
Recién nombrado en el cargo, el director de la Policía Omar Pinzón, reemplazó el uniforme de fatiga de las unidades por otro de color azul. Al momento del anuncio, 2014, Pinzón dijo que contaba con 20 mil de ellos.
Este diario conoció que la empresa en cuestión tampoco aparece en Panamá Compra.
El artículo mediante el cual se sustentó la compra del equipo, 62 de la ley 22 del 27 de junio de 2006 también conocida como la ley de contrataciones públicas, fue demandado por inconstitucional por el abogado Ernesto Cedeño y la Corte Suprema falló a su favor.
El fallo aún no ha sido ejecutoriado hasta que los magistrados terminen de recoger las firmas, por lo tanto, “ellos pueden seguir haciendo esos contratos desde el punto de vista jurídico”, manifiesta el abogado.
El artículo establece la excepción de procedimiento de selección de contratista y en el parágrafo 1, texto demandado por el jurista, establece que “cuando la contratación directa la realice el Ministerio de Seguridad Pública, le corresponderá al Ministerio de la Presidencia la aprobación o autorización de la misma, cuando el monto sea inferior a $3 millones. Cuando las contrataciones sobrepasen la suma de $3 millones le corresponderá la autorización al Consejo de Gabinete”, se lee en el párrafo.
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